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| Imagen de archivo del Velatorio Municipal de Agüimes casco |
La nueva normativa de sanidad mortuoria ha dejado en situación irregular a casi la mitad de los tanatorios y velatorios de la isla, por lo que los ayuntamientos se verán abocados a cerrarlos si el Gobierno de Canarias no acepta la prórroga que ha pedido la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para adaptar estas instalaciones.
El decreto que regula los servicios funerarios y el tratamiento de los cadáveres se aprobó en diciembre de 2014 y entró en vigor el pasado 8 de julio, "sin tiempo para realizar las obras necesarias", según la queja unánime de los alcaldes.
El nuevo reglamento de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias impone requisitos urbanísticos y condiciones sanitarias que solo cumplen los tanatorios y velatorios de reciente construcción, pero todos han seguido en funcionamiento, unos a la espera de la prórroga para realizar las obras de adaptación y otros a la expectativa porque los ayuntamientos no disponen de fondos para realizar ese gasto.
Los requisitos que más se incumplen en estas instalaciones municipales son los de adecuación de las salas de preparación de los difuntos, la eliminación de barreras arquitectónicas y los accesos independientes para el traslado de los cadáveres y de los familiares y allegados.
En lo que a Agüimes se refiere, los velatorios de Agüimes casco y de Montaña Los Vélez necesitan de las obras incluidas en la nueva normativa, mientras que el resto, incluido el Crematorio del Sureste, en el sector P3 Norte del Polígono Industrial de Arinaga y único autorizado en la Comarca del Sureste para realizar incineraciones de difuntos, cumplen con todas las condiciones.
El Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, señala que "ya hemos abordado este problema en el comité ejecutivo de la FECAM y en una reunión con el Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, que se ha mostrado receptivo a conceder una prórroga a los ayuntamientos como ha ocurrido en otras comunidades españolas".
La FECAM ha encargado un informe y busca una vía jurídico administrativa para solicitar el ejecutivo regional una prórroga de dos años, probablemente a través de una iniciativa en el propio Parlamento autonómico, subraya el primer edil agüimense. "Los ayuntamientos necesitan que al menos se amplíe el plazo para adaptar los tanatorios porque tienen que buscar financiación, elaborar los proyectos e incluir las partidas económicas en los presupuestos del próximo año", indica Hernández.
Para los municipios pequeños supone un serio problema adecuar esos establecimientos al nuevo reglamento y proponen que sea el Gobierno de Canarias el que haga frente a esos gastos. O al menos, a una parte de ellos. Otra alternativa sería incluir esas obras en el Plan de Cooperación Municipal del Cabildo de Gran Canaria, pero eso significa detraer el dinero de actuaciones más urgentes en carreteras o redes de alcantarillado.
