Martes, 21 de marzo.
La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) investigaron el pasado día 1 de marzo a la presidenta de una asociación en Agüimes por un delito continuado de falsedad documental al falsificar los certificados de explotación y presentarlos ante las autoridades del Reino Unido por exportar 482 perros desde Gran Canaria al Reino Unido entre enero de 2021 y octubre de 2022.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos el pasado 4 de noviembre de 2022 a raíz de una denuncia interpuesta por el Coordinador Regional del Servicio de Sanidad Animal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de Canarias, que informaba que su homólogo en el Reino Unido (APHA) le había traspasado una información al estar investigando la entrada en el país de perros procedentes de Gran Canaria por la dudosa autenticidad de los certificados oficiales presentados por la asociación investigada, pudiendo verificar que dichos documentos no habían sido realizados por el Servicio de Sanidad Animal.
Los agentes llevaron a cabo todas las gestiones pertinentes para el esclarecimiento del ilícito penal, procediendo a verificar como desde enero de 2021 a octubre de 2022 dicha asociación había exportado al Reino Unido 482 perros, solicitando a las personas adoptantes un importe económico de 542 euros por los gastos de atención de los animales y traslado.
Asimismo, se realizó una inspección conjunta con la técnico veterinaria de la Dirección General de Ganadería en las instalaciones que la asociación posee en Agüimes, localizando una gran cantidad de animales de diferentes especies (141 perros, 3 cerdos, 8 cabras, 7 equinos, 5 ovejas y 30 gallinas), careciendo de registros de entrada y salida de animales ni de recogida de cadáveres por parte de la empresa gestora autorizada, así como de falta de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGCA), indicando la presidenta de la asociación que la mayoría de los perros proceden del Albergue Insular de Bañaderos, en Arucas, y de los centros de estancia temporal de animales (CETA) de los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Los investigadores, en el ejercicio de sus funciones específicas, realizaron la verificación de los pasaportes comunitarios de los perros, pudiendo comprobar como en un de ellos el sello de la campaña de vacunación antirrábica obligatoria y la etiqueta correspondiente a la identificación de la vacuna habían sido recortados de otros pasaporte y pegados con cinta adhesiva.
Por tanto, al tratarse de movimientos comerciales intracomunitarios de animales vivos, se está sujeto a cumplir las normas zoosanitarias establecidas para evitar la extensión de enfermedades potencialmente transmisibles al hombre y a otras especies animales, además de proceder de establecimientos que cumplan la legislación vigente y estar autorizados a tal efecto, no siendo el caso de esta asociación al no encontrase inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias.
Para eludir los controles de España y no declarar las partidas comerciales con sus correspondientes Documento Único Administrativo (DUA), la presidenta de la asociación falsificaba los certificados de exportación y los presentaba ante las autoridades del Reino Unido, llegando a introducir unos 482 perros y obteniendo con ello unas aportaciones económicas que podrían rondar los 265.000 euros.
La diligencias instruidas tras la investigación por los agentes intervinientes han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Telde.
