La Concejala de Salud y Consumo del Ayto. de Agüimes, Marirrós Rodríguez, en el centro, en una imagen de archivo |
El Ayuntamiento de Agüimes aprobó,
en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre, celebrado el pasado lunes, una
moción presentada por el grupo Roque Aguayro en la que se solicita al Gobierno
de España que se paralice la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En la moción, expuesta por la Concejala de Salud y Consumo, Marirrós Rodríguez, que contó con
el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal, PSOE y CC, excepto del Partido Popular, que votó en contra, se explica que el cambio
legislativo que ha anunciado el Gobierno de España, en materia de interrupción
voluntaria del embarazo, va a propiciar que “tengamos una de las legislaciones
más duras, restrictivas e injustas de la Unión Europea”, tal y como se
especifica en la moción, que dice textualmente:
"Ante el cambio
legislativo que ha anunciado el Gobierno de España en materia de interrupción
voluntaria del embarazo, que va a propiciar que tengamos una de las
legislaciones más duras, restrictivas e injustas de la Unión Europea, un cambio que supondrá:
Que las mujeres con embarazos no deseados
que no tengan suficientes recursos económicos, volverán a poner en peligro sus
vidas recurriendo a abortos clandestinos, y las que cuenten con medios, se verán,
como antes, obligadas a viajar a otros países para poder abortar.
Que las mujeres
no van a poder decidir sobre su maternidad porque necesitarán el permiso de
un o una profesional y, en el caso
de las menores de edad, de un tutor o tutora para poder interrumpir su
embarazo.
Que vuelva la
inseguridad jurídica para el personal sanitario y para las mujeres, que se
pueden ver implicados, como antes, en múltiples procesos judiciales condenatorios.
Que se suprimirá
el supuesto de malformación fetal, en un momento como el actual, donde hay un
aporte cero a la Ley de Dependencia.
A esto se añade
el Real Decreto Ley 16/2012 por el que se niega el derecho a la salud a las personas
indocumentadas.
Que se
endurecerán los requisitos para acceder al supuesto de riesgo para la salud física
y psíquica de la gestante.
Que se negará la posibilidad de que las jóvenes, de
edades entre 16 y 18 años, puedan decidir en algo que afectará por entero su
futuro, volviéndose a regular la edad de consentimiento en 18 años, lo que
aumentará la posibilidad de acceso a prácticas de riesgo y volverá a darse la
paradoja de que las chicas entre 16 y 18 años podrán casarse, tener hijos e
hijas, pero no podrán decidir no tenerlos.
Por todo ello,
y considerando la solicitud formulada por la Plataforma YO DECIDO, integrada
por numerosas asociaciones y colectivos de Gran Canaria, en defensa de los
derechos y libertades de las mujeres, por una maternidad responsable y por un
aborto seguro, el grupo Roque Aguayro propone a la adopción de acordar solicitar al
Gobierno de España que se paralice la modificación de la Ley Orgánica 2/2010,
de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.