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| La Presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, en una imagen de archivo |
La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) ha contabilizado, después de años investigando, los casi 300 ciudadanos españoles "asesinados" por el Frente Polisario durante las décadas de los 70 y 80. Su presidenta, la agüimense Lucía Jiménez, hija de uno de los fallecidos, admite que aún no ha podido localizar a los familiares de todos los muertos, pero se muestra satisfecha porque el Ministerio del Interior ya ha reconocido a 130 asesinados como víctimas del terror ejercido por el Polisario y porque la Ley 29/2011 les otorga el mismo estatus que a cualquier otro damnificado por el terrorismo.
Sin embargo, considera que aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en el terreno judicial. Ninguno de los asesinatos ha sido resuelto por los tribunales, "por lo que los autores materiales campan a sus anchas y con impunidad". Han pasado casi 40 años desde que se produjeron algunas de las masacres contra compatriotas, la mayoría de ellos civiles, en lo que entonces era el África español, por lo que el delito de terrorismo habría prescrito. Sin embargo, no es en esta tipología penal en la que piensan actualmente los familiares de las víctimas.
ACAVITE ha acudido al abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, artífice de la querella planteada por la Asociación Dignidad y Justicia que ha provocado el procesamiento de cinco exdirigentes de ETA por lesa humanidad en la Audiencia Nacional y autor del primer estudio jurídico que argumentó la existencia de este mismo delito en relación con los crímenes del franquismo (causa que se investiga en Argentina). El letrado ha aceptado el reto y trabaja ya en la interposición de una querella por lesa humanidad contra el Frente Polisario por los mencionados asesinatos cometidos en los años 70 y 80.
Esos años, argumenta Rodríguez Arias, los pescadores españoles que patrullaban la zona de El Aaiún o los trabajadores que picaban piedra en las minas de fosfatos de Fosbucraá fueron aniquilados en masa. Barcos con toda la tripulación pasada a machete, secuestros, torturas físicas y psicológicas o ametrallamientos en bloque eran algunas de las desastrosas "postales" que dejaron los terroristas y que nunca han sido ajusticiadas. "No se ha condenado a nadie por estos atentados", asegura el abogado, que recuerda que las víctimas eran, en su mayoría, civiles canarios, aunque también había andaluces, vascos, gallegos y militares.
"Hemos contabilizado hasta medio centenar de secuestros, además de los 300 asesinados, algunos de los cuales también fueron previamente retenidos", explica Lucía Jiménez, que era solo una niña cuando su padre fue herido en uno de los múltiples ataques que sufrió la población española en la zona en 1976. En línea con Rodríguez Arias, la joven agüimense considera que lo que pasó aquellos años fue una serie de ataques sistemáticos y generalizados contra ciudadanos españoles. "Se dan todos los elementos para considerar que estamos ante crímenes de lesa humanidad", resume el letrado.
"Ha habido masacres, desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por un grupo contra un conjunto de personas con las mismas características", considera Rodríguez Arias. "El Frente Polisario contaba con una estructura militar perfectamente organizada y mantenía el dominio sobre un territorio", añade el abogado, quien subraya que estos actos podrían estar prescritos si fueran considerados terrorismo, pero que al tratarse de lesa humanidad, como él considera, no se habrían extinguido aún.
Jiménez, por su parte, critica con fuerza la actitud política de muchos gobiernos de España y, en concreto, de los diferentes ejecutivos de Canarias hacia el Frente Polisario. Recientemente, sin ir más lejos, asegura, Fernando Clavijo se reunió con una delegación del Polisario. "Nos parece indecente e improcedente", afirma, y añade que "los ejecutivos deberían apoyar a las familias de los asesinados y a los que sufrieron las torturas de los terroristas y no perpetuar al Frente Polisario".