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| El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro |
El Gobierno central renuncia a
intervenir directamente a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (25 en
Canarias) que no cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Éste era uno de
los puntos que había generado mayor alarma entre los alcaldes, pero el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunció el martes la desaparición
de este artículo en la reforma del régimen local.
El ministro Cristóbal Montoro
presentó a la Comisión Nacional de Administración Local el nuevo texto de la
reforma, que ahora admite la singularidad de los cabildos como institución
diferente a las diputaciones. En cambio, el informe no contenta del todo a los
alcaldes canarios, que denuncian el "ataque a la autonomía municipal"
y temen que se vacíe de competencias a la mayoría de los 60 ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes.
Como novedad, valorada por los
alcaldes, el informe mostrado a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) resta poder al interventor, que se limitará al control
presupuestario y financiero de los ayuntamientos, pero no decidirá el destino
de los fondos públicos, tal como contemplaba un borrador anterior de Hacienda.
El documento, que pasará hoy al
Consejo de Estado, para después enviar un informe a las Cortes, detalla que las
comunidades autónomas deberán asumir en el plazo de un año las competencias de
Servicios Sociales. Si no lo hacen se les detraerá la cantidad correspondiente
por prestar esos servicios de su participación en los ingresos del Estado y,
por ende, estas funciones las seguirían prestando los consistorios con la
financiación estatal.
En Educación, los ayuntamientos
continuarán asumiendo el coste de la limpieza y el mantenimiento de los centros
hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica y local,
previsto para 2014. Asimismo, estas instituciones retirarán sus competencias en
Sanidad en cinco años en favor de las autonomías.
Al margen de la clarificación
competencial para evitar duplicidades, la clave está en la eficiencia en la
prestación de los servicios. Según Hacienda, 5.927 ayuntamientos españoles de
menos de 20.000 habitantes son ineficientes porque realizan sus servicios a un
coste superior del que podrían hacerlo. Para solucionarlo, el Secretario
de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció que antes del
verano se empezará a negociar con las comunidades autónomas y la Comisión de
Administración Local un coste estándar, es decir, el baremo que determine la
eficacia económica de un servicio.
Según Beteta, los cálculos son
"facilísimos", de modo que los municipios tengan de octubre a enero
para adaptarse al coste estándar.
En cuanto a las retribuciones
de los empleados públicos municipales, Hacienda aclaró a la FEMP que no tiene
"la menor intención de retocar a la baja" sus salarios. Montoro fue
así de "claro y rotundo", según Beteta, que agregó que el Gobierno sí
establecerá una "horquilla de corte" en los presupuestos generales
del Estado para limitar los sueldos. "No se va a modificar el Estatuto
Básico del Empleado Público y el complemento específico seguirá siendo el
aplicado por la administración local", puntualizó.
Beteta indicó que se han
recogido muchas de las alegaciones planteadas por los municipios y autonomías,
pero "no ha habido un acuerdo global" y persisten discrepancias.
"Todavía queda margen para seguir trabajando", apostilló el
presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), que
destacó que el texto representa "un avance sustancial".
Visión opuesta expresaron varios
alcaldes canarios, entre ellos el primer edil de Agüimes, Antonio Morales, para
quien la reforma "atenta al municipalismo" al reducir a los
ayuntamientos a "simples cascarones" sin competencias, sobre todo en
Servicios Sociales. Advirtió que si los consistorios de menos de 20.000
vecinos no cumplen los precios estándar que imponga Madrid, los servicios
pasarán a manos de los cabildos.
En términos similares se expresó el Alcalde de
Puerto del Rosario, Marcial Morales, que criticó la invasión de la
"autonomía local", aunque valoró cambios que hacen que el texto sea
"menos despropósito de lo que era".
