Sábado, 4 de mayo.
El fenómeno de la autoconstrucción ilegal de viviendas en suelo protegido está en auge y, sólo en Gran Canaria, la Guardia Civil, en el marco de la Operación Domos, ha abierto diligencias contra 136 personas a las que se acusa de levantar edificaciones en suelos rústicos.
La Guardia Civil detectó un patrón común en este tipo de prácticas, consistente en que los principales promotores compraban fincas de entre 20.000 y 30.000 hectáreas en suelo rústico que vendían luego en parcelas de apenas 500 metros por precios más elevados con la falsa creencia de que las construcciones con el paso del tiempo quedarían legalizadas por prescripción.
Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) puso en marcha esta operación, denominada Domos, a principios de 2023, ante la proliferación de "construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos, donde están prohibidos ese tipo de usos, hechos que conllevan la degradación de zonas ambientales sensibles y ponen en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas".
Los agentes detectaron que este tipo de prácticas se estaban estaban realizando especialmente en zonas del sur y sureste de la isla, en fincas situadas en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), El Hornillo (Telde), Vargas y Los Corralillos (Agüimes) o El Salobre (San Bartolomé de Tirajana).
Los principales promotores de estas obras ilegales adquirían "fincas rusticas en las cuales el uso está muy restringido debido a su protección medioambiental, a un precio relativamente económico", y luego las dividían en parcelas más pequeñas que vendían "a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción".
Estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, tales como la construcción de manera conjunta de los cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las subparcelas e incluso gestionaban la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano utilizando a un instalador autorizado, que falseaba los boletines de instalación para obtener el suministro, señala la Guardia Civil en una nota de prensa.
Los nuevos propietarios construían "sin ningún tipo de licencia" edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.
La Guardia Civil advierte de que este tipo de construcciones "crean núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios" y generan "una problemática en la gestión de los residuos y accesos, no contribuyendo con el pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de estos servicios".
Todo ello, agrega, "causa un perjuicio en contra de los propietarios de las viviendas legalmente establecidas que pueden ver mermados sus servicios y calidad de vida".
El Seprona alerta de que "este tipo de actuaciones, causan un daño al medio ambiente en ocasiones irreparable, puesto que estas obras dejan una huella sobre el suelo natural difícilmente restaurable, lo que conlleva una pérdida sustancial de espacios naturales, de suelo agrícola y de biodiversidad en un ecosistema tan delicado como es el canario".
Este tipo de delitos contra el territorio pueden comportar penas de prisión de uno a tres años, la orden de derribo de lo construido ilegalmente y sanciones que pueden superar los 200.000 euros, recuerda la Guardia Civil.
"Para evitar este tipo de consecuencias penales, antes de comprar y realizar cualquier tipo de actuación urbanística, se debe solicitar información sobre su viabilidad ante el servicio de disciplina urbanística del municipio afectado o, en su defecto, ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural", recomienda la Guardia Civil en el comunicado.
