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| Vista de la asamblea de alcaldes celebrada ayer (Foto: Acfi Press) |
Redacción
El Cabildo de Gran Canaria y 18 municipios de la isla aprobaron ayer presentar al Gobierno de Canarias un proyecto común por 600 millones de euros en diez años para financiar con cargo a los fondos del Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE).
La iniciativa fue respaldada por los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea, Agaete, Gáldar, Guía, Arucas, Moya, Valleseco, Teror, Santa Brígida, Tejeda y Artenara, mientras que los ayuntamientos de Mogán, San Mateo y Firgas votaron en contra del acuerdo.
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reunió ayer a los primeros ediles de los 21 municipios para poner en común los proyectos susceptibles de ser financiados con el IGTE y elevar una propuesta conjunta por 600 millones, de los que hoy presentó un avance por los 345 millones que corresponden gestionar al Cabildo de Gran Canaria, mientras a los ayuntamientos corresponde realizar propuestas por la cuantía restante, según los criterios del REF.
Asimismo, Morales aclaró que en la propuesta no están incluidas, "ni mucho menos, todas las necesidades de Gran Canaria, sino las susceptibles de ser financiadas con cargo a estos fondos, mientras que el resto se acometerán a cuenta de otras líneas de financiación como los convenios bilaterales con el Estado, ya sean de Carreteras, Costas y Obras Hidráulicas, así como otras vías, incluida la de los fondos propios".
De hecho, prosiguió, la institución insular "cuenta con proyectos ya redactados para ejecutar de forma inminente que abarcarían las cuatro primeras anualidades".
Morales resaltó, además, que la propuesta ha sido estudiada para que sea equilibrada desde distintas vertientes, como la población o el equilibrio comarcal, y será expuesta al Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el próximo día 11 en la institución insular, encuentro en el que espera que se aclaren algunos extremos porque si bien Clavijo ha dicho que no es una distribución por el criterio de la triple paridad, “lo cierto es que visita islas y acuerda proyectos por cuantías que responden a la triple paridad”.
Así, el Cabildo aprobó ayer una batería de actuaciones por las cuantías que responden a Gran Canaria según los criterios establecidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF), criterio defendido por el Cabildo desde el primer momento con el respaldo de los alcaldes de Gran Canaria, el Círculo de Empresarios y el 80 por ciento del arco parlamentario de Canarias, entre otros.
Según dicho criterio, a Gran Canaria corresponden 60 millones al año, lo que hace 600 en diez años, y al Cabildo le corresponde gestionar el 60 por ciento y el 40 restante a los ayuntamientos, si bien finalmente la institución insular realizó una propuesta que prima a los municipios con un 2 por ciento más y la distribución quedó en un 58-42 por ciento, de modo que el Cabildo gestione 347 millones y los municipios 243 millones.
La distribución entre municipios se ha realizado siguiendo igualmente los criterios del REF, esto es, un 87,5 por ciento según población, un 10,5 por el hecho insular y un 2 por ciento por superficie, lo que arroja cuantías para las que los municipios deben proponer destino para que forme parte de la propuesta conjunta y coordinada de Gran Canaria.
El destino de los fondos, además de equilibrado, atenderá a la realidad de Gran Canaria y será decidido por el Gobierno de la Isla junto al de los municipios, y ningún otro estamento o institución, de las que Gran Canaria “no admitirá imposiciones”, subrayó Morales, quien a su vez garantizó a los municipios que el Cabildo no tomará decisiones sin informar a los ayuntamientos.
Por otra parte, en el encuentro se trataron las propuestas elevadas por los municipios para la primera anualidad del Plan de Cooperación con Municipios y Mancomunidades, que suman 15 y 3 millones, respectivamente. Se trata de iniciativas que ya han sido revisadas por el Cabildo, que ahora está en fase de revisión de los proyectos para su aprobación definitiva en un pleno extraordinario previsto para el mes de abril.
Asimismo, el Consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, expuso el cronograma previsto para la anualidad de 2017 con el objetivo de que se puedan realizar contrataciones anticipadas para que las obras comiencen a principios de año, ya que aunque el plan de este año se aprobará en abril, el de 2017 se prevé aprobar después del próximo verano para ganar así más de seis meses para la ejecución de las obras.
