Miércoles, 22 de octubre.
El Ayuntamiento de Agüimes mantuvo ayer una reunión de trabajo con el Gobierno de Canarias para coordinar su política de atención a la población migrante, una problemática a que el ejecutivo regional ha trasladado una propuesta de protocolo, basado en experiencias anteriores positivas, que dote de recursos, contactos y una guía de actuación a los municipios.
La iniciativa, enmarcada en el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural del Gobierno de Canarias, pretende establecer espacios de coordinación entre administraciones y agentes sociales para favorecer una sociedad más cohesionada, diversa y justa.
El encuentro, celebrado en Agüimes, contó con la presencia de la Directora General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elizabeth Santana; el Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; la Concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Agüimes, Eva López, y dos representantes de Canarias Convive, un programa para la gestión de la inmigración y la promoción de la convivencia intercultural en las islas, Patricia Verstraete y Alexis Mesa.
Durante la reunión, el gobierno regional presentó un análisis de las experiencias positivas llevadas a cabo en diversos municipios del país que sirva para mejorar la atención social a este colectivo.
La idea es que todos los municipios puedan llegar a un consenso y se aplique un mismo protocolo, pero que tenga en cuenta la casuística particular de cada uno.
Entre algunas medidas, el documento busca dar respuesta a los problemas a los que se enfrentan este sector de la población, por ejemplo, la falta de un domicilio, lo que provoca dificultades a la hora de su empadronamiento y, por tanto, de acceso a servicios esenciales, al tiempo que impide una manera directa de notificarles sus derechos y deberes.
Asimismo, esta situación imposibilita tener una radiografía más precisa de la realidad poblacional de cada ayuntamiento, lo que dificulta la planificación política.
El Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural en el que se enmarca esta iniciativa parte de un enfoque humanitario y se alinea con los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, y su objetivo es definir un marco competencial para aplicar medidas que eviten que los derechos de las personas migrantes se vean vulnerados.
La iniciativa, enmarcada en el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural del Gobierno de Canarias, pretende establecer espacios de coordinación entre administraciones y agentes sociales para favorecer una sociedad más cohesionada, diversa y justa.
El encuentro, celebrado en Agüimes, contó con la presencia de la Directora General de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elizabeth Santana; el Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; la Concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Agüimes, Eva López, y dos representantes de Canarias Convive, un programa para la gestión de la inmigración y la promoción de la convivencia intercultural en las islas, Patricia Verstraete y Alexis Mesa.
Durante la reunión, el gobierno regional presentó un análisis de las experiencias positivas llevadas a cabo en diversos municipios del país que sirva para mejorar la atención social a este colectivo.
La idea es que todos los municipios puedan llegar a un consenso y se aplique un mismo protocolo, pero que tenga en cuenta la casuística particular de cada uno.
Entre algunas medidas, el documento busca dar respuesta a los problemas a los que se enfrentan este sector de la población, por ejemplo, la falta de un domicilio, lo que provoca dificultades a la hora de su empadronamiento y, por tanto, de acceso a servicios esenciales, al tiempo que impide una manera directa de notificarles sus derechos y deberes.
Asimismo, esta situación imposibilita tener una radiografía más precisa de la realidad poblacional de cada ayuntamiento, lo que dificulta la planificación política.
El Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural en el que se enmarca esta iniciativa parte de un enfoque humanitario y se alinea con los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, y su objetivo es definir un marco competencial para aplicar medidas que eviten que los derechos de las personas migrantes se vean vulnerados.