Antonio Morales*
El hostigamiento no tiene límites. Nunca son suficientes las medidas que se tomen ni las reformas regresivas de derechos que se adopten. Lo que se haga en este sentido es siempre poco y los esfuerzos realizados escasos, y hay que ir a más, hasta vaciar el Estado, hasta aniquilar todo lo público.
A pesar de que en los últimos meses el Gobierno socialdemócrata español ha propiciado recortes sociales de enorme calado: congelación de las pensiones, aumento de la edad de la jubilación hasta los 67 años, abaratamiento de los despidos, recorte del salario de los funcionarios públicos, supresión de la negociación colectiva, eliminación de las ayudas a los más de cuatro millones de parados, privatización de las cajas de ahorros, recorte brutal de la inversión pública, subida del IVA, etc. A pesar de que el empobrecimiento de la población no deja de aumentar y la desaparición de pymes y autónomos no cesa, el neoliberalismo más brutal, anclado en el sistema financiero, sigue empeñado en someternos a un acoso implacable de resultado incierto y preocupante, muy preocupante: "España no puede permitirse el más mínimo respiro en la aplicación de las reformas y de las necesarias medidas de ajuste", editorializó El Mundo la semana pasada.
Los que cuando se precipitó la crisis acudieron desesperados a buscar la protección del Estado para obligarle a endeudarse con dinero de todos para conseguir su salvación, entonces no les parecía que el Estado no tuviera sentido, ahora reclaman, con la complicidad de los políticos neoliberales y de una socialdemocracia sin alternativa económica alguna, menos autonomías, menos ayuntamientos, menos política y menos democracia.
Por eso los embates se han recrudecido en los últimos meses con una ferocidad apabullante. Desde la llegada de la canciller alemana Angela Merkel a pasar revista el 03 de febrero pasado, afirmando sin tapujos que las reformas realizadas estaban bien pero que se necesitan nuevos ajustes, no hemos dejado de recibir mensajes-presiones en ese sentido. Así el FMI, en su último informe, hace llegar el recado de que España tendrá que tomar más medidas contra el déficit y reclama especialmente "acciones" contra las comunidades autónomas. Por la misma senda han andado Sarkozy, que rendía homenaje a Zapatero "por su valentía y determinación", y Emilio Botín, que tildó de magníficas las medidas adoptadas y le hacía una llamada al presidente español para que se mantuviera al frente del timón del Gobierno y terminara de poner en marcha todas las medidas previstas. Es lo mismo que defiende
Es la sociedad civil, la de ellos, por supuesto, que no otra, que se reunió también a finales de noviembre con Zapatero a través del Ibex 35 en una escenificación contundente de quienes son los que deben opinar y a quiénes se les deben hacer las consultas. Es la misma sociedad civil y no otra la que demanda que pase a la acción el Círculo de Empresarios de Gran Canaria que postula menos acción política y que dice que el Estado de Bienestar está en peligro "por el crecimiento desordenado del sector público y su falta de eficiencia". Es la misma sociedad civil a la que representa la banca reunida en Davos en enero pasado reclamando menos regulación y que los gobiernos se ocupen nada más que del problema de la deuda. Es la misma sociedad civil que defiende el neoliberal catedrático de Pensamiento Económico de
No sólo provocaron la crisis con su avaricia sin límites, con su codicia obscena, sino que ahora pretenden decirnos como debemos salir de ella: combatiendo lo público, anulando la democracia. Claro que mientras, la gran banca gana a pesar de la crisis (en su mejor evolución desde 2007) 15.300 millones de euros y un tercio de sus consejeros y directivos cobran más de un millón de euros al año; las empresas del Ibex 35 superaron en el último años los 50.000 millones de beneficios (un 16,7% más que en el año anterior); los directivos de las agencias de calificación perciben ahora el doble que antes de la crisis que ellos mismos provocaron y nos siguen calificando, amenazando y chantajeando continuamente; Telefónica creció un 65,6% (ganó 10.000 millones de euros), repartió 450 millones entre sus directivos en bonos y sin embargo pretende despedir al 20% de sus empleados con unas prejubilaciones que pagaremos todos…
En ese mensaje nítido de los mercados y sus adláteres de que hay que acabar con todo lo público, ahora que ya no les sirve, como reconocía el año pasado el Financial Times al afirmar que tres años después de sobrevenida la crisis "los mercados son los dueños de nuevo", sorprende que salgan a los medios de comunicación José Miguel Pérez y el presidente del CES, Fernando Redondo, demandando como "necesario" el que haya menos alcaldes, y además con el barniz de una pretendida defensa de lo público.
Es por eso que el Gobierno, Zapatero insiste una y otra vez que no le temblarán las manos a la hora de firmar medidas, y buena parte de la oposición, han empezado a dejar a caer por dónde irán los tiros nada más traspasar la frontera del 22 de mayo, pues antes no se atreven. Por lo pronto, Manuel Chaves ya ha comenzado a hablar de incentivar la fusión de municipios y de abrir un debate sobre la eliminación de las diputaciones ¿y también de los cabildos? Al tiempo asistiremos a un durísimo recorte del número de funcionarios (¿no han oído la campaña? Son muchísimos, parásitos, acomodados, que viven a costa de los contribuyentes…). Asistiremos también a hachazos demoledores a la educación pública (de hecho ya ha sufrido un recorte de más de 2.000 millones de euros en los últimos dos años) y a la sanidad, cada vez más con conciertos con las privadas y con servicios externalizados, y además con el runrún de los globos sonda del copago sanitario (declaraciones de Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda reprendido después por el propio Zapatero, el presidente de la comunidad murciana, etc), y veremos igualmente el golpe definitivo a los recursos del Estado privatizando lo poco público que nos queda, liquidando los aeropuertos, la lotería y lo que aparezca por ahí, para rematar la jugada que inició González y culminó con enorme eficacia José María Aznar al dejar en manos de grandes empresas la banca, la telefónica y las eléctricas públicas con las que nos están sometiendo a los ciudadanos de a pié y con las que se están enriqueciendo sin pudor mientras el país se ahoga y se endeuda y aumentan las bolsas de pobreza.
No es casualidad por tanto que César Miralles, directivo de Intermoney, una sociedad de valores de la que se ha nutrido al PSOE de cargos como Miguel Sebastián, David Vigara, exSecretario de Estado de Hacienda o Carlos Arenillas, exvicepresidente de
Como ha escrito también Antón Costas, "si la política no recobra su autonomía frente a los mercados financieros, y la sociedad no es capaz de manifestar su indignación ante estas conductas, no habrá límites eficaces a la economía especulativa, a la volatilidad financiera y a la desigualdad".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
