Sábado, 21 de mayo.
Las pérdidas económicas directas asociadas a los procesos erosivos y de inundación por causa del cambio climático pueden llegar en 2050, en menos de treinta años, al 11% de Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, lo que significa entre 4.000 y 4.500 millones de euros.
Es una estimación que dio esta semana el Consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, durante la presentación de los resultados del proyecto PIMA Adapta Costas, en el que se estima, entre otras cuestiones, que el peor escenario climático en 2050 puede afectar a 147 playas turísticas, con una pérdida de superficie del 10,6%.
En este estudio se han identificado 47 puntos calientes, tramos de costa de alto riesgo acumulado, que deberán ser objeto prioritario de estudios de detalle y de planes de adaptación al cambio climático a nivel local, de los que que 1 está en La Graciosa, 9 en Lanzarote, 12 en Fuerteventura, 7 en Gran Canaria, 10 en Tenerife, 5 en La Palma, 2 en La Gomera y 1 en El Hierro.
Valbuena apremió al Parlamento de Canarias para que acelere los plazos para aprobar la Ley Canaria de Cambio Climático, y añadió que el ejecutivo regional ya tiene redactados los instrumentos de su desarrollo, que son la estrategia y el plan, de manera que en cuanto se apruebe la ley "no habrá excusa" para que nadie haga lo que tenga que hacer.
Los datos apuntan que la población afectada por los cambios estará entre 20.000 y 40.000 habitantes, y el consejero ha insistido en que, por desgracia, este informe habrá que actualizarlo de manera periódica, ya que se está ante los peores escenarios que plantean los comités científicos.
El escenario en el año 2100 es nada halagüeño, pues si no se toman las medidas necesarias, serán hasta 153 playas las que perderán superficie y, algunas, incluso dejarán por completo de existir.
Gran Canaria perdería playas como las de Bahía Feliz, Guayedra o San Felipe, mientras que otras como Las Canteras, Meloneras, Puerto Rico o Playa del Inglés perderán entre un 68% y un 86%, mientras que Arinaga lo hará hasta en un 78%.
El estudio explica que las playas más vulnerables son aquellas que no tienen capacidad de retroceso, es decir, las que se encuentran obstruidas por escarpes naturales o estructuras urbanas.
