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| Juan José Gil, en una imagen de archivo |
Ante las recientes declaraciones de la Consejera de
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, quien
hace unos días manifestaba que "el viento no es propiedad de Agüimes, y
por tanto los beneficios deben revertir en favor de todos los grancanarios” y
que el Sureste se ha quedado solo en la defensa del sistema de concurso para la
adjudicación de la potencia eólica, porque todo el sector ha mostrado su apoyo
al borrador de decreto que se ha preparado en la consejería para adjudicar a
través de la autorización administrativa, el Presidente de la Mancomunidad del Sureste y Alcalde de Ingenio, Juan José Gil, ha querido reafirmar las palabras de
la consejera, diciendo que sí, que es cierto, que “el viento no es propiedad de
Agüimes, ni de la Comarca, ni de nadie. Es
de todos.”
Por ello, el Alcalde
de Ingenio se pregunta por qué, con este nuevo decreto, quieren entregar el
viento, que es de todos, directamente a manos privadas sin que los beneficios
incidan en los ayuntamientos, en lo público. Recordó que con el decreto se
obviarán los concursos y se otorgarán las nuevas concesiones de potencia según
se vayan solicitando, “el primero que anda, manda,” lo cual abrirá la
posibilidad a que “cualquier inversor extranjero con mucho dinero se quede con
toda la energía renovable de Canarias, dejando fuera a nuestra gente,
dejándonos sin beneficios, y esto no lo vamos a tolerar. La consejera nos
está haciendo flaco favor; no es consciente de que se está sepultando el
futuro eólico de Canarias”, añadió Gil.
Por ello, la Mancomunidad del Sureste seguirá luchando y
continuará defendiendo la moción que, precisamente, el jueves se aprobó en el
Ayuntamiento de Ingenio denominada “Por la Participación Pública en la Energía
Eólica”, en la que se solicita que se pongan en marcha consorcios públicos
que permitan acceder a los municipios y a las islas a una parte importante de
la potencia eólica a adjudicar para facilitarles así mejoras socioeconómicas y
para que la beneficiaria del aprovechamiento de nuestros recursos naturales sea
la ciudadanía de Canarias, pero no compitiendo con la iniciativa privada, sino
disponiendo de salida para las instituciones locales de un cupo propio que vaya
más allá del 50%.
Por otro lado, se solicita que se arbitren fórmulas para que
la pequeña y mediana empresa local pueda pugnar en condiciones de igualdad con
las grandes eléctricas y con los fondos de inversión interesados en optar a la
solicitud de potencia.
Asimismo comunica que en el concurso de 2007 se
valoraba positivamente, para obtener una adjudicación, el grado de contribución
de los parques eólicos a las corporaciones locales y se puntuaba más la
propuesta si se firmaba un convenio con los ayuntamientos o con los cabildos
por los que se les donaba hasta un 9% con fines energéticos, medioambientales y
sociales. Por ello, también con esta moción se solicita que el gobierno canario
garantice a todas las instituciones públicas participantes que esos convenios
se van a mantener y que no se permita que nadie utilice subterfugios para
obviar los compromisos.
Por último se pide que se consideren como incentivos
para la adjudicación la contribución a la mejora del medio natural y de la
calidad de vida de los hombres y mujeres de Canarias.
