La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo vuelve a incluir en su orden del día dos quejas relacionadas con los puertos de Granadilla (Tenerife) y Arinaga (Gran Canaria), aunque esta petición, presentada por el Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, será previsiblemente cerrada, lo que implica la ausencia de debate durante la sesión.La agenda de la reunión sí contempla para el próximo jueves la discusión de la petición presentada por José Luis Fernández Fuarros, en nombre de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, acerca de la presunta falta de independencia de la fundación pública que supervisa que las obras del puerto se ejecutan de acuerdo con las normas ambientales. La constitución de esa fundación fue una de las condiciones impuestas por la Comisión Europea cuando dio su visto bueno a la construcción del enclave.
Concretamente, Fuarros sostiene que el Consejo de la Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla está controlado por la autoridad del puerto, la cual designa a la mayoría de sus miembros. De ese consejo, la persona elegida para representar a las organizaciones medioambientales "no defiende los intereses ni las opiniones" de éstas, según denuncia.
Esta queja fue admitida a trámite en octubre de 2008, y la Comisión, en enero de 2009, consideró que en dicho consejo estaban representadas las autoridades medioambientales canarias responsables de la red Natura 2000, así como las nacionales, y no cuestionó la independencia institucional de la fundación, ya que, en opinión de Bruselas, "no existen razones, a priori, para dudar de la capacidad de las autoridades regionales y nacionales para cumplir sus funciones correcta e independientemente".
Tras una solicitud ulterior de la Comisión, España aportó "datos pormenorizados" sobre el proceso de selección de los miembros del consejo de la fundación que representan a las organizaciones medioambientales, tras lo cual, el Ejecutivo comunitario estimó que dicho proceso siguió "un procedimiento transparente". A principios de 2010, Bruselas volvió a informar que las autoridades españolas le habían enviado nuevos datos, esta vez, sobre la aplicación de las medidas paliativas y compensatorias exigidas por la Comisión, diligencia a la que tampoco puso pegas. Sin embargo, ante la suspensión cautelar del proyecto dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Bruselas prefirió no adoptar más medidas en relación con el puerto mientras esa decisión siguiera en vigor.
Pese a la posición de la Comisión, desfavorable a la petición de Fuarros, esta queja aparece en el orden del día entre las que serán analizadas durante la sesión del próximo jueves, al contrario de lo que ocurre con la petición del Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, para cuya denuncia está propuesto su cierre.
Morales se quejó de que el proyecto de ampliación del Puerto de Arinaga, financiado por fondos comunitarios, vulneraba tres directivas comunitarias sobre medio ambiente. Además, afirmó que no se habían realizado las evaluaciones de impacto de forma adecuada, puesto que no tenían en cuenta las repercusiones negativas de la obra en las especies protegidas de la zona. Todo ello llevó al Alcalde de Agüimes a pedir a la Eurocámara que interviniera para paralizar el proyecto.
La petición fue admitida a trámite en octubre de 2006, y Bruselas se manifestó al respecto en abril de 2008, aunque Morales ya conocía la postura de la Comisión porque había presentado en su seno una primera denuncia en el año 2005. Tanto entonces, como en su última respuesta, el Ejecutivo comunitario concluyó que no veía en este caso ninguna infracción de la legislación comunitaria, ya que se llevó a cabo una evaluación de impacto ambiental y se consideraron alternativas al proyecto.
Antonio Morales temía por el efecto negativo que la ampliación del puerto sureño produciría en los sebadales situados en las bahías de Arinaga y de Formas, justo al lado del Lugar de Interés Comunitario Playa del Cabrón, así como el daño que generaría en las poblaciones de tortuga verde marina, tortuga boba y en las de aves autóctonas. Un impacto nocivo que, a juicio de Bruselas, no pudo demostrarse.
