Antonio Morales*
Las cifras no pueden ser más dolorosamente contundentes. Frente a unos ciudadanos desprotegidos hasta la náusea, el sistema bancario español no ha dejado de ser regado con cantidades ingentes de dinero público para evitarle las gravosas consecuencias de sus prácticas irresponsables y especulativas. Hasta este momento, y según la Autoridad Bancaria Europea, más de 225.000 millones de euros (el 48% corresponde a aportaciones directas del Estado) se han destinado desde el conjunto de la economía española al sector financiero. Se calcula que habrá que inyectar entre 15.000 y 35.000 millones más en los próximos meses. Si para ahí la cosa.
Al tiempo que se diseñaban las políticas de rescate de la banca, que han propiciado un endeudamiento brutal del país y un sinfín de recortes y ajustas que no han traído sin pobreza, talas al estado de bienestar, a derechos y libertades, desde el año 2008 para acá, más de 500.000 familias, que no han podido hacer frente a sus hipotecas por situaciones sobrevenidas, se han visto obligadas a abandonar sus viviendas a consecuencia de los lanzamientos judiciales demandados por las entidades bancarias. En la actualidad se encuentran más de 100.000 nuevas resoluciones en curso, y eso que la morosidad familiar apenas llega al 3% del conjunto de la deuda estatal.
Son las dos caras de una moneda neoliberal que impone sacrificios a la ciudadanía, a la que se considera como un objeto al servicio de la economía. Durante estos últimos cuatro años hemos comprobado el enorme poder de los bancos frente a los ciudadanos indefensos, a los que se han sometido a contratos hipotecarios con casi un centenar de cláusulas abusivas y con intereses de demora auténticamente patibularios. Un día tras otro hemos podido asistir, a través de los medios de comunicación, a los desahucios y sus dramáticas consecuencias, en forma de suicidios, enfermedades y exclusión social, sin que este Gobierno ni el anterior hayan sido capaces de aportar soluciones ni de parar el sufrimiento de tanta gente.
Ante los oídos sordos, primero del PSOE, y después del PP, frente a este atropello terrible, durante todos estos años hemos visto batirse el cobre a la sociedad civil a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca parando lanzamientos, prestando solidaridad y ayuda jurídica, económica y psicológica a miles de familias y elaborando una Iniciativa Legislativa Popular (avalada por más de un millón y medio de firmas y el apoyo del 87% de la ciudadanía, según una encuesta de Metroscopia); hemos escuchado a magistrados, a organizaciones judiciales y hasta al Consejo General del Poder Judicial denunciar la sangría social de los desalojos y las prácticas abusivas de la banca y a muchos jueces utilizar argucias jurídicas arriesgadas para frenar algunos procesos; hemos leído al Fiscal General del Estado reclamar que la ley del desahucio se adaptara a la realidad social, o a fiscales del Tribunal Supremo, como Carlos Castresana, demandar una moratoria urgente; hemos sido testigos del esfuerzo de muchos ayuntamientos presionando a los bancos, creando oficinas de asesoramiento o disponiendo de ayudas económicas de emergencia para contribuir a paliar la situación...
A los gobiernos de Zapatero y de Rajoy todo esto les entraba por un oído y le salía por el otro. Solo en los momentos de mayor tensión social se les veía algún gesto de cara a la galería que se quedaba en nada. Amagaban con pactos, con reformas exprés, con decretos light... Hasta se pusieron de acuerdo para vetar la presencia en el Congreso de los jueces más críticos con los desahucios. Lograban calmar a las masas pero todo seguía siendo igual. Incluso la Iniciativa Legislativa estuvo a punto de ser rechazada si no llega a coincidir con un nuevo suicidio. El propio Tribunal Constitucional español se pronunció en el año 2011 negando la admisión a trámite de una petición de un juzgado de Sabadell para estudiar si los embargos vulneraban los derechos fundamentales, considerando que era inconstitucional que la legislación dispusiera la continuidad de la ejecución si el precio del bien hipotecado no cubre el crédito.
Para desgracia de nuestra democracia, ha tenido que se la justicia europea, al margen de la Europa de los mercaderes, a la que tan sumisas sirven la socialdemocracia y la derecha de este país, la que los deje a todos con el culo al aire, evidenciando la pérdida de la soberanía y de la independencia del Estado y la política ante los sistemas financieros. Efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de un recurso de un ciudadano, ha dado un auténtico varapalo a la ley hipotecaria española al condenar a España a cambiar sus leyes hipotecarias por ir contra las leyes de la Unión Europea y por vulnera de forma clara los derechos de las personas afectadas. Los dos grupos mayoritarios del arco parlamentario español, que han rechazado hasta en cinco ocasiones lo que ahora ha dictado la justicia europea, se han precipitado en estos días a afirmar que les parece bien la sentencia, e incluso el PP aprobó una medida urgente para limitar los intereses por demora y para permitir los lanzamientos a partir de los tres impagos, si que se cite para nada la moratoria o la dación en pago. También el TS acaba de declarar nulas las cláusulas suelo, de manera "vergonzosa" y poco efectiva según afirman organizaciones de consumidores y usuarios. Puro marketing.
Como escribe la catedrática de Derecho Internacional Público, Araceli Mangas (El Vía Crucis judicial español. El Mundo), "estaba cantada la interpretación del Tribunal. La Directiva es de 1993, entró en vigor el 1 de enero de 1995 y por su efecto directo debía haber dejado inaplicada cualquier normativa interna contraria a la misma. Pero todos, notarios, registradores de la propiedad, jueces, abogados, poderes públicos, han mirado para otro lado. El Tribuna deja claro que un precepto de la Ley de enjuiciamiento civil no puede seguir aplicándose en las ejecuciones hipotecarias y que quedan autorizados los jueces para dictar medidas cautelares cuando comprueban que hay cláusulas abusivas en tales contratos. Otra vez una ley procesal es fuente de violación de los derechos fundamentales. Veremos cuántos meses va a tardar el gobierno en modificarla...; les bastó con decretos leyes de fin de semana para pulverizar nuestros derechos para el acceso a la jubilación y condiciones de la sanidad y la educación, para aumentar el IVA, para reducir el sueldo a los funcionarios..."
Estamos una vea más ante la constatación de un Estado débil y sumiso que hace dejación de la defensa de sus ciudadanos y de la salvaguarda del interés general para plegarse a los dictados de las élites económicas. Que quiebra intencionadamente el estado social y el estado de bienestar y pone en marcha una estrategia de privatizaciones y de limitaciones de derechos y libertades para servir a unos intereses ideológicos-económicos ultraliberales sin ningún pudor. Un Estado incapaz que ya empieza a mostrarnos rasgos de los que la Fundación para la Paz (también Chomsky) denomina Estado fallido y que se concretan en su incapacidad para defender su autonomía en la toma de decisiones frente a poderes externos y en la incompetencia para garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas y los derechos sociales y civiles de los ciudadanos. No nos puede extrañar entonces que, según una encuesta de Demoscopia publicada por El País la semana pasada, los españoles confíen muchísimo más, infinitamente más, en los movimientos sociales que en los políticos que gobiernan o que están en la oposición. Pero siguen sin darse cuenta. Las consecuencias pueden ser terribles.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
