Izquierda Unida Canaria, Sí se puede, Partido Humanista, Roque Aguayro, Iniciativa por El Hierro y Socialistas por Tenerife han firmado un documento conjunto en el que afirman que es urgente recuperar la Unidad de Acción como paso necesario para la superación de la fragmentación política y social existente en la izquierda. Unidad de Acción del conjunto de las fuerzas progresistas necesaria para hacer frente a las continuas a agresiones a la clase trabajadora y los sectores populares de la sociedad.
En el comunicado, estas organizaciones explican que en los últimos tiempos el sistema capitalista, regido desde los postulados neoliberales, está sufriendo una transformación con la que se agiganta el incremento de la riqueza entre los más ricos y la pobreza entre los más desfavorecidos, agrandando aún más la brecha entre unos y otros. Elemento central de estas políticas lo constituye el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Para ello toman como escusa una crisis económica, provocada precisamente por la especulación y la aplicación de políticas neoliberales, para justificar los "ajustes que nos pondrán en la senda de la recuperación". Unos "ajustes" que exigen el "aumento de la productividad" y asegurar la rentabilidad del capital por la vía de la sobre explotación y expropiación de derechos a los trabajadores. Ajustes que se traducen, básicamente, en el incremento del desempleo, de la precariedad laboral, la subida de la edad de jubilación (cuando no la tendencia a prácticamente eliminarla), en el aumento de los años cotizados para poder cobrar las pensiones, bajada de salarios, el alza de impuestos indirectos, etc. Una política que está condenando al paro, la exclusión social o a la emigración de nuestra juventud más preparada. Planes de salvación para los bancos y desahucios por impago de hipotecas para el común de los mortales.
Añaden que "asistimos perplejos a la consolidación de un nuevo grupo social dentro de los asalariados, que han dado en llamar el precariado, es decir, aquéllos que cobran menos de mil euros, que tienen trabajos temporales, que no llegan a fin de mes y, en definitiva, que no tienen expectativas de futuro. La nueva variante de los 'mileuristas' que hoy, a pesar de tener trabajo, sobreviven por debajo del umbral de la pobreza. Junto a ellos los desempleados/as, marginados del sistema productivo y los parados/as excluidos/as que no reciben ningún tipo de prestación y que cada día son más. Estamos ante una nueva profundización de las políticas de fragmentación de los trabajadores como vía para asegura el triunfo de esta contrarrevolución que tiene en el punto de mira la histórica conquista del Estado Social y de Derecho".
En este contexto de atentado contra los derechos económicos, políticos y sociales conquistados en siglos de luchas obreras y populares se enmarca el Real Decreto 7/2011 sobre la reforma de la negociación colectiva. Consideran que "el PSOE, una vez más, agacha la cabeza ante las exigencias de la derecha político-económica y golpea sobre la cabeza de los de siempre, esta vez ataca de lleno la capacidad de organización de los trabajadores/as e intenta dinamitar sus posibilidades de reclamación, no sólo de mejoras laborales sino también de derechos. Se pretende dejar indefenso al trabajador ante el empresario introduciendo la supremacía de los convenios de empresa frente a los provinciales o estatales; con los convenios franja, impone una situación de debilidad de los trabajadores/as ante la negociación con la empresa, y que, gracias a la 'cláusula de descuelgue', atañe, por ejemplo, a salarios, horas extras y vacaciones, avanzando en el camino iniciado esta legislatura para devolver los derechos laborales al siglo XIX. Incluso el derecho a la huelga queda condicionado por la figura del arbitraje obligatorio".
Ante esta situación, las organizaciones firmantes entienden que es urgente recuperarla Unidad de Acción como paso necesario para la superación de la fragmentación política y social existente en la izquierda. Unidad de Acción del conjunto de las fuerzas progresistas necesaria para hacer frente a las continuas a agresiones a la clase trabajadora y los sectores populares de la sociedad y se comprometen a impulsar conjuntamente la respuesta social a la aplicación del RDL 7/2011 y por la defensa de los derechos sociolaborales atacados por las distintas reformas laborales. Hacemos un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas, sociales y sindicales a confluir en la unidad de acción política y sindical frente a estas agresiones.
En el comunicado, estas organizaciones explican que en los últimos tiempos el sistema capitalista, regido desde los postulados neoliberales, está sufriendo una transformación con la que se agiganta el incremento de la riqueza entre los más ricos y la pobreza entre los más desfavorecidos, agrandando aún más la brecha entre unos y otros. Elemento central de estas políticas lo constituye el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Para ello toman como escusa una crisis económica, provocada precisamente por la especulación y la aplicación de políticas neoliberales, para justificar los "ajustes que nos pondrán en la senda de la recuperación". Unos "ajustes" que exigen el "aumento de la productividad" y asegurar la rentabilidad del capital por la vía de la sobre explotación y expropiación de derechos a los trabajadores. Ajustes que se traducen, básicamente, en el incremento del desempleo, de la precariedad laboral, la subida de la edad de jubilación (cuando no la tendencia a prácticamente eliminarla), en el aumento de los años cotizados para poder cobrar las pensiones, bajada de salarios, el alza de impuestos indirectos, etc. Una política que está condenando al paro, la exclusión social o a la emigración de nuestra juventud más preparada. Planes de salvación para los bancos y desahucios por impago de hipotecas para el común de los mortales.
Añaden que "asistimos perplejos a la consolidación de un nuevo grupo social dentro de los asalariados, que han dado en llamar el precariado, es decir, aquéllos que cobran menos de mil euros, que tienen trabajos temporales, que no llegan a fin de mes y, en definitiva, que no tienen expectativas de futuro. La nueva variante de los 'mileuristas' que hoy, a pesar de tener trabajo, sobreviven por debajo del umbral de la pobreza. Junto a ellos los desempleados/as, marginados del sistema productivo y los parados/as excluidos/as que no reciben ningún tipo de prestación y que cada día son más. Estamos ante una nueva profundización de las políticas de fragmentación de los trabajadores como vía para asegura el triunfo de esta contrarrevolución que tiene en el punto de mira la histórica conquista del Estado Social y de Derecho".
En este contexto de atentado contra los derechos económicos, políticos y sociales conquistados en siglos de luchas obreras y populares se enmarca el Real Decreto 7/2011 sobre la reforma de la negociación colectiva. Consideran que "el PSOE, una vez más, agacha la cabeza ante las exigencias de la derecha político-económica y golpea sobre la cabeza de los de siempre, esta vez ataca de lleno la capacidad de organización de los trabajadores/as e intenta dinamitar sus posibilidades de reclamación, no sólo de mejoras laborales sino también de derechos. Se pretende dejar indefenso al trabajador ante el empresario introduciendo la supremacía de los convenios de empresa frente a los provinciales o estatales; con los convenios franja, impone una situación de debilidad de los trabajadores/as ante la negociación con la empresa, y que, gracias a la 'cláusula de descuelgue', atañe, por ejemplo, a salarios, horas extras y vacaciones, avanzando en el camino iniciado esta legislatura para devolver los derechos laborales al siglo XIX. Incluso el derecho a la huelga queda condicionado por la figura del arbitraje obligatorio".
Ante esta situación, las organizaciones firmantes entienden que es urgente recuperar