Para los huelguistas, la prestación del servicio de emergencias a través de un consorcio, como el de Gran Canaria, no sólo es la forma más extendida en el país sino que, además, es la más barata para ofrecer esta cobertura.
Así, estimaron que los 4,22 millones de euros que pagan actualmente los municipios por pertenecer al referido consorcio se convertirían en 16,05 millones si lo abandonaran.
En Gran Canaria, ocho ayuntamientos tienen la obligación legal de contar con un servicio de extinción de incendios y salvamentos, dotados de bomberos profesionales y con categoría de funcionarios, lo que les confiera carácter de agente de la autoridad.
Estos ayuntamientos son los de Telde, con más de 100.000 habitantes; Santa Lucía, con 64.000; Arucas, con 37.000; Ingenio, con 30.000; Agüimes, con 29.000; Galdar, con 25.000; Mogán, con 22.000; y Santa Brígida, con casi 20.000 habitantes.
Fotografía: El portavoz del comité de huelga de los Bomberos de Gran Canaria, José María Monzón, en una imagen de archivo.