Martes, 28 de enero.
Antonio Morales*
Desde los años ochenta el
acoso y derribo a lo público se ha convertido en el epicentro de las políticas
capitalistas más salvajes. El neoliberalismo cree que las leyes de los estados
deben estar condicionadas por los intereses de los mercados y que el poder político
no debe interferir en las transacciones económicas, aunque se perjudique a los
intereses de un país, a sus ciudadanos o al medioambiente; sostiene que ya lo
corregirá el propio mercado. Considera que con menos Estado se alcanzan mayores
cotas de libertad y por eso defiende que el mercado es el que debe avalar las
decisiones políticas, sociales y económicas. Según Lichtensztejn, bajo esta
premisa económica, que es también política e ideológica, “la sociedad deja de
concebirse como constituida por ciudadanos soberanos para convertirse, desde
ese punto de vista, en la reunión de consumidores, productores y ahorradores
soberanos”. Para este capitalismo devastador, el liberalismo no es sino una
debilidad del sistema económico. Lo que debe imperar es el darwinismo social más
radical y piensa que el Estado social que promulga la doctrina keynesiana y la
capacidad planificadora y dinamizadora de la política y las instituciones no
son más que un estorbo.
Desde la llegada de la
crisis, el ataque a lo público se ha recrudecido. El neoliberalismo ha mostrado
la peor de sus caras y está poniendo en riesgo los cimientos de las sociedades
democráticas. Como señala Diego Beas, “se ha ensañado con un tema en particular:
la incompetencia del Estado. De sus instituciones, su burocracia, sus programas
de gasto…”. Y para ello, con el objetivo de vender sus mensajes, no duda en dar
la batalla día tras día a través de los medios de comunicación y de centros de
pensamiento esparcidos por todo el mundo.
En España existe un think
tank neoliberal llamado Civismo que defiende que “la prosperidad viene de la
mano de la libertad económica y que la excesiva regulación es un obstáculo”. No
hay más alternativas que la desregulación, la escasa presión fiscal y la
reducción al mínimo del gasto público. Su presidente, Julio Pomés, asevera que
el Estado debe ser residual y solo debe existir para administrar un marco jurídico
para las empresas, para la seguridad ciudadana y la “beneficencia para los
marginados”. La sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda… deberán
correr por cuenta de cada ciudadano: “el que quiera más, que lo pague”. Cada año
este centro de pensamiento elabora un Índice de Libertad Económica (siguiendo
las pautas de otros centros internacionales de la misma tendencia como el Cato
Institute, The Foundation Heritage, Pacific Institute y Fraser Institute) por
el que se evalúa el intervencionismo y el peso del sector público de las
comunidades autónomas en las prácticas económicas. En el estudio “Libertad Económica
en España 2013”, Madrid se sitúa a la cabeza del ranking y tiene en cuenta,
claro, el aumento del 60% de los conciertos educativos en detrimento de la
educación pública; el incremento de un 15% de las plazas escolares públicas y
de un 35,6% de las privadas; la disminución en un 8% de las plazas
universitarias públicas mientras crecen las privadas en un 87%; la privatización
de la sanidad y la bajada brutal de los presupuestos sanitarios públicos; el
aumento de un 60% de las plazas en residencias de mayores en las privadas y
solo en un 1% en las públicas… La Comunidad madrileña cumple muy bien el
objetivo de conquistar y privatizar el Estado para beneficiar a una ideología.
En este índice de Civismo,
La Rioja ocupa el segundo lugar y Canarias el tercero, por delante de Murcia,
Valencia, País Vasco, Navarra, Cataluña… Pero las élites empresariales canarias
no se conforman. Les parece poco un tercer puesto. Quieren que hagamos la política
de Esperanza Aguirre: “¿Qué pide el Tea Party? Tres cosas: menos impuestos,
menos intervención del Gobierno y más nación americana. A mi me parecen tres
cosas que no están mal”. En el almuerzo de Navidad de la Confederación Canaria
de Empresarios, su presidente, Agustín Manrique de Lara, culpó directamente a
la Administración de dificultar la creación de empleo: “la intervención
regulatoria del sector público en la economía canaria es insoportable”. Era más
o menos lo que afirmó unas semanas antes su homónimo tinerfeño en un foro de
Canarias7. Pero es ahora el Círculo de Empresarios (en realidad son los mismos
empresarios) el que sale a la palestra con idéntico soniquete. En un manifiesto
publicado el pasado fin de semana, se hace referencia al REF, por cierto sin
citar los recortes del Gobierno del PP, y sin que aparezcan por ningún lado sus
intenciones de trasladar fuera de Canarias los ahorros producidos por los
incentivos fiscales. Tras citar también a los cruceros, puertos y aeropuertos,
aduanas, incentivos fiscales, etc., como elementos claves, este lobbie
empresarial se centra en el mensaje de que es la Administración la que impide
el desarrollo de Canarias: “están incurriendo en una grave irresponsabilidad
económica y social”. Para los empresarios del Círculo, la competitividad y la
productividad (que casi siempre significa más horas de trabajo por menos
sueldo) deben trasladarse también a las instituciones públicas y se debe
eliminar el entramado legislativo que provoca una “intervención desmedida en el
mercado” de los poderes públicos. Y citan a la bicha de la moratoria y piden su
derogación inmediata obviando que nació fruto del consenso social para vigilar
el impacto de las actividades económicas sobre el territorio, para frenar el
agotamiento de los recursos, para controlar los residuos y para garantizar
infraestructuras básicas de transportes, seguridad, energía, agua… Y equiparan
el desarrollo sostenible con un “frenazo insuperable”. Eso sí, no rechazan que
la Administración debe existir para dirimir enfrentamientos o para pagar los
fiascos.
Todo apunta a que estamos
ante una nueva ola inmobiliaria, (El Mundo titulaba que “los ricos vuelven al
ladrillo”) y que parece que no ha servido de nada la lección de la burbuja del
hormigón. Y no podemos olvidarnos de que, como dice Francisco J. Laporta, “en
la economía de mercado hay desastres: hipotecas, artimañas financieras,
quiebras, despidos, pobreza… Pero se han producido solos. Es el único espacio
ajeno a la responsabilidad”. Profundizar en la desregulación no nos va a traer sino
más pobreza, más fragilidad medioambiental... Es pan para hoy y hambre para mañana.
Sin duda es necesario el
consenso y la participación de todos (administraciones públicas e iniciativa
privada) para la gestión de los recursos públicos y para el desarrollo de la
economía. Para deslindar dónde puede intervenir el mercado y para saber qué ámbitos
no le pertenecen. Pero desde el diálogo y no desde la oligarquía de los
dividendos, como diría D’ Arcais. Para evitar que se sigan abriendo brechas en
la sociedad. No puede ser que los mercados y sus agentes decidan por la
ciudadanía en la economía, la política, la familia, el individuo… Como dice
Jordi Sevilla, “la capacidad del capitalismo para crear riqueza no puede ser
fundamento exclusivo de su legitimidad”. No podemos permitir que se someta el
orden democrático, las libertades y las garantías de equidad e igualdad a
decisiones de “mercados”. No podemos aceptar, desde un punto de vista democrático, lo que planteaba Friedman: “Solo una crisis, real o percibida, da lugar a un
cambio verdadero. Cuando esta crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a
cabo dependen de las ideas que floten en el ambiente. Creo que ésa ha de ser
nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes,
para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva
políticamente inevitable”.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
