Alrededor de la mitad de los menores inmigrantes que residen en el Archipiélago, cumplirá la mayoría de edad a lo largo del presente año, lo que significará que abandonarán los dispositivos de emergencias puestos en marcha por el Gobierno de Canarias o los centros dependientes de los cabildos insulares, con el consiguiente vacío legal en que quedarán, según confirmó esta semana a Diario de Avisos, la Directora del Area de Protección del Menor y la Familia, Carmen Steiner, quien matizó que esta cifra "no podía precisarse más", dado que la prueba que se realiza para conocer la edad de los menores es la ósea y ésta puede tener fallos o, incluso, "al acudir al consulado de su país a legalizar su situación se da la circunstancia de que lo identifican y la edad no coincida con la prueba".En estos momentos, los centros canarios acogen a 516 jóvenes irregulares, de los 764 que tiene tutelado el Gobierno de Canarias. Así, los 227 restantes se encuentran en otras comunidades autónomas, a raíz de los acuerdos firmados con otros gobiernos regionales, familias y organizaciones no gubernamentales.
Steiner negó, asimismo, que con el descenso en la llegada de menores inmigrantes a las islas, el Gobierno de Canarias se plantease la posibilidad de que los jóvenes que residen en la Península, y que están bajo la tutela del Ejecutivo canario regresen a los centros isleños. "Cuando hablamos de menores, hablamos de niños. Ellos están en un instituto, hacen sus amigos, su vida, y lo que no vamos a hacer es que vuelvan", afirmó. Además, apuntó que "dejaremos que continúen allí porque no podemos estar cambiando de ubicación y, también, muchos de ellos tienen familia cercana en la Península. Además les da una posibilidad de movimiento, ya que algunos tienen propósitos de acabar su vida migratoria en otro país".
A pesar del descenso en las llegadas (este año han arribado a las islas sólo 10 jóvenes), la Directora de Menor y Familia de la Consejería de Bienestar Social, no descartó que se continuaran llevando a cabo las derivaciones de menores al resto de comunidades autónomas. "En principio, las derivaciones van a seguir y cada caso se estudiará. Hay una serie de plazas en Península, y existen una serie de cuestiones que hay que mantener porque aunque el fenómeno haya descendido, ya sea por la vigilancia o por el descenso de políticas migratorias en los países de origen, la infancia en África sigue estando ahí". En este sentido, explicó que "aunque ahora la llegada de pateras y cayucos está congelada", no se sabe qué pasará en los próximos meses, y por eso "hay que estar preparado".
La reforma de la Ley de Extranjería establece que otras comunidades autónomas podrán asumir la tutela de los menores que residen en estas regiones. Así, la Directora afirmó que "existen varias regiones que en su día le indicaron al Gobierno canario que estaban en disposición de tutelar, y a éstas se les ha remitido un borrador de convenio y estamos a la espera de que nos digan si lo aceptan o no". Se trata de los gobiernos de Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias.
"Se da la paradoja que después de haber conseguido la reforma y que las comunidades sean los tutores, hemos descendido en número de menores inmigrantes, pero el instrumento tiene que estar ahí, por si hace falta", indicó. Además, recordó que "de 1.500 menores que llegaron en 2007, ahora estamos hablando de unos 300 y pico". Según Bienestar Social, a principios de 2011 sólo deben permanecer abiertos dos centros de emergencia, uno en Gran Canaria, que será el de Arinaga, y otro en Tenerife. "Poco a poco lo que haremos es ir vaciando los centros, pero hay que tener en cuenta caso a caso", indicó. Así, la Directora de Menor y Familia no pudo confirmar el nombre del próximo centro que se cerrará en Tenerife, si el de La Esperanza o el de Tegueste, "porque esto se irá valorando dependiendo del descenso en la llegada de menores".