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| Contradicciones energéticas en el Puerto de Arinaga |
En las últimas semanas, la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias (Px1nmec), está llevando
a los ayuntamientos de Canarias una propuesta de moción contra la reforma eléctrica
que ha supuesto la paralización del sector de energías renovables y el bloqueo
de las expectativas de negocio y empleo en torno al denominado “autoconsumo” de
electricidad.
De momento, los ayuntamientos tinerfeños de Santa Cruz,
Granadilla, Buenavista, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, La Orotava, Güimar
y Candelaria han registrado tales mociones para debatirlas en sus órganos de
gobierno.
Tras el municipio de Agüimes, los ayuntamientos de Granadilla de Abona y Santa Cruz de Tenerife han sido de los primeros en
expresar su rechazo a la reforma del sector eléctrico del Ministerio que dirige
José Manuel Soria. En ambas corporaciones municipales todos los grupos políticos
aprobaron la moción y reconocieron el trabajo de la Plataforma, con la sola
oposición de los ediles populares quienes sostienen que la reforma acabará con
los graves problemas del sector eléctrico en España y que, en Canarias, apuesta
por las renovables.
Curiosamente, en el Puerto de la Cruz, la moción fue
rechazada con los votos de Coalición Canaria y Partido Popular, lo que la Plataforma
interpreta como una muestra del veto que el grupo de gobierno local hace a toda
iniciativa venida de los grupos de la oposición, a pesar de que esta coincide
plenamente con el planteamiento oficial de los nacionalistas canarios.
Frente a la postura del Partido
Popular, la Plataforma señala que la reforma hace aguas, no soluciona nada y no
contenta a casi nadie. Añade el colectivo ciudadano que el Gobierno ha
anunciado que finalmente no dedicará los 3.600 millones de euros previstos para
la reducción del déficit de tarifa, por lo que la deuda se disparará a su máximo
nivel histórico y traerá una fuerte subida del precio de la luz que se acumulará
a las anteriores.
La Plataforma reconoce que esta
iniciativa no podrá paralizar por sí sola el sentido de la reforma, pero sin
duda es una demostración institucional del profundo desacuerdo que la política
energética del PP viene provocando en todos los niveles de la administración.
