Sábado, 4 de diciembre.
La Alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, primero mediante escrito a los alcaldes-as de la isla, y posteriormente mediante videoconferencia, expuso la problemática en la que se encuentra su municipio al no disponer de espacio para la inhumación de 24 cuerpos de migrantes que han llegado a las costas en embarcaciones irregulares entre finales de 2020 y lo que ha transcurrido de este año.
Mogán es uno de los municipios que más peso ha soportado en lo referente a la crisis migratoria que se disparó el pasado verano y que todavía continúa latente, y que dejan fallecidos y desaparecidos en la denominada Ruta Canaria.
Ante la solicitud de la primera edil moganera, sus homónimos de Gran Canaria se han mostrado dispuestos a ayudar, de tal forma que cada municipio inhumará un cadáver en sus respectivos cementerios, a excepción de Telde, Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria, que al tener más de un camposanto han aceptado que sean dos en cada uno de ellos.
Cabe mencionar que como alternativa no es posible la incineración, dado que por ley las personas sin identificar deben ser enterradas por si algún familiar reclamara el cuerpo durante un periodo de cinco años.
El Ayuntamiento de Mogán, siendo consciente de que el Muelle de Arguineguín es referente en la entrada de embarcaciones interceptadas por Salvamento Marítimo, ha proporcionado servicios y hecho frente a determinados gastos empleando recursos municipales, aunque actualmente le resulta insostenible asumir la inhumación de todos los cadáveres que se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria al no disponer de nichos, una circunstancia que también se manifiesta en otros municipios de la isla, donde además el cementerio puede incluso no ser municipal sino parroquial, razón por la que también se ha solicitado la colaboración del Obispado.
Onalia Bueno ha asegurado que los municipios de Gran Canaria solo tendrán que proporcionar un lugar de enterramiento y costear los gastos correspondientes a la sepultura, ya que los derivados de los servicios de funeraria son asumidos por la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Pese a que todos los ayuntamientos se han mostrado dispuestos a colaborar, también acordaron trasladar a la Delegación del Gobierno la necesidad de que asuma los gastos derivados de este tipo de procedimientos, ya que es el Estado el que ostenta las competencias en gestión migratoria.
De momento, el Alcalde de Agüimes y Comisionado de Gran Canaria en la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ya ha solicitado una reunión con el delegado para abordar este asunto, así como para informar de la queja, especialmente de los municipios turísticos, relacionada con los elevados costes que han de sufragar todos los años para inhumar a numerosos extranjeros sin recursos que fallecen en la isla.
Cabe recordar que municipios como San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria ya han enterrado este año a inmigrantes en sus cementerios por orden del juzgado, mientras que el Ayuntamiento de Agüimes dio sepultura en septiembre de 2020 a los quince inmigrantes que llegaron muertos al Puerto de Arinaga después que Salvamento Marítimo avistara la embarcación a 150 kilómetros al sur de la isla cuando trataban de alcanzar las costas isleñas.
