La Opinión
La Consejera de Industria del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos (en la imagen), ha anunciado que la Unión Europea se ha comprometido a aportar 55 millones de euros para la construcción de las plantas regasificadoras de Granadilla y Arinaga.
Para lograrlos, los proyectos deberán estar desbloqueados antes de finales de este año. Por eso, en estos momentos, la prioridad del Ejecutivo autónomo es conseguir las preceptivas autorizaciones que el Ministerio de Fomento debe emitir sobre el proyecto de instalación efectiva de las regasificadoras en Canarias.
"Lo vamos a conseguir", aseguró Ramos, que añadió que "Canarias no puede desaprovechar esos fondos que ha ofrecido Bruselas y con los que se puede asegurar el inicio de las obras". En concreto, lograr la financiación europea supondría tener sufragado el coste del 10% de los dos proyectos. Según los cálculos de Enagás, flamante socia de Gascan tras adquirir el 42% del conglomerado empresarial isleño Regional Canaria de Energía, la inversión total para las dos plantas puede estar en torno a los 550 millones de euros.
La consejera se mostró dispuesta a cumplir los objetivos del Plan Energético de Canarias (Pecan) y no se arredra ante la enorme contestación social que, hasta ahora, ha retrasado ambas infraestructuras. "El gas tendría que estar implantado en el archipiélago desde 2006", apostilló. Ramos asegura que su intención es "mantener abiertos los canales de diálogo", aunque no duda en resaltar que el contexto económico ha cambiado. "Tal vez antes nos podíamos permitir un debate más sosegado sobre esta cuestión, pero ahora Canarias demanda medidas para incorporar otras actividades que compensen las pérdidas derivadas del parón de la construcción", señaló.
En este sentido, destacó que incorporar el gas representa "la dinamización de la actividad industrial y, además, arrastra consigo algo de actividad próxima a la construcción y crea puestos de trabajo, algunos de ellos muy cualificados que se pueden consolidar después con el mantenimiento de las instalaciones".
Con todo, aparte de la autorización de Fomento, los trámites que precisan dos infraestructuras del calado de las dos regasificadoras no se resuelven así como así. La intención de Margarita Ramos es ser realista y, por ello, se ha fijado como objetivo para comenzar la construcción efectiva de las dos plantas el año 2013.
"Canarias está en un punto de su sistema energético en el que tiene que dar un salto cualitativo", agregó, "y adoptar políticas económicas, estratégicas y de sostenibilidad que intervengan de forma transversal en ese modelo".
En cualquier caso, la cuestión es que el archipiélago es la única región española en la que no está implantado el gas. La última, Baleares, lo tiene desde 2009. Una de las razones fundamentales que se han aducido a favor de este combustible es la reducción inmediata de la dependencia del petróleo que tienen las islas, donde la generación eléctrica depende todavía en un 96,5% del crudo. Una proporción alarmante si se tiene en cuenta la volatilidad de este combustible y la cantidad de factores externos que pueden influir en el alza de los precios, como ha puesto recientemente de manifiesto las sucesivas subidas en el precio del barril motivadas por las crisis en Oriente Medio.
A este respecto, fuentes de Endesa han llamado a menudo la atención sobre la ventaja competitiva que en estos momentos tiene Baleares sobre Canarias debido a que el uso del gas ha comenzado a extenderse a la industria turística a través de su empleo en los hoteles.
Pero más allá de las consideraciones económicas, la llegada del gas a las islas supondría una considerable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En concreto, según un estudio realizado por el Departamento de Análisis Económico dela Universidad de La Laguna (ULL), decenderían en un 7% de aquí a 2015.
Para lograrlos, los proyectos deberán estar desbloqueados antes de finales de este año. Por eso, en estos momentos, la prioridad del Ejecutivo autónomo es conseguir las preceptivas autorizaciones que el Ministerio de Fomento debe emitir sobre el proyecto de instalación efectiva de las regasificadoras en Canarias.
"Lo vamos a conseguir", aseguró Ramos, que añadió que "Canarias no puede desaprovechar esos fondos que ha ofrecido Bruselas y con los que se puede asegurar el inicio de las obras". En concreto, lograr la financiación europea supondría tener sufragado el coste del 10% de los dos proyectos. Según los cálculos de Enagás, flamante socia de Gascan tras adquirir el 42% del conglomerado empresarial isleño Regional Canaria de Energía, la inversión total para las dos plantas puede estar en torno a los 550 millones de euros.
La consejera se mostró dispuesta a cumplir los objetivos del Plan Energético de Canarias (Pecan) y no se arredra ante la enorme contestación social que, hasta ahora, ha retrasado ambas infraestructuras. "El gas tendría que estar implantado en el archipiélago desde 2006", apostilló. Ramos asegura que su intención es "mantener abiertos los canales de diálogo", aunque no duda en resaltar que el contexto económico ha cambiado. "Tal vez antes nos podíamos permitir un debate más sosegado sobre esta cuestión, pero ahora Canarias demanda medidas para incorporar otras actividades que compensen las pérdidas derivadas del parón de la construcción", señaló.
En este sentido, destacó que incorporar el gas representa "la dinamización de la actividad industrial y, además, arrastra consigo algo de actividad próxima a la construcción y crea puestos de trabajo, algunos de ellos muy cualificados que se pueden consolidar después con el mantenimiento de las instalaciones".
Con todo, aparte de la autorización de Fomento, los trámites que precisan dos infraestructuras del calado de las dos regasificadoras no se resuelven así como así. La intención de Margarita Ramos es ser realista y, por ello, se ha fijado como objetivo para comenzar la construcción efectiva de las dos plantas el año 2013.
"Canarias está en un punto de su sistema energético en el que tiene que dar un salto cualitativo", agregó, "y adoptar políticas económicas, estratégicas y de sostenibilidad que intervengan de forma transversal en ese modelo".
En cualquier caso, la cuestión es que el archipiélago es la única región española en la que no está implantado el gas. La última, Baleares, lo tiene desde 2009. Una de las razones fundamentales que se han aducido a favor de este combustible es la reducción inmediata de la dependencia del petróleo que tienen las islas, donde la generación eléctrica depende todavía en un 96,5% del crudo. Una proporción alarmante si se tiene en cuenta la volatilidad de este combustible y la cantidad de factores externos que pueden influir en el alza de los precios, como ha puesto recientemente de manifiesto las sucesivas subidas en el precio del barril motivadas por las crisis en Oriente Medio.
A este respecto, fuentes de Endesa han llamado a menudo la atención sobre la ventaja competitiva que en estos momentos tiene Baleares sobre Canarias debido a que el uso del gas ha comenzado a extenderse a la industria turística a través de su empleo en los hoteles.
Pero más allá de las consideraciones económicas, la llegada del gas a las islas supondría una considerable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En concreto, según un estudio realizado por el Departamento de Análisis Económico de