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| Imagen cedida por los bomberos en la que se aprecian las bombonas |
Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han publicado en las redes sociales varias fotografías en las que muestran las botellas de oxígeno y acetileno halladas en el incendio que afectó a una planta de reciclaje en el Polígono Industrial de Arinaga.
El fuego, que hasta ayer no había sido extinguido en su totalidad, se inició poco antes de las 07.00 horas del pasado sábado y provocó una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos del sur y sureste de la isla.
Los bomberos, que sospechan que la fachada de la nave podría derrumbarse al quedar muy afectada su estructura, exponen también que en el lugar se encontraban varias botellas de oxígeno y acetileno entre los escombros, enseres y material guardado en las instalaciones, "lo que ha supuesto un riesgo mayor para los efectivos actuantes en las tareas de extinción por el peligro que habría supuesto si llegan a explotar", y reiteran la denuncia por la falta de los equipos y recursos necesarios en materia de seguridad "que llevamos años reclamando al Cabildo de Gran Canaria", añaden.
Por otra parte, mientras la calle continúa cerrada al tráfico, la Policía Judicial de la Guardia Civil ya investiga las causas del incendio y los trabajadores de la empresa, que se personaron ayer en las instalaciones, no pudieron acceder a sus puestos de trabajo, aunque se les ha asegurado la continuidad del trabajo porque la maquinaria más importante no ha sufrido daños graves.
En relación al conflicto que los bomberos mantienen con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el ente celebró ayer una junta general extraordinaria para tratar la situación actual y las posibles medidas a adoptar en relación a "las irregularidades protagonizadas por la plantilla de bomberos en los últimos días".
En este sentido, su presidente, Pedro Justo Brito, que compareció en rueda de prensa con los alcaldes y representantes de los 19 ayuntamientos consorciados (todos, excepto Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana) y señaló que "la seguridad de los ciudadanos-as de Gran Canaria no ha corrido peligro en ningún momento por la negativa de algunos miembros de acudir a las fiestas del Pino en Teror ni ante el incendio ocurrido en el Polígono Industrial de Arinaga".
Ante esta situación, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria informó que "estamos estudiando la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes para encauzar estas situaciones y que no vuelvan a producirse, puesto que estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos-as".
Además, se dio cuenta de la posibilidad de externalizar algunos de los servicios, así como la viabilidad de que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes asuman sus propios cuerpos de bomberos.
Por otra parte, mientras la calle continúa cerrada al tráfico, la Policía Judicial de la Guardia Civil ya investiga las causas del incendio y los trabajadores de la empresa, que se personaron ayer en las instalaciones, no pudieron acceder a sus puestos de trabajo, aunque se les ha asegurado la continuidad del trabajo porque la maquinaria más importante no ha sufrido daños graves.
En relación al conflicto que los bomberos mantienen con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el ente celebró ayer una junta general extraordinaria para tratar la situación actual y las posibles medidas a adoptar en relación a "las irregularidades protagonizadas por la plantilla de bomberos en los últimos días".
En este sentido, su presidente, Pedro Justo Brito, que compareció en rueda de prensa con los alcaldes y representantes de los 19 ayuntamientos consorciados (todos, excepto Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana) y señaló que "la seguridad de los ciudadanos-as de Gran Canaria no ha corrido peligro en ningún momento por la negativa de algunos miembros de acudir a las fiestas del Pino en Teror ni ante el incendio ocurrido en el Polígono Industrial de Arinaga".
Ante esta situación, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria informó que "estamos estudiando la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes para encauzar estas situaciones y que no vuelvan a producirse, puesto que estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos-as".
Además, se dio cuenta de la posibilidad de externalizar algunos de los servicios, así como la viabilidad de que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes asuman sus propios cuerpos de bomberos.
