5 de diciembre de 2020

Opinión: ¡Y vamos a por la octava?

Sábado, 5 de diciembre.                                                                                                    

Rosa Santa-Daría*

La nueva ley educativa, como era de esperar, trae viejos enfrentamientos partidistas. Vivimos en un proceso electoral continuo y absolutamente todo se analiza desde el punto de vista ideológico, la Educación no va a ser menos. Todos quieren su troza de tarta y a nadie le preocupa la calidad del pastel.
En esta pandemia hemos comprobado que la Educación es un pilar básico de la sociedad. Sanitarios españoles trabajan para combatir los estragos del virus mientras los niños y jóvenes ya volvieron a las aulas con docentes que les quitan el miedo y les enseñan a convivir y compartir mientras adquieren las competencias necesarias.
El debate que se establece entre la enseñanza pública y concertada sería innecesario si unos y otros atendieran a la diversidad sin importar el género, la religión, la renta de sus familias, las necesidades educativas especiales y el país del que proceden los estudiantes (ahora solo en la pública). Todos sabemos que los conciertos nacieron de la necesidad de escolarizar a todos los menores en las etapas obligatorias. Las necesidades educativas ahora son otras y el elitismo en la concertada es evidente.
El otro asunto polémico es la desaparición del castellano como lengua vehicular en todo el territorio español. Es probable que en algunos lugares eso suponga el desconocimiento del castellano como lengua de comunicación y sería una tragedia para el alumnado que, por otra parte, se esfuerza en conocer varias lenguas. No acaban de entender nuestro políticos que todo suma y nada debe restar. Ojalá todos los españoles supiéramos catalán, vasco o gallego también. En este asunto el verdadero problema, que se deja de lado, es el deterioro de la competencia lingüística  en niños y jóvenes, que serán adultos ignorantes. Si no entienden lo que leen o escuchan porque desconocen el idioma, cualquier idioma, dejarán de leer y escuchar, serán una marioneta de quienes muevan sus hilos.
La repetición se plantea en la ley como una cuestión de cantidad (incluso por lo que cuesta) y no de calidad. El fracaso escolar es un fracaso social, aunque solo queramos ver las consecuencias en Educación. No se debe cuantificar el número legal de repeticiones, sino evaluar las causas y ofrecer alternativas. La diversificación curricular es una de ellas y la formación profesional temprana es otra, pero también volver a hacer el curso que no se pudo superar es necesario en algunos casos.
La educación especial se debe mantener y reforzar siguiendo los intereses del menor y no de las familias que en ocasiones cierran los ojos a las necesidades de sus hijos e hijas. Los centros educativos de educación especial deben permanecer abiertos y ofrecer al alumnado todo lo que necesitan para su actividad motora, comunicativa, cognitiva, emocional.
Por último y no menos importante es la calidad del docente. Nada de lo anterior funciona si el docente no es profesional. La ley plantea apartar a los malos docentes del aula y colocarlos en otros puestos laborales (supongo que administrativos mientras los que se forman como tales están en el paro). Esa no es la solución. Se debe mejorar la selección de profesionales de la enseñanza con entrevistas de trabajo que valoren los conocimientos, pero también las competencias para impartirlos. La evaluación del docente debe ser continua, realizada por profesionales ajenos a los centros educativos y si se demuestra que el docente no está capacitado  para su trabajo, debe buscar otro o hacer cursos de formación mientras está fuera del aula. Aprobar al alumnado es muy fácil, enseñarlo es muy complicado. ¿Alguno de ustedes confiará en el mal médico, electricista, fontanero, jardinero, ingeniero, abogado, farmacéutico, fisioterapeuta...? ¿Se conformarían con que les dijeran ya está todo arreglado sin ver ustedes los resultados? El buen profesional explica el problema  busca las soluciones. En la escuela, el mal profesor no problemas, y la solución es aprobar a todo el alumnado para no tenerlos él o ella.
Otra ley de educación que sigue sin lograr el consenso de todas las fuerzas políticas porque lo único que importa a los representantes de los distintos partidos políticos es conseguir votos para gobernar. De nada sirve comparar los resultados de las pruebas PISA si nuestro objetivo no es mejorar la calidad de la Educación con mayúsculas.
*Rosa Santa-Daría es profesora del IES Joaquín Artiles de Agüimes.