Hacienda suspende la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021

 Jueves, 1 de octubre.

Redacción

El Gobierno de España ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la Covid-19, lo que implica dejar sin aplicación los objetivos de estabilidad y deuda pública y no aplicar la regla de gasto con efectos, no solo para el Estado central, sino para todos los niveles de la administración, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Así lo comunicó ayer la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación, un día después que el pleno del Ayuntamiento de Agüimes lo solicitara con el apoyo de Coalición Canaria, Ciudadanos y Roque Aguayro y los votos en contra del Partido Socialista, alineándose con otros municipios españoles, de diversos colores políticos, como Cádiz, Granada, Lleida, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Murcia, Madrid o Pontevedra.

De esta manera, el ejecutivo central ataja el conflicto que había estallado con los ayuntamientos y la mayor parte de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y que dio lugar a su primera derrota parlamentaria el pasado 10 de septiembre, cuando propuso vía decreto que las entidades locales le cedieran sus remanentes a cambio de lo cual se repartiría un fondo de 5.000 millones de euros.

Ahora, la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno de España permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería sin que sea de aplicación la restricción del déficit, pudiendo destinar su superávit a otros fines que no sean la amortización de deuda, como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, popularmente conocida como Ley Montoro, que fue aprobada en 2012 y, además, los objetivos de estabilidad presupuestaria no actuarán como límite a las inversiones financieramente sostenibles.

La decisión de suspender las reglas de estabilidad presupuestaria, según el Gobierno de España, va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y "tiene el objetivo de dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y empresas".

La Comisión Europea y el Consejo Europeo aprobaron el pasado mes de marzo activar la cláusula general de salvaguarda, que se mantendrá activa no solo para este año, sino también para el 2021, lo que implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, pero hace posible a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.