Antonio Morales*
Según el último Barómetro del CIS, correspondiente al mes de mayo pasado, la
sanidad se ha convertido en la cuarta preocupación para la población española.
En apenas seis meses, esta inquietud por la situación sanitaria del país ha
aumentado en un 35% y se sitúa solo por detrás del paro, los problemas
económicos, la política y los partidos políticos. A finales de 2010, un estudio
de la Fundación
Pfizer ya avanzaba estos resultados. Por aquel entonces, un
23,3% de ciudadanos reconocía que su salud había empeorado y un 70,1% mostraba
su preocupación por el posible deterioro del sistema sanitario a corto y
medio plazo debido al contexto económico. Para un 44% de la ciudadanía el
estrés y la tensión en su vida cotidiana era mayor que hacía dos años.
La Directora
General de la
OMS ha venido mostrando, desde los comienzos de la crisis, su
preocupación porque la situación sanitaria se pueda agravar a medida que el
desempleo aumente, empiecen a fallar las redes de protección social, se vayan
erosionando los ahorros y disminuya el gasto en salud. Considera que, "como ha
ocurrido en el pasado", existe un riesgo serio de que se incrementen las
enfermedades mentales y la ansiedad: "Por consiguiente, es importantísimo que
aprendamos de errores anteriores y afrontemos la mala coyuntura económica
aumentando las inversiones a favor de la salud y del sector social. (…) Un
compromiso a favor de la cobertura universal no solo protege a los pobres sino
que es el modo más asequible y eficiente de utilizar los recursos cuando
escasean".
Hace unos días, el Consejo Económico y Social afirmó con rotundidad que
recortar en educación, sanidad y dependencia "cronificará" las desigualdades
más allá de la crisis en un país que se empobrece más rápido que el resto de la UE y que presenta uno de los
índices más altos de exclusión social, con uno de cada cuatro hogares en riesgo
de pobreza. El profesor Josep L. Barona ("El precio de la enfermedad") nos
decía hace unos días cómo los Ilustrados de fines del XVIII ya eran conscientes
de que la pobreza y la desigualdad "constituyen el principal factor patógeno" y
que la desigualdad social arruina a las naciones y es el enemigo principal del
progreso. En el mismo sentido se expresaban recientemente la Federación de
Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública
y la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS), que insisten también en destacar la importante correlación entre el
gasto en protección social de un país y la mortalidad y en ratificar que hay
una relación directa entre la economía y la salud, por lo que en periodos de
crisis se constatan problemas de desnutrición, de obesidad, de violencia
doméstica con repercusiones en la salud infantil, de auge de las enfermedades
mentales (han aumentado en un 15% las consultas desde el 2008 y afectan
significativamente a las clases medias y empresarios). Señalan igualmente un
incremento de la mortalidad ligada a enfermedades cardiovasculares,
traumatismos y suicidios: "por eso mismo rechazamos los recortes en los servicios
sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para acceder a
ellos". Y podría seguir aportando datos, pero lo resume todo Sergi
Raventós ("Crisis económica y salud mental") citando a Thomas McKeown ("Los
orígenes de las enfermedades humanas. Triacastela"): "el mayor avance que podría
hacerse en el campo de la salud sería eliminar las grandes desigualdades que
existen entre los pobres y ricos, la eliminación de las desigualdades de la
salud exige la distribución de la riqueza y es probable que en definitiva
dependa de la eliminación de la pobreza. En el mundo actual, la mala salud se
debe menos a la falta de recursos que a su distribución desigual entre naciones
y dentro de ella".
Desgraciadamente, y frente a lo que dicen los expertos, en España el
Gobierno del PP rema empecinadamente, irresponsablemente y dolosamente en
sentido contrario. Mariano Rajoy, que nos repitió por activa y por pasiva que no
tocaría nunca la sanidad y que no era partidario del copago, "no es
un asunto que esté sobre la mesa", ha puesto en marcha una contrarreforma
sanitaria que supone un grave retroceso al llevarnos a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad
de 1986, que supuso una auténtica conquista social que garantizaba la
asistencia universal. Y eso que el gasto sanitario español está situado un
punto por debajo que el de la media europea.
Al tiempo que se ha sometido a la sanidad pública a un recorte brutal de más
de 7.000 millones de euros (en Canarias ha sido de 600 en tres años y nos
anuncian muchos más), el Ministerio de Sanidad pone en marcha una modificación
en profundidad que avanza hacia la posibilidad de que los que más tengan puedan
acceder a seguros privados financiados con fondos públicos y a establecer un
sistema de copago que afecta directamente a pensionistas, enfermos crónicos y
personas sin recursos o con pocos recursos que no podrán pagar sus
medicamentos. Por supuesto que todo ello aderezado además con un tinte de
inconstitucionalidad y de xenofobia brutal al criminalizar y dejar fuera del
servicio, inhumanamente, a los inmigrantes no regularizados. Se tendrán,
además, que pagar las prótesis, los transportes sanitarios y las medicinas; se
excluyen, ambiguamente, servicios que hasta ahora se prestaban; se eliminan los
fármacos para síntomas menores y se intenta dejar fuera igualmente a los
jóvenes a partir de 26 años (afortunadamente, en esto han tenido que recular).
Y se abre la puerta a la privatización de servicios esenciales. Es la razón
de fondo sin ningún género de dudas. Las urgencias colapsadas, los quirófanos
de tarde eliminados, las interminables listas de espera, los hacinamientos
hospitalarios, la escasez de medios, los recortes en investigación, la
disminución de las plantillas de funcionarios, el aumento de sus horas de
trabajo.., son el exponente de la pérdida de calidad de una sanidad hasta ahora
modélica y son también, esencialmente, elementos disuasorios del uso de la
sanidad pública. Una estrategia que casa perfectamente con el aumento de
los conciertos y las externalizaciones, la introducción de empresas privadas en
los centros públicos y las privatizaciones de hospitales. No es casualidad
entonces el aumento importante de los seguros personales privados (más de diez
millones de españoles ya disponen de uno) ni que en lugares como en Valencia o
Madrid se empiece a poner en marcha un sistema de gestión privada en sus
hospitales.
Como siempre, la excusa de los recortes y los ajustes por motivos económicos
para imponernos el modelo neoliberal. Para ahuecar lo público. Para
convertirnos en individuos que debemos existir para consumir y para ser objetos
de beneficio económico. Como dice Adela Cortina ("¿Sanidad sostenible?"), en el
mundo de la enfermedad el "beneficio" no ha de medirse en dinero, sino en
bienestar de las personas, de todas las personas, resulte su salud rentable o
no para el conjunto de la sociedad: "si las metas de la sanidad son
fundamentalmente prevenir la enfermedad, curar lo que puede curarse con los
medios disponibles, cuidar lo que no puede curarse y ayudar a morir en paz, la
rentabilidad del mundo sanitario ha de medirse en términos de ese beneficio".
Pero han elegido otro camino: el enriquecimiento de unos pocos.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
