Este organismo considera que el ente adscrito al Ministerio de Fomento debería compensar a las localidades que, afectadas por estas normas, no pueden desarrollar urbanísticamente sus terrenos y, además, se ven obligadas a soportar grandes niveles de ruido.
La Fecam también entiende que es necesario que las huellas acústicas recojan los efectos que provocan los vuelos de los aviones militares y no sólo de los civiles.