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| Comunicado de la PAH Stop Desahucios Sureste GC |
La Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH'S Canarias) señalan en un comunicado que "el Partido Popular fuerza al Tribunal Constitucional a suspender la Ley Canaria de Vivienda" y, ante dicha acometida, las PAH's Canarias vuelven a llevar a las calles su protesta para exigir el cumplimiento de la citada ley, "tan necesaria para aliviar a las numerosas familias que en estos momentos tienen problemas para acceder a una vivienda en el archipiélago y se encuentran al borde de la exclusión social", y para presionar al Gobierno de Canarias a que presenta las alegaciones oportunas.
En la nota se añade que "no se puede permitir a las entidades bancarias tener bienes de primera necesidad inutilizados mientras hay más de 32.000 ciudadanos-as solicitando una vivienda pública. La aplicación de esta ley ayudaría a paliar el problema de vivienda en una región con las tasas de paro y pobreza más altas de la UE. Se calcula que hay 130.000 viviendas vacías en Canarias y, por otro lado, solo en 2014 se contabilizaron 4.298 desahucios (2.042 por ejecución hipotecaria y 2.086 por impago de alquileres), a un ritmo de un desahucio casi cada dos horas".
Las PAH's Canarias (Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote y Stop Desahucios Sureste GC), con el apoyo de los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, quieren "visibilizar pacíficamente que la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución y, como tal, debe ser garantizado". Ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Ley Canaria de Vivienda, tras el recurso del Gobierno de España, "exigimos una respuesta contundente por parte de las corporaciones autonómicas", indica el comunicado.
La sangrante situación de emergencia habitacional que se vive en Canarias contrasta con la estimación de vivienda vacía y los altos índices de exclusión que sufre la población canaria. Además, apuntan, "recientemente hemos conocido un informe del BCE que da por perdidos 44.000 millones del rescate bancario en España, el equivalente a un 4,2% del Producto Interior Bruto (PIB), a costa de las arcas públicas".
La Coordinadora de PAH'S Canarias considera que falta voluntad política para disponer de un parque de vivienda pública que ayude a paliar la difícil situación de las familias en las islas y "exigimos que, tal y como dispone la Constitución, el Gobierno de Canarias regule la situación de estas viviendas de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Tal y como dispone la Ley Canaria de vivienda, "si tenemos en cuenta que el rescate bancario ha sido pagado por todos los contribuyentes, se debería cuestionar, si no el derecho a la propiedad de dichos inmuebles, al menos el derecho a su uso, y nos parece inadmisible que los causantes de la crisis que la ciudadanía está sufriendo mantengan viviendas deshabitadas aumentando, además, la morosidad de las mismas, ya que no suelen pagar, en su mayoría, los gastos derivados de las comunidades de vecinos, los suministros y los impuestos municipales".
Ante la pasividad de las instituciones, que destinaron fondos para la elaboración y el desarrollo de la ley y el más que limitado presupuesto a las ayudas sociales, las PAH's Canarias han desarrollado la Obra Social para ofrecer una alternativa de vivienda digna a muchas familias afectadas por la crisis económica.
Sin embargo, el hecho de que la movilización ciudadana haya sido clave a la hora de conseguir una solución real para las familias, no exime a las administraciones de su responsabilidad social y "recordamos que bajo la excusa de no tener los protocolos activados, el Gobierno de Canarias no ha hecho nada por cumplir la Ley Canaria de Vivienda, aprobada en junio de 2014".
La acción protesta, bajo el lema "Juntas seremos imPAHrables", y el llamamiento conjunto a la sociedad civil para que se sume a la campaña de presión, con el fin de que se empiece a crear un registro de vivienda deshabitada que en la actualidad no existe, tendrá lugar hoy, a las 11.00 horas, frente a las delegaciones del Gobierno en Lanzarote y Fuerteventura y en las oficinas de vivienda del Gobierno de Canarias en Tenerife y Lanzarote.
