Martes, 6 de diciembre.
Redacción
El Ayuntamiento de Agüimes, en el pleno ordinario del pasado mes de noviembre, aprobó una declaración institucional en la que se insta al Congreso de los Diputados a retrasar hasta el 1 de enero de 2026 la aplicación del nuevo impuesto sobre depósitos de residuos.
La Ley de Economía Circular aprobada el pasado mes de abril obliga a los ayuntamientos a pagar a sus respectivas comunidades autónomas tasas por el depósito o incineración de basura y, Agüimes, en línea con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), considera que el cumplimiento de este plazo perjudicará la reactivación económica en plena escalada inflacionista, por lo que insta al Congreso de los Diputados a demorar su aplicación por un periodo de, al menos, tres años.
La Fecam, aún estando de acuerdo con la filosofía de la norma, critica que los ayuntamientos deben empezar a cobrar este impuesto desde el próximo día 1 de enero de 2023, mientras que "da un plazo de tres años para definir una estrategia y establecer los mecanismos necesarios para mejorar la situación y reducir el volumen de residuos a tratar".
En este sentido, el Ayuntamiento de Agüimes entiende que, hasta que no estén fijados estos criterios, no de debería implantar la nueva tasa, tal y como se recoge en la declaración institucional, pues esta figura impositiva incrementará de manera importante el coste económico que le supondrá la gestión de los residuos de su competencia, por lo que se vería obligado a repercutirlo en la ciudadanía.
Al respecto, considera que el actual contexto socioeconómico, caracterizado por un fuerte impacto de la inflación, el incremento del gasto energético o la subida de los tipos de interés, genera una pérdida del poder adquisitivo que se varía perjudicado con este nuevo impuesto.
De igual manera, si no se trasladara su coste a la ciudadanía, la medida sería grave, ya que el ayuntamiento también debe soportar el impacto de la inflación y el sobrecoste de las obras y proyectos en ejecución y a licitar, sin obviar el incremento de los gastos municipales y las inversiones para cumplir con la nueva ley, que se encuentra en vigor desde el pasado mes de enero.
Según una primera estimación realizada por los ayuntamientos canarios, el coste para los 88 municipios estaría en torno a 40 millones de euros el próximo año, mientras que a nivel estatal la cifra se acerca a los 800 millones de euros.
Esta norma introduce la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa, diferenciada y específica para los servicios que prestan en relación con los residuos de su competencia.
El plazo para su introducción es de tres años, por lo que los ayuntamientos tienen de margen hasta 2025 para su aprobación, motivo por el que los alcaldes plantean como solución aplazar de manera temporal, o acompasar la entrada en vigor, el impuesto los tres años que determina la ley para que las entidades locales lo establezcan.
En este sentido, el Comité Ejecutivo de la Fecam dio por buenos estos argumentos que ya habían sido aprobados por las comisiones de Economía y Hacienda y la Insular de Gran Canaria de la Federación, a la vez que aprobó un paquete de acciones tendentes a garantizar que esta ley sea lo menos lesiva posible para las corporaciones locales.
Este tipo de tasa sobre los residuos destinados al depósito o la incineración ya se encontraba vigente en algunas comunidades, pero no en Canarias.
El Estado lo aprobó como un impuesto estatal, si bien se prevé la cesión del mismo a las autonomías, lo que les permitiría incrementar la financiación destinada a medidas de mejora de la gestión de residuos que refuercen las opciones prioritarias frente a las menos sostenibles.
La aplicación de este impuesto ha sido muy discutida entre los alcaldes de las islas, que, insisten, no se niegan a aplicarlo, pero entienden que su cobro desde enero de 2023, en el actual contexto económico, tendría un impacto negativo.
Reclaman por ello, y a la petición se ha unido el Ayuntamiento de Agüimes, que se retrase tres años hasta que se defina la estrategia para la reducción del volumen de residuos que se genera.
Asimismo, los alcaldes-as del archipiélago entienden que es preciso que se ofrezca también la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ofrecer alternativas, porque, aseguran, son los primeros interesados en la sostenibilidad y la economía circular.