Antonio Morales*
De nuevo la mentira como expresión
nítida de la carencia de ética y de moralidad a la hora de ejercer la política.
Como expresión del desprecio a la ciudadanía. De la arrogancia en el ejercicio
del poder. El pasado fin de semana, sentado junto a su mentor José María Aznar, y en la clausura del Campus FAES, el paradigma del neoliberalismo, Mariano
Rajoy, sacó pecho y manifestó que es falsa la afirmación de que su
Gobierno ha hecho recortes en sanidad y en el Estado de bienestar. Para el
presidente español “hay quién tiene afición a las malas noticias. Se ha
intentado explicar que todos los recortes se han hecho a costa de la política
social. La sanidad es más universal que antes, hoy ningún español queda fuera
del sistema. No hay copago sanitario, hay copago farmacéutico, pero es que
antes ya lo había…”.
Unos días después, la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria presentaba en la ULPGC el informe SESPAS 2014 donde se
demuestra el incremento de las desigualdades sociales en España y las posibles
repercusiones sobre la salud, a largo plazo, del paro, la pobreza, los
desahucios, el miedo, etc., en forma de enfermedades crónicas, cardiovasculares
o demencias. Para el grupo de expertos encargado de su elaboración, existen
dudas sobre la independencia de las decisiones políticas en temas sanitarios
ante las presiones de las grandes corporaciones privadas; un mal entendido
concepto de la austeridad que auspicia un “solapado asalto al universalismo que
tendrá aciagas consecuencias”; privatizaciones sin soportes científicos y
recortes como los copagos que suponen “un impuesto a la enfermedad y un gasto
catastrófico familiar”.
Pero no son los únicos en hacer visible esta realidad.
Durante estos dos últimos años, distintos sindicatos, asociaciones de defensa
de la sanidad pública, pacientes, instituciones sanitarias y sociales y
organizaciones sanitarias diversas han ido desgranando datos y denuncias sobre
el grave deterioro de la sanidad pública española fruto de los recortes y de la
intencionalidad ideológica de hacerle el mayor daño posible para justificar su
privatización. Así, colectivos de psiquiatras y psicólogos han denunciado que
los recortes de la sanidad pública están deteriorando la atención a los enfermos
mentales, justo cuando los casos de depresión han aumentado en un 20% y se
constata un incremento de las enfermedades mentales; los médicos de familia han
revelado que el copago ha afectado seriamente al cumplimiento terapéutico del
paciente, que se ve obligado en muchas ocasiones a abandonar su tratamiento por
no poder pagarlo y que hoy muchas personas tienen que elegir entre comer o
pagarse las medicinas, lo que provoca casi 20.000 muertes prematuras y un gasto
de más de 11.000 millones; los sindicatos han demostrado que en apenas dos años
se han perdido más de 53.000 empleos en la sanidad pública; el Atlas de la
Sanidad Mundial de la OMS señala que España ha pasado, en solo un año, del
puesto décimo del mundo en proporción de médicos por cada 10.000 habitantes al
puesto dieciséis; la OCDE en su informe de 2013 advierte que el gasto sanitario
en España ha bajado en los dos últimos años: la reducción ha sido en realidad
de 8.000 millones de euros en los últimos cuatro años hasta situarse en los niveles
de 2007; las estadísticas demuestran que las listas de espera se incrementan y
que los recortes han conseguido que la demora para operarse se haya elevado en
un 125% en un año y medio y que el número de pacientes que tienen que esperar
más de seis meses para entrar en un quirófano haya aumentado en casi un 200%, y
no digamos para la atención por parte de un especialista o para una simple
radiografía o una resonancia. Se recorta el personal pero también el material
sanitario, las comidas, los horarios; el hacinamiento de los hospitales, la
precariedad de los trabajadores y los pacientes y la pérdida de calidad de los
servicios avanzan a un ritmo imparable…
En Canarias los datos no son más
halagüeños. Es más, son peores que en la mayoría de las comunidades. Según el
informe de la UGT, “Cuestión de vida o muerte. Análisis comparativo del sistema
público de salud”, Canarias, junto con Valencia, es la comunidad autónoma con
los peores ratios, situándose a la cola en financiación per cápita, número de
profesionales sanitarios, tiempo de espera para consulta y pruebas e
intervenciones quirúrgicas. Y encabeza el listado de muertes prematuras y el
desvío de fondos públicos a clínicas privadas. Más de 30.000 ciudadanos están a
la espera de ser operados en hospitales públicos. Unos 25.000 está pendientes
de ser recibidos por un especialista. Casi 200 médicos han sido forzados a la
jubilación para ahorrarse sus salarios. La falta de alternativas para los
crónicos y la escasez de residencias hacen que el déficit de camas para agudos
se acreciente. Los psiquiatras señalan que los servicios de salud mental se
retrotraen a los niveles de los años 80…
La sanidad pública es imprescindible
para paliar los efectos de la crisis sobre los sectores con menos recursos de
la sociedad, sobre los que no pueden pagarse un seguro privado para hacer
frente a sus necesidades sanitarias. La quiebra de los servicios públicos
sanitarios profundiza en la desigualdad. Pone a muchas personas que no
consiguen hacer frente al coste de los medicamentos más básicos o a los
específicos para dolencias serias, que suelen ser mucho más caros, en una
peligrosa situación de precariedad y riesgo vital. Se resquebraja, por tanto,
la necesaria igualdad y la solidaridad en el acceso a los recursos públicos por
parte de cualquier ciudadano al margen de su condición social o económica.
Los
recortes, los ajustes y el deterioro de la sanidad pública no tienen que ver
necesariamente ni en su mayor parte con la crisis, ni con el ahorro y ni
siquiera con la mala gestión de los recursos. Detrás de este retroceso en la
aportación de medios se trasluce una clara intencionalidad ideológica de
desmoronar la sanidad universal para favorecer los intereses privados. Según el
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIOS), que defiende
la gestión privada, la recuperación económica será lenta, lo que favorecerá una
reducción presupuestaria de la sanidad pública y conllevará un progresivo
empeoramiento de la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud. Este deterioro
derivará también en una “obsolescencia tecnológica” y en una reducción de la
cartera de servicios financiados, lo que según los expertos podría ocasionar un
aumento de las pólizas de seguros privados. Como asegura la Fundación 1 de Mayo
de CCOO, se trata de segmentar la asistencia sanitaria favoreciendo el
establecimiento de un sistema de seguros para las personas con rentas altas
(probablemente acompañado de desgravaciones fiscales), un sistema de seguridad
social de baja calidad para los trabajadores por cuenta ajena y un modelo de
beneficencia para el resto de la población. Ya lo advertía recientemente el
consejero de Reale Seguros: “los seguros privados de salud son los que más van
a crecer”.
No es casualidad entonces que el dinero que la sanidad pública paga
a la privada a través de conciertos diversos (casi 8.000 millones de euros)
haya crecido un 52% en los últimos 10 años. Por cierto, el primer lugar en
estos conciertos lo ocupa Cataluña y el segundo Canarias que destina casi 300
millones a estos menesteres. Igualmente, los únicos seguros privados que crecen
en la actualidad son los dedicados a la sanidad: pese a la crisis, los seguros
de salud han crecido un 29% en los últimos años (al amparo del declive de la
sanidad pública el sector ha duplicado su tamaño en apenas una década). Tampoco
paran de aumentar las fórmulas de financiación público-privada y de concesión
administrativa, que popularizara Tony Blair y que está consiguiendo que fondos
de capital riesgo estén construyendo y gestionando hospitales y centros de
salud públicos, una fórmula de privatización directa apenas camuflada. Y
aparecen para esto los oligopolios de siempre que aquí se llaman,
fundamentalmente, Capio (capital riesgo británico), USP-Quirón (fondo de
inversión también británico) y Ribera Salud (Adeslas y Sanitas). Se impone la
cuenta de resultados por encima de la calidad asistencial y, como demostró la
marea blanca madrileña, los seis hospitales semiprivados de esa comunidad
suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales.
Y claro, como sucede
con la energía, pronto emergen las famosas puertas giratorias que permiten el
trasvase de cargos públicos y ejecutivos desde la sanidad pública a la privada
o al revés. Es el caso de los exconsejeros de sanidad Lamela y Güemes que
pelearon por privatizar la sanidad madrileña y terminaron en la órbita de
Capio. O el exministro de Aznar, Romay Beccaria y tantos otros.
La Federación
de Asociaciones Científico-Médicas de España, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos y las Sociedades Científico-Médicas han hecho público un
manifiesto donde se oponen duramente a las privatizaciones. La OMS insta a
universalizar la cobertura sanitaria en el mundo porque eso salvaría ocho
millones de vidas y señala que más de 100 millones de personas caen en la
pobreza cada año por gastos en salud. Aquí remamos en sentido contrario y
encima nos quieren hacer creer que nuestra sanidad “es más universal que
antes”.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
