Lunes, 4 de octubre.
Redacción
El Ayuntamiento de Ingenio ejerció la pasada semana de anfitrión en una reunión de concejales-as y personal técnico de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Telde y Teror para trabajar y promover de manera coordinada ante el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias un protocolo para dotar a las corporaciones locales de un reglamento que ofrezca seguridad jurídica ante los sucesos que puedan provocarse en las vías públicas a causa de las palmeras enfermas.
Uno de los objetivos de la mesa de trabajo consistió en poner de manifiesto el problema existente con las plagas y caídas de palmeras y el riesgo que supone para los técnicos y responsables municipales dada la ausencia de regulación al respecto.
Varios de los municipios citados anteriormente ya han aprobado en pleno una moción en la que se insta al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias a abordar esta problemática y a que se promueva una investigación científica al respecto, con el objetivo de diseñar un aparato que pueda detectar la enfermedad de podredumbre interna, denominada Thielaviopsis spp.
La inseguridad jurídica a la que se exponen todos los responsables políticos, señalan las corporaciones, es actualmente mayúscula dada la nula investigación que hay sobre esta enfermedad y la indetectabilidad de la misma al no presentar signos externos.
Asimismo, muestra su total acuerdo en asegurar que los hechos acontecidos han venido a constatar que no hay ninguna garantía de que la revisión de una palmera impida que al día siguiente caiga, como ha ocurrido y sigue sucediendo en numerosas ocasiones, dada la particularidad de la planta.
"No podemos obviar que no se pueden talar todos los ejemplares que se encuentran ubicados en espacios públicos, pues ello haría cambiar sobre manera nuestro paisaje y conllevaría un cambio cultural, social y hasta turístico, al que la propia sociedad no estaría preparada", aseguraron muchos de los presentes en la reunión.
Ante esto, el personal técnico y los responsables políticos demandan que se legisle al respecto, articulando protocolos claros, dado que los municipios no tienen capacidad legislativa, y que se investigue esa situación.
Esta iniciativa surge con el de que el trabajo que se desarrolla desde los municipios tenga un mínimo de garantías y de seguridad jurídica, sabiendo de antemano lo que ha de hacer, no dejando a la suerte del azar su posible caída, "pues ni los técnicos ni los ediles de turno pueden saber cuándo se va producir el colapso y, por ende, ninguna previsión que se pudiera realizar para evitar las caídas", apuntaron.
Por otra parte, los presentes destacaron que no se puede obviar que la palmera es seña de identidad de la idiosincracia paisajística y turística de las islas, por lo que se han de llevar a cabo trabajos de investigación científica para hacer frente a esta situación, "pues lo fácil sería talar todos los ejemplares públicos, aunque tendría otras repercusiones que han de ser ponderadas, por lo que se debe contar con estudios más pormenorizados que guíen a los técnicos municipales a tomar la decisión más idónea para la ciudadanía".
