Jueves, 13 de junio.
Fernando T. Romero*
En el Plan de Acción de la Unión Europea sobre el Antirracismo para 2020-2025 se afirma que el racismo es estructural y está presente en todos los ámbitos. O lo que es lo mismo: la propia Europa reconoce que existe el racismo como un problema estructural. Y, además, se asume que en la cúspide de la pirámide de la materialización del racismo se encuentran las instituciones.
Sin embargo, la misma U.E. se contradice y, cediendo a la presión de la ultraderecha xenófoba, ha aprobado el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, tan hipócritamente celebrado y difundido por los Estados miembros como un gran logro. Sin embargo, este Pacto Europeo rechaza una gestión solidaria y humanitaria de la migración y endurece, en términos generales, las reglas de acceso al asilo y refuerza las devoluciones. Además, no aborda la principal petición de expertos en migraciones y ONGs: la creación de más vías legales de entrada a la UE. Por el contrario, con esta norma la U.E. refuerza sus fronteras exteriores y mercantiliza a los seres humanos al precio de 20.000,00 €, a pagar por cada inmigrante rechazado que le corresponda recibir a cualquier país miembro. Esta nueva norma empezará a aplicarse a partir del año 2026. Ha sido una excelente ocasión perdida por la U.E., ya que el reconocido racismo y la xenofobia estructural se convierten ahora en sistémica, cuando, además, ya nos encontramos en plena tercera década del siglo XXI.
Por otra parte, debido a una agresión sufrida por un joven negro en la estación de Atocha en Madrid en el año 2018, un Grupo de Trabajo de Expertos de la O.N.U. elaboró un informe sobre “Afrodescendientes para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales”. En él puede leerse que “La población negra corre el riesgo de ser señalada cuarenta y dos (42) veces más a menudo en los puertos y en el transporte público, simplemente por el color de su piel”. Asimismo, este informe señala que la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad española, desde los centros escolares, hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales. Y se añade la existencia de una tendencia, cada vez menor, a denunciar la discriminación por miedo a sufrir represalias.
Por todo lo anterior, resulta bastante jocoso y, a veces, nos produce una sonrisa sarcástica los comentarios complacientes que afirman que en este país no existe el racismo. Por supuesto que existe, sólo que se trata de un racismo taimado que queremos disimular y que nos avergüenza reconocer.
Y si no, hagamos un leve repaso histórico. El Estado español se crea casi al mismo tiempo en que se persigue con crudeza a judíos y moriscos (finales del siglo XV y siglo XVI). Y, simultáneamente, se imponía un sistema colonial a la mayoría de un continente (América) y se desarrollaba una persecución inquisitorial extrema.
Posteriormente, el rechazo secular en el interior del país se centró en los ciudadanos gitanos y en los de origen norteafricano. Con estos antecedentes históricos, resulta poco razonable afirmar que el racismo nos es ajeno. Aunque también es cierto que el contexto histórico-social y los valores éticos de entonces (siglos atrás), no pueden equiparase a los del actual siglo XXI. Y, además, debemos reconocer que, con la realidad presente de las sucesivas oleadas de inmigrantes negros, se ha ido conformando en este país un Estado multirracial en el que subsiste un racismo que se manifiesta en el lenguaje, en la cultura y también en las instituciones.
Así las cosas, por mucho que queramos disimularlo, en España existe la discriminación racial. Y lo primero que hay que hacer para luchar contra el racismo es reconocer su existencia y abrir con ello un amplio debate. Negarlo es ir en dirección contraria al avance de los derechos humanos. El racismo no es un invento, existe como forma de opresión.
Y sobre la inmigración en nuestro archipiélago, lo más grave de la situación actual es la vigencia de una Ley de Extranjería que impide el reparto obligatorio y proporcional de los menores migrantes llegados a nuestras islas hacia el resto de Comunidades Autónomas, así como la inexistente solidaridad de éstas. Por esto último, aunque se reforme dicha ley, está por ver la eficacia de su aplicación. Y, además, el mencionado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, en su afán por reforzar las fronteras exteriores, tampoco resuelve este asunto de los menores migrantes. A pesar de ello, los canarios estamos demostrando generosidad y sensibilidad en la acogida de los migrantes de origen africano.
Y, respecto a la trayectoria de nuestras islas, es conocido que, desde el final de la conquista castellana, nuestra historia insular se ha caracterizado por la apertura tricontinental y el cosmopolitismo, lo que ha propiciado la inclusión y el mestizaje entre los diferentes grupos étnicos: aborígenes, nuevos colonizadores, moriscos, europeos, población subsahariana, etc.
Por otra parte, debemos considerar que los desafíos actuales a la convivencia en Canarias no proceden precisamente de la inmigración africana, sino mayormente de la europea y americana que suele llegar legalmente por los aeropuertos. Esta población vive, con alguna frecuencia, encerrada en sus respectivas burbujas nacionales y culturales. Parece como si no existieran y apenas se les presta atención.
Sin embargo, dicha población debe integrarse y/o debemos integrarla, ya que ellos, sus hijos y nietos, desde su propia visión del mundo, son cada vez más importantes y decisivos en el futuro de nuestras islas. De esta manera, podremos seguir con nuestra noble trayectoria histórica de inclusión y mestizaje que tanto ha caracterizado, durante siglos, a nuestra sociedad canaria.
*Fernando T. Romero es profesor de Educación Secundaria, historiador, investigador y colaborador de Radio Agüimes Onda Libre.
