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| Celebración del pleno del Cabildo de Gran Canaria (Foto: Acfi Press) |
Redacción
El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer una moción del grupo de gobierno instando al Ministerio de Fomento, a la Dirección General de Aviación Civil y a AENA a que inicien las oportunas actuaciones para paliar los efectos "limitativos e innecesarios" de las actuales servidumbres aeronáuticas que frenan la implantación de las energías renovables e "impiden el crecimiento sostenible de Gran Canaria".
El Cabildo de Gran Canaria calcula que afectan a un 20% del territorio insular y, dentro de éste, al 27% del perímetro costero, un área compartida por nueve municipios y a la que estas servidumbre imponen severas restricciones, con "especial y demoledor impacto" para la zona este, que alberga el aeropuerto y la base aérea de Gando.
Esa área posee, sin embargo, un gran potencial socio-económico y reúne las mejores condiciones para la implantación de las energías limpias y, de hecho, las zonas óptimas para instalar aerogeneradores con los que obtener energía eólica en Gran Canaria se encuentran en la plataforma costera del Sureste.
Por ello, la moción plantea reubicar o sustituir por otros más modernos y de menor impacto algunos de los actuales equipos de apoyo a la navegación aérea cercanos a ambos aeródromos.
"Tan sólo se trata de adoptar aquellas medidas encaminadas a la reubicación de las radioayudas, a la inversión en las nuevas tecnologías, soluciones que conocen perfectamente y que se han implantado en numerosos aeropuertos internacionales, españoles y extranjeros", reza el texto propuesto por el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, ya que hay decisiones que dependen de la voluntad política y que garantizan el mismo nivel de seguridad, generando una menor afección.
De hecho, en abril de 2013, el gobierno de la isla ya acordó una primera moción, precisamente con la intención de agilizar los estudios y gestiones necesarios para reubicar los equipos y que dejaran así de representar un obstáculo para la consecución de tres objetivos "prioritarios" para la isla: el aprovechamiento de los recursos renovables propios, la promoción de la eficiencia energética y la reducción de la emisión de los gases que provocan el efecto invernadero.
Tras estudiar todas las afecciones impuestas por la Administración central, así como las posibles acciones para paliar sus efectos, y elevarlas a los estamentos oportunos, el Cabildo de Gran Canaria entiende que la Dirección General de Aviación Civil no solo no ha sido sensible a las demandas de Gran Canaria, sino que obstaculiza la consecución de los citados objetivos con la "aplicación parcial" del marco normativo vigente.
La moción argumenta que existe una "importantísima base documental" que demuestra que Aviación Civil siempre establece en sus informes limitaciones al crecimientos basadas "en el mínimo esfuerzo y en la mínima inversión" sin considerar singularidad alguna y "contraviniendo en la letra y en el espíritu la propia legislación aeroportuaria".
En ese sentido, el preámbulo Decreto 1541/03, de 5 de diciembre, de servidumbres aeronáuticas, establece la necesidad de que se eviten restricciones localmente innecesarias y se adapten las servidumbres teóricas a la realidad urbanística y topográfica de cada territorio.
Sin embargo, desde la aprobación del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, la Dirección General de Aviación Civil ha ejercido "con especial celo" sus prerrogativas a la hora de informar sobre el planeamiento territorial y urbanístico afectado por las servidumbres, hasta el punto de que, en la mayoría de los casos, los informes han sido desfavorables, lo que ha obstaculizado las inversiones y el desarrollo de las zonas afectadas.
Sin ir más lejos, la zona ubicada por encima de la GC-1 sigue afectada por las servidumbres aeronáuticas y es objeto de duras restricciones pese a estar excluida de los planes de vuelo porque su orografía supera en cota el umbral de seguridad.
Además, la Administración central desaprovechó la oportunidad de mejorar esta situación cuando en 2011 se promulgó un Real Decreto que se limitó a refundir y actualizar anteriores regulaciones, manteniendo las afecciones establecidas desde 1968.
