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| Los miembros de la plataforma durante la presentación celebrada ayer |
La Plataforma Canaria por los Derechos Humanos de las Personas
Migrantes mostraron ayer su rechazo ante las disposiciones establecidas
por el Real Decreto 16/2012, por el cual los inmigrantes en situación
irregular administrativa van a verse desatendidos a partir de mañana,
afirmando que la salud pública "no es un producto comercial" que pueda privatizarse.
La organización, que congrega a colectivos como Médicos del Mundo,
asociaciones de inmigrantes, entre las que se encuentra la Asociación de
Uruguayos en Gran Canaria, con sede en Agüimes, y sindicatos, ha
exigido la derogación del decreto
y ha pedido una respuesta contundente y clara por parte del Gobierno de
Canarias sobre cómo va a poner en marcha dicha norma jurídica.
Con el fin de hacer llegar este mensaje ante las autoridades, la plataforma
ha anunciado que realizará una concentración ante la Delegación de Gobierno
el próximo sábado 01 de septiembre, a las 12.30 horas.
El secretario de la
Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) y
enfermero del Servicio Canario de Salud, Teodoro Bondyale, ha concretado
también que el decreto viola el Artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, así como el Artículo 43 de la Constitución Española,
por el cual se especifica el derecho al acceso al servicio sanitario de toda la
población.
Asimismo, ha asegurado que esta medida pone en peligro la vida de
"miles de personas" y se ha justificado con un discurso
"xenófobo y falso" de que la población inmigrante en situación
irregular "es una carga" para la Sanidad Pública,
"cuando se ha comprobado que su aporte a la financiación sanitaria es
mayor al coste que genera", ha informado en rueda de prensa.
Por su parte, la portavoz de la Federación Estatal
de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Mercy Yañez, ha señalado
que esta situación a la que se enfrentan los inmigrantes mayores de 18 años a
partir de septiembre es un preámbulo para la "inminente"
privatización de la Sanidad
y de la Educación,
"que también afectará a la población nativa".
En referencia al ahorro que desde la Administración
estatal se prevé conseguir con la aplicación de este decreto, ha dicho que
"no va a producirse", ya que si un sector de la población no se
vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, como puede ser el caso de una
simple gripe, se configurará como un nicho de riesgo que podrá transmitir
dichas afecciones al resto de la población.
En este contexto, también ha señalado que el diagnóstico y tratamiento
"a tiempo" de enfermedades graves evitaría intervenciones posteriores
que, debido a la mayor complicación de la afección, generarían "un mayor
coste".
Por este motivo, ha exigido la derogación decreto ley y ha emitido un
llamamiento a la población, y en concreto a los profesionales sanitarios, a que
ejerza la desobediencia civil ante normas "injustas y contrarias a los
Derechos Humanos".
Bondyale ha explicado que el decreto vulnera del derecho del profesional de la salud a cumplir con el
Código Deontológico por el cual se ha comprometido a auxiliar a todas las personas,
"un logro que ha conseguido este país y no puede permitirse el lujo de
perder".
Por este motivo, la coordinadora técnica de Médicos del Mundo en Canarias,
Elena Cáceres, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña Derecho a curar, por la que la organización hace un llamamiento a los profesionales
médicos que quieran atenerse al derecho de objeción, un amparo profesional que
se basa en el cumplimiento del Código Deontológico y en el derecho a la salud,
y al que ya se han atenido 216 médicos y enfermeros de Canarias.
Asimismo, ha anunciado que la Plataforma Yo Sí Atiendo, está promoviendo
la firma del documento de objeción, que se entregará formalmente en los colegios de médicos, en la
Consejería de Sanidad, en la Sociedad de Medicina
Familiar y Comunitaria y en las gerencias y oficinas de los centros de salud.
La plataforma ha exigido al Ejecutivo autonómico que dé una contestación
"clara" sobre cómo va a poner en práctica el Real Decreto,
considerando que la opinión "sesgada" que hasta el momento ha dado el
Gobierno de Canarias induce "a error, a interpretaciones y a bulos".
En esta línea, han considerado que el colectivo se encuentra ante una
situación de incertidumbre al desconocer cómo se va a organizar la atención
sanitaria a los inmigrantes indocumentados, ya que diferentes fuentes han
afirmado que algunos casos y patologías sí serán atendidos por los servicios de
sanidad públicos.
Finalmente, han pedido a la administración regional que se una a las
comunidades autónomas de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Castilla y León, que
han mostrado su rechazo a la norma jurídica.
