Martes, 30 de marzo.Antonio Morales*
El 18 de noviembre de 2009, escribí un artículo en este medio de comunicación, preguntándome y preguntando sobre si, de verdad, esta isla necesita una tercera pista para un aeropuerto que no cumple con ninguno de los escenarios de crecimiento de pasajeros desde el año 2002. Cuestionaba entonces el Plan Director, sus continuas modificaciones sustanciales sin contar con los ciudadanos y las instituciones, al margen de las garantías jurídicas y constitucionales concretadas en los principios de legalidad, de publicidad de las normas y de seguridad jurídica. Señalaba entonces que todo el planeamiento y el desarrollo del corredor del sureste se encontraban paralizados y que, además, lo estaba toda la isla, ya que ocho planes territoriales importantísimos que desarrollan el PIO están estancados por las afecciones de las servidumbres aeronáuticas.
El pasado 25 de enero, el Ayuntamiento de Agüimes, a través de una moción de Roque Aguayro, aprobó demandar del Ministerio de Fomento una urgente revisión del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, tal y como establece la legislación vigente (al haber transcurrido ocho años desde su publicación) y de los proyectos previstos para ese espacio, dado que todo el planeamiento del municipio se encuentra paralizado porque Aviación Civil dilata, sine die, los informes preceptivos y el pronunciamiento obligado sobre un Estudio Alternativo de Seguridad Aeronáutica presentado por el consistorio agüimense en septiembre de 2008, sin recibir ningún tipo de respuesta, aunque está obligada a hacerlo en dos meses.
Para que fue aquello. Casi nos matan. Consejeros insulares, el propio presidente y diversos ediles municipales, de los que muchos nunca alzaron sus voces demandando el freno de estas prácticas antidemocráticas por parte de una administración del Estado, salieron a la palestra defendiendo la tercera pista para un futuro y un fin inciertos y obviando lo más sustancial: la paralización de la isla por los caprichos despóticos de Aviación Civil.
Pero todo pareció ser una reacción pasajera. En las semanas posteriores empiezan a sucederse en cascada, declaraciones de instituciones, cargos públicos y organizaciones ciudadanas demandando la paralización de las afecciones a los desarrollos de los municipios afectados y de la isla, y solicitando compensaciones a los daños que se generan. Así, vemos como la Fecam pide a AENA que sólo afecte el espacio necesario para sus operaciones, liberando los espacios en los que no sean necesarios los apantallamientos y que revisen las tablas para la instalación de aerogeneradores, a los que en estos momentos se niega cualquier posibilidad de implantación. Nos enterábamos también, que, además de los planes territoriales, al menos medio centenar de proyectos urbanísticos del Sureste se encuentran paralizados; que los vecinos de Ojos de Garza anunciaban que llevarían al Juzgado la ampliación; que ésta afecta, en Telde, a más de treinta y cinco mil viviendas, impidiéndoles hasta la colocación de una antena; que Ingenio denuncia ante Aviación Civil los ruidos "inaguantables" que producen los aviones que se saltan continuamente las normas de aproximación; que AENA congela la creación del Parque Empresarial de Gando al emitir un informe desfavorable en cuanto a las servidumbres aeronáuticas derivadas de la tercera pista; que unas nuevas radiobalizas, pendientes de colocación, impedirían instalar un aerogenerador en un radio de treinta y cinco kilómetros, es decir prácticamente en toda la isla; que según el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, la ampliación de Gando pone en peligro el futuro de 230 empresas y casi 2.400 puestos de trabajo…
Aunque las gestiones del Cabildo y los ayuntamientos afectados se han intensificado en las últimas semanas para salvar esta situación de paralización e incertidumbre, la verdad es que la actitud del aparato del Estado ante los ciudadanos y sus instituciones locales es descorazonadora.
El ninguneo y el desprecio toman forma con contundencia en la Ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley 48/1960, de julio, de Navegación Aérea, que se aprueba expresamente para impedir la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a la intimidad de los habitantes de la urbanización de Ciudad de Santo Domingo, en Algete. Se permite a AENA entonces alegar que, como ha habido un cambio normativo, no se puede ejecutar la sentencia y, por otra parte, y, más allá de la Ley de Navegación Aérea de 1960, que obliga a "garantizar que se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal", esta modificación establece que "será obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea". Como figura en el acta del Congreso de los Diputados del día 11 de febrero de 2010, sólo Rosa Díez y el peneuvista José Ramón Beloki, alzaron sus voces contra esta flagrante injusticia. Para la líder de UPyD, el Gobierno sólo pretende que se le ayuda con la aprobación de esta ley "a incumplir una sentencia judicial, y a que ciudadanos que tienen derecho a la tutela efectiva de la ley, se queden sin ese derecho". Según se recoge en su intervención en las Cortes, este proyecto de ley "contraviene el ordenamiento jurídico, elimina el derecho a ser indemnizado por la privación de un bien o derecho recogido en el artículo 33.3 de la Constitución". Según Beloki Guerra, esta ley "ad casum", hecha para zanjar una situación concreta, "roza la inconstitucionalidad, introduce más confusión en la normativa vigente y deja a los afectados más desamparados" y, casi lo peor, "constituye, una vez más, la forma habitual de actuar del Ministerio de Fomento y de AENA”.
La que nos espera. Años de retrasos intencionados, paralizaciones interesadas y despotismo y, ahora, miles de ciudadanos afectados por el ruido. Miles de ciudadanos obligados a soportar un nivel considerable de riesgo para su salud. Núcleos de población consolidados obligados a soportar una pérdida de calidad de vida más allá de lo razonable. Familias que van a ver depreciadas al máximo sus viviendas, y un Estado que nos desprotege para protegerse.
El pasado 25 de enero, el Ayuntamiento de Agüimes, a través de una moción de Roque Aguayro, aprobó demandar del Ministerio de Fomento una urgente revisión del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, tal y como establece la legislación vigente (al haber transcurrido ocho años desde su publicación) y de los proyectos previstos para ese espacio, dado que todo el planeamiento del municipio se encuentra paralizado porque Aviación Civil dilata, sine die, los informes preceptivos y el pronunciamiento obligado sobre un Estudio Alternativo de Seguridad Aeronáutica presentado por el consistorio agüimense en septiembre de 2008, sin recibir ningún tipo de respuesta, aunque está obligada a hacerlo en dos meses.
Para que fue aquello. Casi nos matan. Consejeros insulares, el propio presidente y diversos ediles municipales, de los que muchos nunca alzaron sus voces demandando el freno de estas prácticas antidemocráticas por parte de una administración del Estado, salieron a la palestra defendiendo la tercera pista para un futuro y un fin inciertos y obviando lo más sustancial: la paralización de la isla por los caprichos despóticos de Aviación Civil.
Pero todo pareció ser una reacción pasajera. En las semanas posteriores empiezan a sucederse en cascada, declaraciones de instituciones, cargos públicos y organizaciones ciudadanas demandando la paralización de las afecciones a los desarrollos de los municipios afectados y de la isla, y solicitando compensaciones a los daños que se generan. Así, vemos como la Fecam pide a AENA que sólo afecte el espacio necesario para sus operaciones, liberando los espacios en los que no sean necesarios los apantallamientos y que revisen las tablas para la instalación de aerogeneradores, a los que en estos momentos se niega cualquier posibilidad de implantación. Nos enterábamos también, que, además de los planes territoriales, al menos medio centenar de proyectos urbanísticos del Sureste se encuentran paralizados; que los vecinos de Ojos de Garza anunciaban que llevarían al Juzgado la ampliación; que ésta afecta, en Telde, a más de treinta y cinco mil viviendas, impidiéndoles hasta la colocación de una antena; que Ingenio denuncia ante Aviación Civil los ruidos "inaguantables" que producen los aviones que se saltan continuamente las normas de aproximación; que AENA congela la creación del Parque Empresarial de Gando al emitir un informe desfavorable en cuanto a las servidumbres aeronáuticas derivadas de la tercera pista; que unas nuevas radiobalizas, pendientes de colocación, impedirían instalar un aerogenerador en un radio de treinta y cinco kilómetros, es decir prácticamente en toda la isla; que según el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, la ampliación de Gando pone en peligro el futuro de 230 empresas y casi 2.400 puestos de trabajo…
Aunque las gestiones del Cabildo y los ayuntamientos afectados se han intensificado en las últimas semanas para salvar esta situación de paralización e incertidumbre, la verdad es que la actitud del aparato del Estado ante los ciudadanos y sus instituciones locales es descorazonadora.
El ninguneo y el desprecio toman forma con contundencia en la Ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley 48/1960, de julio, de Navegación Aérea, que se aprueba expresamente para impedir la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a la intimidad de los habitantes de la urbanización de Ciudad de Santo Domingo, en Algete. Se permite a AENA entonces alegar que, como ha habido un cambio normativo, no se puede ejecutar la sentencia y, por otra parte, y, más allá de la Ley de Navegación Aérea de 1960, que obliga a "garantizar que se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal", esta modificación establece que "será obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea". Como figura en el acta del Congreso de los Diputados del día 11 de febrero de 2010, sólo Rosa Díez y el peneuvista José Ramón Beloki, alzaron sus voces contra esta flagrante injusticia. Para la líder de UPyD, el Gobierno sólo pretende que se le ayuda con la aprobación de esta ley "a incumplir una sentencia judicial, y a que ciudadanos que tienen derecho a la tutela efectiva de la ley, se queden sin ese derecho". Según se recoge en su intervención en las Cortes, este proyecto de ley "contraviene el ordenamiento jurídico, elimina el derecho a ser indemnizado por la privación de un bien o derecho recogido en el artículo 33.3 de la Constitución". Según Beloki Guerra, esta ley "ad casum", hecha para zanjar una situación concreta, "roza la inconstitucionalidad, introduce más confusión en la normativa vigente y deja a los afectados más desamparados" y, casi lo peor, "constituye, una vez más, la forma habitual de actuar del Ministerio de Fomento y de AENA”.
La que nos espera. Años de retrasos intencionados, paralizaciones interesadas y despotismo y, ahora, miles de ciudadanos afectados por el ruido. Miles de ciudadanos obligados a soportar un nivel considerable de riesgo para su salud. Núcleos de población consolidados obligados a soportar una pérdida de calidad de vida más allá de lo razonable. Familias que van a ver depreciadas al máximo sus viviendas, y un Estado que nos desprotege para protegerse.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
