Martes, 25 de noviembre.
Antonio Morales*
Durante los últimos días he estado
insistiendo en trasladar a la ciudadanía las más recientes y graves fullerías
del lobbie eléctrico y de sus cómplices de la política. He ido describiendo la
operación de descapitalización de treinta y dos mil millones de euros de Endesa
a favor de su matriz italiana Enel, el negociete redondo de Florentino Pérez
(ACS) que se embolsa una cantidad multimillonaria a costa de los ciudadanos por
el proyecto fracasado del cementerio de gas Castor, las relaciones solapadas
del PP, Montoro y Red Eléctrica y las investigaciones de la CNMC sobre
incrementos de tarifas fraudulentos por parte de las eléctricas. Pero esto no
para aquí. Desgraciadamente, con mucha frecuencia aparecen nuevos datos que
desvelan el control de las políticas legislativas y ejecutivas por parte de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), conformada por Endesa,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On España y EDP. Es una vieja madeja que se va
deshilachando poco a poco dejando un rastro de pingües beneficios y ataques
brutales a todo lo que huela a competencia, renovables y democratización de la
energía.
El pasado domingo 16 de noviembre, el
periódico El País adelantaba una noticia que viene a confirmar lo que muchos
hemos estado diciendo en los últimos años: tras una denuncia de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético, la Fiscalía Especial contra la Corrupción
investiga al ministerio de Industria (han declarado ya dos abogados del Estado
y un secretario de Estado de Energía) por prevaricación, tráfico de influencias
y malversación al haber permitido que prescribieran los plazos de devolución de
más de 3.400 millones de euros provenientes de cobros indebidos de las
eléctricas a los ciudadanos a través de los Costes de Transición a la
Competencia.
Este “enriquecimiento injusto”, como
lo califica la abogacía del Estado, viene desde muy atrás. Todo empezó con las
privatizaciones de José María Aznar que se realizaron, en su mayoría, “no
acordes con los procedimientos establecidos”, según el Tribunal de Cuentas. Para
este órgano fiscalizador, “en todas las ventas se realizó una valoración
externa, aunque con frecuencia el responsable de la misma fue el asesor de la
operación de privatización, lo que pudo influir en la objetividad de la
valoración. (…) En tres casos, las informaciones necesarias para realizar las
valoraciones fueron aportadas por los directivos de las empresas vendidas, que
finalmente fueron los compradores totales o parciales de las mismas”. En el
procedimiento de Repsol, los dos bancos preseleccionados para actuar como
asesores y coordinadores eran accionistas de la petrolera y en la Operación de
Venta Pública de Endesa sucedió otro tanto de lo mismo, lo que para el Tribunal
fiscalizador “pudo afectar a la transparencia del proceso y generar conflictos
de intereses”. Luego, ya saben, amigos de pupitres y compañeros de partidos
coparon los puestos directivos de las empresas privatizadas. Y más tarde lo
harían ministros, secretarios de Estado y los mismos expresidentes que
facilitaron las operaciones. Y no pasó nada. Nadie movió un dedo. Nadie ha
pagado por todo esto y por lo que ha sucedido después.
De esta época proviene el inicio del
famoso déficit tarifario que ya va por más de 30.000 millones y que se inventó
Rodrigo Rato para mayor gloria de las eléctricas. Para que cobraran y cobraran
sin que se notara inicialmente en los recibos. Y provienen también, de la mano
de Josep Piqué, en 1988, los famosos Costes de Transición a la Competencia que
pretendían reconocer la “existencia de unos costes de transición al mercado
competitivo”. En definitiva, se trataba de garantizarles las ganancias ante una
posible liberalización del mercado que nunca se produjo, pues desde el
principio expresaron su voluntad de repartirse el pastel como un cártel, sin apenas
competencia entre ellos. En aquellos momentos la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico (que después pasaría a ser la Comisión Nacional de la Energía)
advirtió, en uno de los momentos del proceso de autorización de cobros por los
CTCs, que todo se hacía de una manera bastante irregular y sin memoria: “se
acompaña sólo de una 'justificación' que no es tal, pues lo único que hace es
describir la operación, sin ofrecer ni una sola justificación”. Y afirma
textualmente que “dice 'qué' se hace, pero no se dice ni 'por qué se hace' ni
qué efectos tiene”. Y apunta que los beneficiarios son las eléctricas de Unesa
de aquel entonces y los perjudicados los consumidores, “que tendrán que pagar
la electricidad un 4,5% más cara en los próximos quince años” y los servicios
públicos, los despachos profesionales liberales, las empresas del sector
eléctrico distintas de Unesa…
A pesar de que las empresas se
beneficiaron de casi nueve mil millones a través de los CTCs que pagamos todos
los consumidores en los recibos, las compañías eléctricas fueron insaciables y
engordaron las cantidades hasta el 2006 que se les cortó el grifo. La abogacía
del Estado advirtió al Gobierno socialista en 2008 que se habían producido en
todos esos años unas ganancias indebidas que tenían que ser reclamadas antes de
2010, pero eso nunca se hizo. Y lo mismo parece que ha sucedido con este
Gobierno popular que tenía que haber liquidado una parte antes de que
prescribiera este año. Todos se olvidaron. Dejaron correr los plazos. Las
eléctricas se quedaron con esas cantidades que tenía que reclamar el Gobierno y
que no reclamó y que superan, como ya apunté, los 3.400 millones de euros. Para
el experto en el sector eléctrico Jorge Morales, si los CTCs se hubieran
liquidado correctamente, los consumidores se habrían ahorrado un importe
similar a los 30.000 millones del déficit tarifario.
El que podría ser uno de los mayores
casos de corrupción de la democracia se suma a las prebendas que han conseguido
las eléctricas por parte de José Manuel Soria y Mariano Rajoy en esta
legislatura al atacar sin cuartel a las renovables hasta ponerlas al borde del
precipicio. A este Gobierno no le ha temblado el pulso para legislar a favor
del lobby acabando con las primas a las renovables, incluso con efectos retroactivos, o aumentando, con una subida media de un 70%, el término de potencia eléctrica
que tienen contratada las empresas y los hogares, lo que ha hecho ganar a las
eléctricas en el último año unos 8.000 millones de euros sin que bajen las
deudas del déficit tarifario. Mientras, se amenaza con multar hasta con 60
millones a las personas o pymes que generen energía en sus hogares sin pagar
los peajes de respaldo disuasorios que desaniman al consumidor y potencian el
monopolio de las eléctricas. Por eso no les importa que la CNMC les imponga de
vez en cuando alguna sanción como la del año pasado de 61 millones a Endesa,
Iberdrola y Gas Natural por pactar precios o la de 1,2 millones a Endesa este
año por cobros indebidos. Que más da. Está todo controlado. Si hace falta se
echa mano del ejército para garantizar el oligopolio.
Da mucha rabia que suceda esto
mientras vemos que Alemania se convierte en la primera potencia mundial en
apoyar las renovables e incentivar su producción con primas, o que la industria
eólica crezca en todo el mundo menos en un país como España, a pesar de que
antes había sido vanguardia internacional y pionera en la investigación y en
desarrollo de nuevas tecnologías; de que en los nueve primeros meses de este
año se haya conseguido ahorrar a los consumidores 2.718 millones de euros
gracias a la energía producida por el viento, mientras se potencia el gas y el
petróleo; de que los costes de la eólica se hayan reducido en un 58% en los
últimos cinco años al tiempo que se la estrangula; de que la eólica española
haya exportado entre 2009 y 2013 por un valor agregado de más de 11.000
millones, muy por encima del vino o del calzado, al tiempo que aquí se la
persigue. Produce una enorme irritación comprobar como el 80% del parque
fotovoltaico español está abocado a la quiebra por no poder afrontar el pago de
la deuda o que se siga impidiendo el autoconsumo que democratiza la energía y
genera economía social mientras el oligopolio no deja de enriquecerse. Fiscalía
Anticorrupción debería ir más allá entonces de la investigación de los fraudes
de los Costes de la Transición a la Competencia. Fraudes y corrupciones hay
más, muchos más.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)
