Fernando T. Romero*
Las
fuerzas progresistas españolas han padecido durante casi un siglo una
enfermedad endémica: la desunión. Como razones internas podría considerarse a
modo de síntesis el atraso socioeconómico del país. Y como razones externas
tendríamos que recordar la historia del Moscú de 1921, con las 21 condiciones
de Lenin que provocaron la escisión del PSOE, y la del Berlín de 1977, cuando
los millones de marcos alemanes de Willy Brandt ahogaron al Partido Socialista
Popular (PSP) de Tierno Galván en beneficio del socialismo representado por el entonces joven Felipe González.
La
entrada de una nueva generación en la política se ha convertido en un revulsivo
que ha cuestionado el bipartidismo gobernante en los últimos 35 años. No podía
ser menos, pues esta generación ha surgido como consecuencia de la indignación
popular en torno al movimiento ciudadano del 15M.
Los
resultados electorales del 20D ofrecieron la posibilidad de dejar atrás la
gestión autoritaria y antisocial del PP y asegurar un cambio institucional de
progreso, pero esa oportunidad se perdió. Ha sido clara la responsabilidad del
PSOE por no querer romper con la esencia liberal-conservadora de Ciudadanos.
Su objetivo,
desde el principio, consistió en doblegar a Pablo Iglesias y a su equipo imponiéndole
la exigencia de un apoyo incondicional a la investidura de Pedro Sánchez y a su
plan continuista con Albert Rivera. Y si esto no salía, había que promover la
división y el desprestigio de Podemos, apoyándose en una gran campaña mediática.
Y así ha ocurrido.
Al mismo
tiempo, no debemos interpretar su oposición a pactar con el PP como un giro de
izquierdas del PSOE para facilitar un gobierno progresista, sino como una táctica
obligada para frenar la sangría de desafectos por su izquierda. Y de paso,
desactivar a Podemos con sus exigencias de derrotar las políticas neoliberales.
En definitiva, el plan socialista consistía en reconocer a Podemos y a sus confluencias
sólo como apéndices en una futura gestión de gobierno.
El
Partido Socialista mantuvo siempre una actitud ambivalente: permaneció siempre
ligado a la derecha con Ciudadanos, a la vez que pregonaba un discurso contra
la misma derecha representada por el PP. Y simultáneamente pretendía el apoyo o
cuando menos la abstención sin condiciones de Podemos. Uno puede entender que
la mayoría de los votantes socialistas prefieran un proceso lento y moderado
para mejorar la situación social, pero nunca estarían por un proyecto para consolidar
los retrocesos impuestos, es decir, para no cambiar nada.
Había
margen para un gobierno de coalición progresista con un programa intermedio
compartido entre PSOE-Podemos, pero prevaleció el plan socialista de
continuidad y de compromiso con Ciudadanos. Y el pacto se hizo imposible.
La alianza
electoral Podemos-Izquierda Unida podría conseguir en junio un resultado que permitiera,
ahora sí, un gobierno de progreso con el apoyo del PSOE, aunque los socialistas
podrían quedar en una posición de inferioridad respecto a los resultados del
20D.
Barones
como Felipe González y otros del partido han maniatado desde el primer momento
a Pedro Sánchez. Su futuro consiste en llegar a presidir el próximo Gobierno.
Por ello, su situación pende de un hilo. Esto se parece mucho a una encerrona
entre compañeros.
Por último,
Sánchez ha entrado en una flagrante contradicción. Ha culpado a Iglesias de que
por no apoyarlo a él, Rajoy continúa gobernando. Y el propio Sánchez ha hecho en
la práctica justamente eso: apoya a Rajoy y al PP para que mantenga su mayoría
absoluta en el Senado, al rechazar candidaturas conjuntas con Unidos Podemos para
dicha institución. Y mientras tanto, curiosamente, la coalición PSOE-Podemos gobierna
sin mayores problemas y apoyándose
mutuamente en varias autonomías, ayuntamientos y en algún cabildo (?).
Es
cierto que el actual Senado sirve para muy poco, pero es fundamental, por
ejemplo, para aprobar una reforma electoral o cualquier aspecto de la propia
Constitución. Actuando así, uno puede concluir que la reforma electoral o la de
determinados aspectos de la Constitución, a pesar de lo que dice, debe
preocuparle muy poco al PSOE. Seguramente esto se deba a que su dinámica política
está en la misma órbita que la del PP: fortalecer el bipartidismo.
En otro
orden de cosas y cambiando totalmente de asunto, terminamos comentando que en un
estudio reciente publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas se ha dado a conocer las conclusiones siguientes:
1) La
renta per cápita y por hogar al inicio de la segunda década del siglo XXI ha
retrocedido a los niveles del siglo pasado.
2) No
solo ha caído la renta sino que el reparto de la misma ha empeorado
sustancialmente desde el inicio de la crisis con máximos históricos de
desigualdades.
3) El
aumento sin parar de esta desigualdad unida a la caída importante de los
ingresos conlleva que los estratos inferiores de la sociedad han visto
disminuir sus niveles de vida de forma drástica.
Y
entrando en algún detalle significativo, este informe manifiesta que las
personas que se consideraban de clase media bajaron del 60,6% al 52,3%, lo que
supone unos tres millones de ciudadanos. Y lo más lacerante es que la población
que vive situaciones de pobreza y exclusión social ha aumentado en doce puntos.
Estos
datos significan que tres millones de personas han pasado en los últimos años
de la clase media a la baja. Por contra, los ricos de siempre ahora son más
ricos que nunca. Pero lo peor es que la tendencia sigue y se ignora cuál será
el límite de esta desigualdad planificada por los poderes financieros y ejecutada
por sus brazos políticos.
De la
clase media se ha dicho siempre que es la que proporciona estabilidad a la
sociedad. Es decir, a más clase media, mayor fortaleza y progreso social. Y uno
se pregunta, ¿entonces por qué se la están cargando? Es evidente que nos están llevando hacia una sociedad sin
clases medias o lo que es lo mismo a una sociedad más pobre, más desigual,
menos protegida y más precaria.
Y encima
nuestro ínclito presidente Rajoy, ya en campaña, nos dice que no subirá los
impuestos, mientras al mismo tiempo, como ha publicado El País, envía una carta al presidente de la
Comisión Europea prometiéndole más ajustes para el segundo semestre del año. De
nuevo, nos vuelve a mentir como lo hizo en la campaña electoral de 2011. Sin
embargo, la previsión electoral del PP se mantiene en torno al 30% del apoyo
ciudadano (?).
Ante el
26J uno vuelve a insistir en que nuestra reflexión-balance debe seguir siendo
sobre los cuatro años negros de Rajoy y del PP: de corrupción, de paro y de recortes
bestiales. No hagamos el juego al PP, que desea una campaña basada en el miedo
a lo nuevo y centrada solo en los últimos cuatro meses, en los que, por cierto,
Rajoy, tan patriota y responsable él, no intentó nada.
A pesar de todo, no olvidemos
que las decisiones de los gobiernos condicionan siempre nuestras vidas:
salarios, educación, atención a la dependencia, sanidad, pensiones, etc. Por ello,
uno concluye que el 26J la ciudadanía debería acudir masivamente a las urnas
para bloquear con contundencia la continuidad de las políticas claramente
conservadoras y antisociales. ¿O nos resignamos a más de lo mismo?
*Fernando T. Romero es miembro de la Mesa de Roque Aguayro.