 |
| Reunión del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria (Foto: Acfi Press) |
El Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, que está constituido por el Cabildo de Gran Canaria y 18 municipios de la isla (sólo quedan fuera Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y San Bartolomé de Tirajana), eligió ayer a los representantes de las dos zonas de la isla: la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y Heriberto Reyes, concejal de Gáldar.
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó esta pasada semana tras la reunión que "en materia de vivienda existe voluntad de trabajar con los municipios y propiciar alternativas dentro de este consorcio, donde estará ubicada la oficina de vivienda". Morales precisó que se pretende abrir una ventanilla única en cada municipio de la Oficina Antidesahucio para que los usuarios puedan solicitar asesoramiento y asistencia jurídica sin trasladarse a la capital grancanaria.
"Pretendemos llevarlo al pleno de final de mes, donde estarán todas las propuestas que queremos poner en marcha para los próximos cuatro años. Desde luego en nuestro proyecto político jugará un papel fundamental centralizado. Queremos dotar una oficina de la vivienda, ese será un objetivo fundamental de esta legislatura dentro del consorcio", añadió.
Por su parte, la Consejera de Vivienda, Ylenia Pulido, destacó que "la idea es que el consorcio de vivienda, dentro de las competencias que tiene, pueda desempeñarlas todas. Una de estas ideas es impulsar una oficina de mediación hipotecaria. Estamos trabajando en ello, nos estamos reuniendo con varios alcaldes de distintos municipios para ver cómo podemos impulsar esto para que haya un sentido unitario".
Pulido señaló que "queremos llevar una lucha única con criterios que todos podamos compartir para evitar que haya personas que se queden sin casas. Ya estamos trabajando en ello. La idea es empezar a tener reuniones de trabajo con todos los agentes que tengan algo que decir en esto, ya sean asociaciones, entidades bancarias, corporaciones locales, y así tener una visión global de lo que esta pasando para poder tomar las decisiones oportunas".
Como hecho novedoso, los representantes insulares destacaron la aspiración de la periodicidad en las sesiones con los ayuntamientos "para reunirnos cada tres meses. Eso es una evidencia de que hay voluntad de que se trabaje en este sentido. Cada tres meses nos vamos a ver para trasladar a todos lo que hayamos hecho tanto por parte del Cabildo de Gran Canaria como por los ayuntamientos".
Antonio Morales matizó que "es importante señalar que vamos a sumar esfuerzos entre la oficina que creemos junto a las que ya están funcionando en los municipios. Vamos a intentar que otros municipios se sumen también y que podamos coordinar el trabajo de la oficina del Cabildo de Gran Canaria con el de otras oficinas de los municipios".
La consejera, por su parte, dijo que espera que la nueva oficina anti desahucios se ponga en marcha desde que los consejeros se incorporen de las vacaciones del mes de agosto para poder impulsar el proyecto en septiembre. "Estamos trabajando a tope para hacerlo, pero como queremos coordinar todo para que intervenga el mayor número de personas en esto, esperamos que en septiembre ya podamos hacer las cosas bien y poder tener la oficina en condiciones. Queremos que participe todo el mundo y que no sea una idea solo del Cabildo de Gran Canaria. Es una idea en la que vamos a participar todos".
Con respecto al anuncio del Cabildo de Gran Canaria de potenciar un servicio de asesoría jurídica en colaboración con el Colegio de Abogados de Las Palmas, la consejera señaló que el año pasado, con el anterior gobierno insular, se firmó un convenio entre el Consorcio de Vivienda y el Colegio de Abogados, "pero en prácticamente un año solo se atendieron trece solicitudes, con lo que contrasta con la realidad. Lo cierto es que hasta el momento solo en Gran Canaria se han llevado a cabo unos 800 procedimientos de ejecución hipotecaria".
El Cabildo de Gran Canaria ha hablado con el Colegio de Abogados para exigir una determinada experiencia en esta materia o incluso la posibilidad de tener charlas en el Colegio en el próximo mes de setiembre "para transmitir a los letrados lo que pretendemos con la oficina. No solo se pretende llevar a cabo una función estrictamente técnica. Estoy segura que los letrados que se acogen a este convenio también tendrán un aspecto socia que hay que poner en valor y que estas personas están claramente preocupadas por este problema".
La consejera reconoció que "yo quiero realzar la labor del letrado, que tiene una labor fundamental, pero debe ir de la mano de una labor social con las plataformas que hasta ahora han venido cumpliendo una labor que no han acometido las instituciones".
En 2014 se llevaron a cabo casi 1.300 desahucios en la provincia de Las Palmas, "lo que contrasta con las peticiones que se han hecho para acogerse a ese convenio".
La consejera sentenció que "el problema que teníamos es que, para acogerse a este convenio, los afectados tenían que recoger la documentación aquí, en el Cabildo de Gran Canariairá. La idea ahora, a través de los ayuntamientos, es crear una ventanilla única donde se gestione todo esto para que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta Las Palmas capital".
