ABCEl Gobierno de Canarias ha llegado tarde a su intento de asumir las competencias para autorizar la instalación de parques eólicos marinos en aguas del Archipiélago. El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso competencial interpuesto por el gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) contra el mapa eólico marino en España por "extemporáneo".
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el de Industria, Turismo y Comercio aprobaron, a mediados de abril del pasado año, el estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos. Un documento en el que se delimitan las zonas de las costas canarias y españolas que reúnen las condiciones favorables para la instalación de los aerogeneradores en el mar.
El Gobierno de Canarias considera que las autorizaciones para la instalación de los parques eólicos marinos corresponden a la administración autonómica y no al Ejecutivo estatal. El gabinete regional del Presidente, Paulino Rivero, entiende que Canarias tiene competencias tanto en el mar como en tierra, esto pese a que los espacios marítimos de la comunidad autónoma aún no hayan sido delimitados. Para defender estos planteamientos, los Servicios Jurídicos del Gobierno regional interpusieron un recurso competencial en el Tribunal Constitucional. El alto tribunal estatal ha decidido "inadmitir a trámite" el conflicto planteado por el Ejecutivo de CC y el PP por ser "extemporáneo", tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado lunes. El mapa eólico marino español evalúa 4.000 kilómetros de costa y contempla la instalación de 73 áreas eólicas marinas, que se clasifican en "zonas de exclusión", en "zonas aptas con condicionantes" y en "zonas aptas". Los responsables del estudio aseguraban que en una zona no apta también se podrían presentar proyectos. Sólo se rechazarían si los estudios de impacto ambiental fueran negativos.
Varias de las principales empresas españolas del sector de las energías renovables han presentado varios proyectos. Zonas tan diversas como Canarias, Cádiz, Murcia, Tarragona y Galicia son algunas de las posibilidades señaladas. Pero estas propuestas para desarrollar la energía eólica en el mar no han ido más allá de una declaración de intenciones.
Según este mapa, Lanzarote y Fuerteventura presentan el mayor porcentaje de espacio marítimo apto para la instalación de los aerogeneradores en la costa canaria. Gran Canaria, salvo una franja de la zona sur-sureste, está definida como área de exclusión o apta con condicionantes. Casi toda la costa noroeste de Tenerife, El Hierro en su totalidad y más de la mitad de La Palma no son aptas para estas instalaciones.
La definición de las zonas en las que se podrán instalar los parques eólicos marinos está directamente relacionada con la propuesta del Gobierno regional de introducir el gas en la comunidad autónoma, a través de las plantas de ciclo combinado de Arinaga, en Gran Canaria, y Granadilla, en Tenerife.
En la segunda, existe un pequeño proyecto para la instalación de aerogeneradores en el mar impulsado por el Cabildo, mientras que, en la primera, el Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, se ha convertido en el principal portavoz de la defensa de una propuesta alternativa a la planta de gas de Arinaga.
Morales defiende, con matices, la idea recientemente activada por el Cabildo de Gran Canaria para la construcción de una central hidroeléctrica, aprovechando las diferentes alturas de las presas de Chira y las Niñas y la de Soria. Para el Alcalde de Agüimes, esta central hidroeléctrica debe ir obligatoriamente ligada a la producción de energías renovables mediante la instalación de un parque eólico de 500 megavatios (170 aerogeneradores de tres megavatios) o un parque eólico marino de 380 megavatios.
Pero a pesar de estos planteamientos, en los documentos oficiales vigentes del Ejecutivo regional solamente consta la construcción de plantas regasificadoras en Granadilla y Arinaga. La primera depende de la construcción del puerto, un proyecto que está judicializado. La segunda ha caído en un silencio absoluto debido a las diferencias, de momento irresueltas, entres los distintos niveles administrativos públicos.
