Viernes, 29 de septiembre.
El Concejal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Agüimes, Antonio Vélez, presentó ayer en los Juzgados de Telde una demanda contra el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra la Presidencia del Parlamento, contra la Mesa del Congreso y contra los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar, ERC y Junts por una eventual amnistía a los políticos condenados por el procés, una amnistía, cabe recordar, que no existe más allá del discurso político en los medios de comunicación.
En un comunicado, Vélez explica que formula esta demanda "como ciudadano español que se entiende protegido por la Constitución española de 1978 y de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la misma puede solicitar auxilio judicial frente a la posible vulneración de un derecho fundamental, dentro del concepto del Pacto de Nueva York sobre derechos civiles y políticos", y añade que "en especial, insto esta demanda en virtud de los establecido en el artículo 2.3 del pacto".
Asimismo, argumenta su demanda en un futurible, es decir, la "posible vulneración del derecho a la igualdad de trato" hacia su persona basado en que, según afirma, en las negociaciones que "se están celebrando entre las partes demandadas" para la investidura del candidato de PSOE a la presidencia del Gobierno de España, se prevé "aprobar una ley de amnistía", la cual, asegura, "rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia".
Con todo ello, Antonio Vélez ha presentado una demanda contra una supuesta ley que aún no existe y cuyos términos, de llegar a convertirse en realidad, aún se estarían negociando.
A este respecto, el concejal agüimense dice que puede cuenta con las pruebas de que ello es así, pero que "es de conocimiento público y notorio todo ello", por lo que no las aporta.
En la demanda, Vélez insta al juzgado a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "a fin de que el mismo declare si una ley de amnistía general o selectiva sólo para los investigados, acusados y condenados por su participación en el procés de Cataluña en 2017 vulnera en España el Tratado de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales (DDFF) de la Unión Europea en cuanto al derecho a la igualad de trato".
Por todo ello, apunta, "es un deber como ciudadano y concejal denunciar cualquier acto delictivo como pretende dar el Presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez".
