Miércoles, 15 de abril.
La Provincia
Después de 16 años de trámites hasta lograr la declaración de impacto ambiental favorable, la siguiente parada del proyecto del ferrocarril de Gran Canaria pasa por expropiar los terrenos en el este de la isla y, sobre todo, conseguir los 2.000 millones de euros que se estima que costará la obra de 58 kilómetros de trazado entre la capital y San Bartolomé de Tirajana, con once estaciones y siete tramos.
"El siguiente paso es iniciar las expropiaciones", tal y como ha confirmado el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, que añade que la superficie que ocupará el proyecto ferroviario suma 2,2 millones de metros cuadrados y que gran parte del recorrido, casi un 70%, va bajo tierra, por lo tanto, "eso no se tiene que expropiar".
Pero en superficie, requiere la adquisición de 512 parcelas, incluidos algunos terrenos con viviendas habitadas, en los seis municipios por los que se construirá el ferrocarril: Las Palmas de Gran Canaria (53), Telde (197), Ingenio (46), Agüimes (76), Santa Lucía de Tirajana (82) y San Bartolomé de Tirajana (58).
Para ello, el Cabildo de Gran Canaria tiene aprobada desde septiembre de 2024 una partida de 16,7 millones de euros.
Sosa revela que para comprar los terrenos resulta fundamental que el Cabildo de Gran CAnaria haya entrado a finales de marzo en el accionariado de la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para así poder encargarle directamente las expropiaciones y las direcciones de obra.
Es la primera vez que Ineco abre su consejo de administración a cabildos tras haber estado exclusivamente participada por entidades del Estado, como Enaire, Adif y Renfe.
Con las expropiaciones y la parte técnica del proyecto ideado a principios de siglo ya finalizada, falta la parte más importante para que el ferrocarril sea una realidad: la financiación.
"El tema ya no es técnico, es exclusivamente económico, que evidentemente tiene un componente político, que es el reconocimiento de que los tramos ferroviarios de los que se van a beneficiar las islas Canarias son prioritarios", señala Sosa, y agrega que "así, la madurez del proyecto es total, y no habría inconveniente".
Según los proyectos elaborados por la empresa pública, la estimación económica de la obra es de 1.650 millones de euros, pero en las últimas declaraciones, los responsables técnicos calculan una inversión de hasta 2.000 millones por la actualización de costes.
En este sentido, Sosa recuerda que en septiembre del año pasado se firmó un protocolo entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria como paso previo a la firma de un convenio para incluir partidas plurianuales en los Presupuestos Generales del Estado, o captar fondos de la Unión Europea, para poder licitar e iniciar las obras.
La administración descarta invertir en solitario en fases de la obra sin garantías del resto de instituciones, y "queremos, remalca el consejero, que se nos trate igual que al resto de tramos ferroviarios de la Península".
También destaca que "es verdad que el Gobierno de España tiene un problema y es que no tiene presupuestos generales del Estado porque están prorrogados, pero nosotros hemos dicho que el protocolo sea la antesala de un convenio económico, que son los que de verdad benefician a Canarias".
Sosa, que remarca que "si el Gobierno central ha firmado es porque tiene la intención de financiar", s evita pronunciarse sobre la fecha de inicio de las licitaciones y descarta que el Cabildo de Gran Canaria financie en solitario tramos de la obra sin garantías previas del resto de instituciones.
"Suponiendo que tocara el 60% al Gobierno central; el 30% al ejecutivo regional y un 10% al Cabildo de Gran Canaria, tendremos que financiarlo, pero siempre esperando el convenio", puntualiza Sosa.
En paralelo, reivindica que el tren de Gran Canaria encaje en el Corredor Europeo, con el objetivo de equiparar el proyecto insular a otros corredores ferroviarios de la Península que cuentan con financiación comunitaria.
La ejecución del tren se plantea por fases, con una inversión aproximada de 200 millones anuales, dada la magnitud de la infraestructura.
Sosa es partidario de comenzar por las cocheras y talleres en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), que consta de una superficie de más de 23.000 metros cuadrados, y el tramo hacia el aeropuerto.
Sin embargo, recuerda que el Ministerio "ve más viable arrancar desde la capital hasta la infraestructura aeroportuaria".
La opción del Gobierno de España obligaría a habilitar instalaciones provisionales de mantenimiento además de los proyectados en Santa Lucía de Tirajana.
"Si ese es el condicionante que pone el ejecutivo central, empezar desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el aeropuerto, no tendríamos inconveniente", reconoce Sosa.
Además, el Cabildo de Gran Canaria ha planteado que la estación del aeropuerto pueda financiarse con los fondos DORA, destinados a infraestructuras aeroportuarias, dado su carácter de intercambiador de transporte.
El tren del sur acumula más de 25 proyectos constructivos y estudios técnicos financiados en su mayoría por el Estado, con una inversión pública que ronda los 30 millones de euros.
Tras años de paralización del estudio de impacto ambiental, que comenzó en 2010 y acabó en 2022, Sosa sostiene que el mismo mes que accedió a la Consejería de Movilidad, en junio de 2023, presentó el expediente al órgano ambiental de la primera institución insular..
Durante tres años, el equipo de especialistas mantuvo 28 reuniones técnicas y requirió hasta seis subsanaciones para poder pronunciar la DIA favorable.
Con ese trámite resuelto, el calendario queda ahora condicionado a la capacidad y la voluntad de las administraciones para conseguir la financiación.
"El siguiente paso es iniciar las expropiaciones", tal y como ha confirmado el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, que añade que la superficie que ocupará el proyecto ferroviario suma 2,2 millones de metros cuadrados y que gran parte del recorrido, casi un 70%, va bajo tierra, por lo tanto, "eso no se tiene que expropiar".
Pero en superficie, requiere la adquisición de 512 parcelas, incluidos algunos terrenos con viviendas habitadas, en los seis municipios por los que se construirá el ferrocarril: Las Palmas de Gran Canaria (53), Telde (197), Ingenio (46), Agüimes (76), Santa Lucía de Tirajana (82) y San Bartolomé de Tirajana (58).
Para ello, el Cabildo de Gran Canaria tiene aprobada desde septiembre de 2024 una partida de 16,7 millones de euros.
Sosa revela que para comprar los terrenos resulta fundamental que el Cabildo de Gran CAnaria haya entrado a finales de marzo en el accionariado de la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para así poder encargarle directamente las expropiaciones y las direcciones de obra.
Es la primera vez que Ineco abre su consejo de administración a cabildos tras haber estado exclusivamente participada por entidades del Estado, como Enaire, Adif y Renfe.
Con las expropiaciones y la parte técnica del proyecto ideado a principios de siglo ya finalizada, falta la parte más importante para que el ferrocarril sea una realidad: la financiación.
"El tema ya no es técnico, es exclusivamente económico, que evidentemente tiene un componente político, que es el reconocimiento de que los tramos ferroviarios de los que se van a beneficiar las islas Canarias son prioritarios", señala Sosa, y agrega que "así, la madurez del proyecto es total, y no habría inconveniente".
Según los proyectos elaborados por la empresa pública, la estimación económica de la obra es de 1.650 millones de euros, pero en las últimas declaraciones, los responsables técnicos calculan una inversión de hasta 2.000 millones por la actualización de costes.
En este sentido, Sosa recuerda que en septiembre del año pasado se firmó un protocolo entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria como paso previo a la firma de un convenio para incluir partidas plurianuales en los Presupuestos Generales del Estado, o captar fondos de la Unión Europea, para poder licitar e iniciar las obras.
La administración descarta invertir en solitario en fases de la obra sin garantías del resto de instituciones, y "queremos, remalca el consejero, que se nos trate igual que al resto de tramos ferroviarios de la Península".
También destaca que "es verdad que el Gobierno de España tiene un problema y es que no tiene presupuestos generales del Estado porque están prorrogados, pero nosotros hemos dicho que el protocolo sea la antesala de un convenio económico, que son los que de verdad benefician a Canarias".
Sosa, que remarca que "si el Gobierno central ha firmado es porque tiene la intención de financiar", s evita pronunciarse sobre la fecha de inicio de las licitaciones y descarta que el Cabildo de Gran Canaria financie en solitario tramos de la obra sin garantías previas del resto de instituciones.
"Suponiendo que tocara el 60% al Gobierno central; el 30% al ejecutivo regional y un 10% al Cabildo de Gran Canaria, tendremos que financiarlo, pero siempre esperando el convenio", puntualiza Sosa.
En paralelo, reivindica que el tren de Gran Canaria encaje en el Corredor Europeo, con el objetivo de equiparar el proyecto insular a otros corredores ferroviarios de la Península que cuentan con financiación comunitaria.
La ejecución del tren se plantea por fases, con una inversión aproximada de 200 millones anuales, dada la magnitud de la infraestructura.
Sosa es partidario de comenzar por las cocheras y talleres en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), que consta de una superficie de más de 23.000 metros cuadrados, y el tramo hacia el aeropuerto.
Sin embargo, recuerda que el Ministerio "ve más viable arrancar desde la capital hasta la infraestructura aeroportuaria".
La opción del Gobierno de España obligaría a habilitar instalaciones provisionales de mantenimiento además de los proyectados en Santa Lucía de Tirajana.
"Si ese es el condicionante que pone el ejecutivo central, empezar desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el aeropuerto, no tendríamos inconveniente", reconoce Sosa.
Además, el Cabildo de Gran Canaria ha planteado que la estación del aeropuerto pueda financiarse con los fondos DORA, destinados a infraestructuras aeroportuarias, dado su carácter de intercambiador de transporte.
El tren del sur acumula más de 25 proyectos constructivos y estudios técnicos financiados en su mayoría por el Estado, con una inversión pública que ronda los 30 millones de euros.
Tras años de paralización del estudio de impacto ambiental, que comenzó en 2010 y acabó en 2022, Sosa sostiene que el mismo mes que accedió a la Consejería de Movilidad, en junio de 2023, presentó el expediente al órgano ambiental de la primera institución insular..
Durante tres años, el equipo de especialistas mantuvo 28 reuniones técnicas y requirió hasta seis subsanaciones para poder pronunciar la DIA favorable.
Con ese trámite resuelto, el calendario queda ahora condicionado a la capacidad y la voluntad de las administraciones para conseguir la financiación.