Jueves, 28 de enero.
El Cabildo de Gran Canaria se hará con la propiedad de ocho parcelas de suelo rústico que suman 2.650.000 metros cuadrados; diecisiete de suelo urbano con una superficie total de 141.000 metros cuadrados; y cuatro de uso comercial terciario que cuentan con 231.000 metros cuadrados, además de tres edificios ya construidos, que cuentan con 5.756 metros cuadrados, cuando se complete la operación de liquidación de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga.
Así lo detalló la pasada semana el Consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo, en un comparecencia para dar cuenta del acuerdo de compra a la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) y al Gobierno de Canarias por un montante de 9.453.000 euros en total, del 35% de su participación en la asociación, haciéndose así con el 100% del patrimonio inmobiliario de la entidad, que asciende a 3 millones de euros.
Justo explicó que el acuerdo de compra cerrado con Sepes fija el precio a pagar por su participación (30,85%) en 8,32 millones de euros, pagaderos en cuatro anualidades iguales, y en 1,13 millones de euros por el 4,195% de participación del ejecutivo canario, y precisó que el primer pago se producirá en los doce meses siguientes a la fecha en la que la disolución se eleve a escritura pública, lo cual se espera que ocurra este mismo año.
Por otra parte, la regularización de las situación catastral de tres fincas vinculadas al Polígono Agropecuario de Los Corralillos es una de las tareas pendientes de resolver para la liquidación de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga, según manifestó el consejero durante su comparecencia.
Es por ello, comentó, que son aún varios flecos los que "hay que ir resolviendo", si bien todos no se solucionarán antes de la disolución del ente, aseguró Justo, que citó que entre los deberes pendientes se encuentra el contrato de gestión de una opción de compra de una empresa, nueve contratos de arrendamiento de inmuebles dieciséis procedimientos judiciales y administrativos con un costo estimado de algo más de 500.000 euros.
Por otra parte, la resolución de los contratos de compraventa de parcelas, que al empezar el polígono se dieron a manos privadas para construir con determinados plazos y condiciones, o de lo contrario volvería a la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga, presenta todavía algunas dificultades.
