La Provincia
La presunta trama cuyo cabecilla era supuestamente el cabo
primero de la Patrulla
Fiscal de Guardia Civil en Vecindario, J. R. M., ya había
sido advertida por distintas financieras, que alertaron a las casas de
compraventa de coches del Sureste de Gran Canaria de las irregularidades que
presuntamente realizaba y con las que podría haber cometido una estafa que
alcanzaría los dos millones de euros. Tanto el cabo como los empleados de una
casa de vehículos de Ingenio, que el pasado miércoles fueron detenidos y puestos en libertad con cargos de delitos de blanqueo de dinero,
usurpación de identidad y estafa después de declarar ante el juzgado encargado del
caso denominado Metralla.
"Hace unos seis meses me avisaron de que tuviéramos
cuidado, que estaba este guardia civil en la zona comprando coches y los vendía
a bajo precio", apuntó el sábado el Presidente de la Asociación de
Empresarios de Arinaga (Aenaga), Agustín Hidalgo, quien además posee un negocio
relacionado con el sector automovilístico. El aviso puso en alerta a los
empresarios de la zona. "Cuando lo comuniqué les dije que tuvieran mucho
cuidado, y hay compraventas que dieron un paso atrás", agregó.
Esa alerta se debía, supuestamente, a que J. R. M. adquiría
vehículos nuevos o seminuevos, algunos de ellos en las propias casas de
vehículos oficiales, y los financiaba. Antes de que la entidad emitiera el
expediente de dominio sobre el vehículo, que impide venderlos antes de que
finalice la deuda, el coche era vendido a través de una compraventa de coches a
un precio inferior al que fue comprado, según indicaron fuentes policiales, que
agregaron que se realizaba para supuestamente blanquear dinero. Ahora la
investigación trata de averiguar de dónde procedía el dinero a blanquear, cuya
cuantía podría ascender a dos millones de euros.
A pesar de que poseía numerosos vehículos financiados, éste
estaba al día con los pagos a las entidades bancarias, según indicaron fuentes
relacionadas con el caso, que añadieron que podría tener en su haber más de una
decena de créditos.
Asimismo, las fuentes policiales consultadas señalaron que
el agente detenido, supuestamente utilizaba a terceras personas como
testaferros para la compra de los vehículos y también la solicitud de créditos
bancarios. Además, eran gratificados por ello mediante vehículos o dinero.
Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil
continúan y no se descartan nuevas detenciones, entre ellas incluso más agentes
del cuerpo. Por su parte, el titular del juzgado encargado del caso mantiene el
secreto de sumario.
La Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen
Hernández Bento, confirmó la operación que investiga a la red de
compraventa ilegal de vehículos, aunque no aportó detalles de la misma al
hallarse la actuación bajo secreto sumarial.
