Antonio Morales*El acuerdo agrícola alcanzado entre Marruecos y la Unión Europea, coincidiendo en el tiempo con la crisis abierta por el caso de la activista saharaui Aminatou Haidar, ha servido de excusa al Partido Popular para iniciar otra andanada contra el PSOE en esa lucha sin cuartel, irresponsable y electoralista, que mantiene el principal grupo de la oposición española. Los populares, con la participación de satélites autonómicos que pretenden pescar en ríos revueltos, en lugar de la necesaria actitud de rigor en los planteamientos y de consenso para defender a un sector estratégico para la economía y la identidad de un pueblo, vuelven a utilizar la agricultura como excusa para este enfrentamiento sin fin.
No sirve de nada, por lo visto, el echar mano de la memoria histórica y de las hemerotecas para recordar que, con el Gobierno de José María Aznar, se ratificó el primer acuerdo firmado con Marruecos por Luis Atienza en 1996, por el cual se comenzó a labrar la muerte del tomate canario y peninsular y para, recordar, también, que la agricultura ha sido siempre una moneda de cambio y la cenicienta de los sectores productivos españoles y canarios. Pero lo cierto es que, de nuevo, se vuelve a dar una vuelta de tuerca al potro que asfixia al sector primario español en su conjunto.
Está claro que, al margen de los condicionantes estratégicos que se hayan podido valorar para propiciar el acuerdo, el tomate canario y peninsular da un paso más hacia ese pozo sin fondo al que las administraciones públicas, en algunos casos con la complicidad de los propios agricultores, han condenado al sector.
Al permitirse a Marruecos aumentar su producción hasta las 257.000 toneladas, más un cupo adicional de 28.000, con un precio inferior en un 40% al que se produce en las islas y en la península, entre otras cosas por los costes de producción derivados principalmente de la diferencia de los salarios, no cabe la menor duda de que la estocada es definitiva y que, como ha sucedido con el plátano y la pesca, sólo nos queda vivir subvencionados hasta que las circunstancias lo permitan. Se trata del resultado último de una política errónea, despreciativa, de todos los partidos que han gobernado España en los últimos años.
Así, hemos sido testigos de la entrada masiva de virus letales por la ausencia del control necesario en puertos y aeropuertos; de las pírricas sanciones a los desaprensivos que pudieron ser cazados; de las ayudas deficitarias al transporte; de años y años de retraso en el cobro de las subvenciones…, y también es verdad que lo hemos sido de la actuación insensata de agricultores que han burlado la Ley importando contenedores de Latinoamérica o África de manera irregular, o que han desplazado su actividad hacia el reino alauita, como ha sucedido con los almerienses de Duroc, los granadinos de Safiland y algunos canarios, hasta llegar a copar el 16% de la producción tomatera marroquí.
Pero la crisis del tomate es sólo una parte del problema. La realidad es que el campo agoniza a pasos agigantados. En los últimos cinco años se han perdido alrededor de 124.000 empleos y la deuda del sector supera ya la producción anual. El campo se muere. Los pueblos se abandonan, envejecen y, con ello, desaparece también una parte fundamental, imprescindible, de nuestra cultura. El sector primario resulta estratégico para el equilibrio territorial, para la generación de empleo, el mantenimiento de la cultura y el patrimonio rural, el paisaje y el ecosistema y la biodiversidad, pero los gobiernos de turno miran para otro lado. Se dedica mucho dinero a rehabilitar los espacios arquitectónicos rurales pero, al tiempo, se atenta directamente contra el medio de subsistencia de sus habitantes.
A finales de noviembre, los agricultores españoles salieron a la calle, en un grito inusitado, para defender su modo de vida. Nos pudimos enterar entonces que el aumento de los costes de producción ha crecido, desde 2005, en un 34% como media; de la caída de las rentas en un 25%; de la presión sobre los precios de los intermediarios y las grandes cadenas de distribución sin que se fijen unos precios mínimos; de la ausencia de mecanismos de regulación de los mercados; de la falta de ayudas a la agricultura familiar, lo que hace que sólo sobrevivan los más fuertes; de la permisividad de importaciones no comunitarias con las que es imposible competir; de la falta de créditos asequibles para poder subsistir; de la presión urbanística; de la necesidad de que se propicie un pacto de Estado para frenar su desaparición…
En Canarias, la deuda de la agricultura, según Rafael Hernández, responsable de COAG, está en torno a los 160 millones de euros y el volumen de negocio sobre los cien millones, lo que impide cualquier posibilidad de recuperación si no se toman medidas contundentes. Pero claro, mientras, importamos el 85% de los alimentos que consumimos los canarios y nos situamos a la cabeza de las comunidades en carestía de la cesta de la compra. Y eso que la comisión que se constituyó en el Parlamento de Canarias en 1996 para el estudio del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), según el profesor Juan S. Nuez, deja claro que "la consideración del POSEICAN como marco de desarrollo general de Canarias y el REA como instrumento necesario para la aplicación de la PAC, exige un perfecto ajuste entre producción agraria y ganadera, industria agroalimentaria y actividad comercial importadora" y que "deben predominar los criterios de desarrollo interior reflejo de la política económica del Gobierno de Canarias sobre los simplemente comerciales".
Estamos a años luz de que esa subordinación del REA a la producción interior se cumpla. Sí señor, a años luz. Como afirma Gustavo Duch, ex director de Veterinarios sin Fronteras, "todo apunta hacia una agricultura sin campesinos, en manos de la gran agroindustria y ahora, como una punta de lanza, las grandes cadenas de distribución", cuyo modelo pasa por "deslocalizar la producción a terceros países donde las medidas sanitarias y medioambientales son más permisivas, y donde van para aprovecharse de mano de obra que estrujan olvidando sus derechos laborales y humanos".
Desde luego, esto no caza en absoluto con la Ley de Economía Sostenible que defiende Zapatero, ni con el desarrollo sostenible que dice querer impulsar Paulino Rivero. Se necesita algo más que palabras.
No sirve de nada, por lo visto, el echar mano de la memoria histórica y de las hemerotecas para recordar que, con el Gobierno de José María Aznar, se ratificó el primer acuerdo firmado con Marruecos por Luis Atienza en 1996, por el cual se comenzó a labrar la muerte del tomate canario y peninsular y para, recordar, también, que la agricultura ha sido siempre una moneda de cambio y la cenicienta de los sectores productivos españoles y canarios. Pero lo cierto es que, de nuevo, se vuelve a dar una vuelta de tuerca al potro que asfixia al sector primario español en su conjunto.
Está claro que, al margen de los condicionantes estratégicos que se hayan podido valorar para propiciar el acuerdo, el tomate canario y peninsular da un paso más hacia ese pozo sin fondo al que las administraciones públicas, en algunos casos con la complicidad de los propios agricultores, han condenado al sector.
Al permitirse a Marruecos aumentar su producción hasta las 257.000 toneladas, más un cupo adicional de 28.000, con un precio inferior en un 40% al que se produce en las islas y en la península, entre otras cosas por los costes de producción derivados principalmente de la diferencia de los salarios, no cabe la menor duda de que la estocada es definitiva y que, como ha sucedido con el plátano y la pesca, sólo nos queda vivir subvencionados hasta que las circunstancias lo permitan. Se trata del resultado último de una política errónea, despreciativa, de todos los partidos que han gobernado España en los últimos años.
Así, hemos sido testigos de la entrada masiva de virus letales por la ausencia del control necesario en puertos y aeropuertos; de las pírricas sanciones a los desaprensivos que pudieron ser cazados; de las ayudas deficitarias al transporte; de años y años de retraso en el cobro de las subvenciones…, y también es verdad que lo hemos sido de la actuación insensata de agricultores que han burlado la Ley importando contenedores de Latinoamérica o África de manera irregular, o que han desplazado su actividad hacia el reino alauita, como ha sucedido con los almerienses de Duroc, los granadinos de Safiland y algunos canarios, hasta llegar a copar el 16% de la producción tomatera marroquí.
Pero la crisis del tomate es sólo una parte del problema. La realidad es que el campo agoniza a pasos agigantados. En los últimos cinco años se han perdido alrededor de 124.000 empleos y la deuda del sector supera ya la producción anual. El campo se muere. Los pueblos se abandonan, envejecen y, con ello, desaparece también una parte fundamental, imprescindible, de nuestra cultura. El sector primario resulta estratégico para el equilibrio territorial, para la generación de empleo, el mantenimiento de la cultura y el patrimonio rural, el paisaje y el ecosistema y la biodiversidad, pero los gobiernos de turno miran para otro lado. Se dedica mucho dinero a rehabilitar los espacios arquitectónicos rurales pero, al tiempo, se atenta directamente contra el medio de subsistencia de sus habitantes.
A finales de noviembre, los agricultores españoles salieron a la calle, en un grito inusitado, para defender su modo de vida. Nos pudimos enterar entonces que el aumento de los costes de producción ha crecido, desde 2005, en un 34% como media; de la caída de las rentas en un 25%; de la presión sobre los precios de los intermediarios y las grandes cadenas de distribución sin que se fijen unos precios mínimos; de la ausencia de mecanismos de regulación de los mercados; de la falta de ayudas a la agricultura familiar, lo que hace que sólo sobrevivan los más fuertes; de la permisividad de importaciones no comunitarias con las que es imposible competir; de la falta de créditos asequibles para poder subsistir; de la presión urbanística; de la necesidad de que se propicie un pacto de Estado para frenar su desaparición…
En Canarias, la deuda de la agricultura, según Rafael Hernández, responsable de COAG, está en torno a los 160 millones de euros y el volumen de negocio sobre los cien millones, lo que impide cualquier posibilidad de recuperación si no se toman medidas contundentes. Pero claro, mientras, importamos el 85% de los alimentos que consumimos los canarios y nos situamos a la cabeza de las comunidades en carestía de la cesta de la compra. Y eso que la comisión que se constituyó en el Parlamento de Canarias en 1996 para el estudio del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), según el profesor Juan S. Nuez, deja claro que "la consideración del POSEICAN como marco de desarrollo general de Canarias y el REA como instrumento necesario para la aplicación de la PAC, exige un perfecto ajuste entre producción agraria y ganadera, industria agroalimentaria y actividad comercial importadora" y que "deben predominar los criterios de desarrollo interior reflejo de la política económica del Gobierno de Canarias sobre los simplemente comerciales".
Estamos a años luz de que esa subordinación del REA a la producción interior se cumpla. Sí señor, a años luz. Como afirma Gustavo Duch, ex director de Veterinarios sin Fronteras, "todo apunta hacia una agricultura sin campesinos, en manos de la gran agroindustria y ahora, como una punta de lanza, las grandes cadenas de distribución", cuyo modelo pasa por "deslocalizar la producción a terceros países donde las medidas sanitarias y medioambientales son más permisivas, y donde van para aprovecharse de mano de obra que estrujan olvidando sus derechos laborales y humanos".
Desde luego, esto no caza en absoluto con la Ley de Economía Sostenible que defiende Zapatero, ni con el desarrollo sostenible que dice querer impulsar Paulino Rivero. Se necesita algo más que palabras.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
