Jueves, 2 de julio.
Canarias7
El albergue de Arinaga, ubicado en el entorno de la playa de El Cabrón, ha vuelto a ser objeto de actos vandálicos durante el pasado fin de semana, pese a contar con servicio de vigilancia para proteger el inmueble, que permanece cerrado desde el desalojo del centro de menores migrantes hace ahora un año., y en el que rompieron una de las puertas de acceso al recinto.
Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que gestiona el inmueble, confirmaron este martes que el edificio dispone actualmente de un sistema de seguridad compuesto por vigilancia presencial, cámaras y alarmas.
Según explican, cuando se produce una incidencia "se avisa de inmediato a la empresa de seguridad y a la policía", por lo que insisten en que el recinto está controlado, aunque reconocen que ello no impide que sigan produciéndose actos vandálicos.
Cabe recordar que el servicio de vigilancia fue contratado con carácter de urgencia en mayo por un periodo inicial de tres meses, después de que el edificio permaneciera varias semanas completamente desprotegido, una situación denunciada tanto por vecinos/as como por el Ayuntamiento de Agüimes.
Pese a ese estado de deterioro, el Gobierno de Canarias mantiene su intención de rehabilitar el histórico edificio para convertirlo en el primer centro de transición y acogida para jóvenes migrantes extutelados mayores de edad del Archipiélago.
El proyecto se encuentra aún en fase inicial y contempla la rehabilitación integral del inmueble antes de su puesta en funcionamiento como recurso sociosocial destinado a favorecer la integración laboral y la emancipación de estos jóvenes.
Precisamente, durante el pleno municipal celebrado este lunes, el concejal de Coalición Canaria (CC), Antonio Vélez, preguntó al gobierno local sobre la situación que atraviesa el inmueble tras las denuncias vecinales.
El alcalde, Óscar Hernández, que explicó que el Ayuntamiento llegó a ofrecer una alternativa para asumir la gestión del inmueble si ello facilitaba su conservación y puesta en uso, manifestó que "le planteamos la posibilidad de que, si el centro no resolvía las necesidades o dificultaba la gestión, el Ayuntamiento estaba dispuesto a buscar una alternativa municipal y hacernos cargo del centro".
El albergue arrastra un prolongado proceso de deterioro desde que quedó vacío tras el cierre judicial del centro de menores gestionado por la entidad Quórum 77.
Durante los meses en los que permaneció sin vigilancia sufrió saqueos, robos, incendios y destrozos en puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y mobiliario, además del abandono de documentación con datos personales de antiguas personas residentes.
Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que gestiona el inmueble, confirmaron este martes que el edificio dispone actualmente de un sistema de seguridad compuesto por vigilancia presencial, cámaras y alarmas.
Según explican, cuando se produce una incidencia "se avisa de inmediato a la empresa de seguridad y a la policía", por lo que insisten en que el recinto está controlado, aunque reconocen que ello no impide que sigan produciéndose actos vandálicos.
Cabe recordar que el servicio de vigilancia fue contratado con carácter de urgencia en mayo por un periodo inicial de tres meses, después de que el edificio permaneciera varias semanas completamente desprotegido, una situación denunciada tanto por vecinos/as como por el Ayuntamiento de Agüimes.
Pese a ese estado de deterioro, el Gobierno de Canarias mantiene su intención de rehabilitar el histórico edificio para convertirlo en el primer centro de transición y acogida para jóvenes migrantes extutelados mayores de edad del Archipiélago.
El proyecto se encuentra aún en fase inicial y contempla la rehabilitación integral del inmueble antes de su puesta en funcionamiento como recurso sociosocial destinado a favorecer la integración laboral y la emancipación de estos jóvenes.
Precisamente, durante el pleno municipal celebrado este lunes, el concejal de Coalición Canaria (CC), Antonio Vélez, preguntó al gobierno local sobre la situación que atraviesa el inmueble tras las denuncias vecinales.
El alcalde, Óscar Hernández, que explicó que el Ayuntamiento llegó a ofrecer una alternativa para asumir la gestión del inmueble si ello facilitaba su conservación y puesta en uso, manifestó que "le planteamos la posibilidad de que, si el centro no resolvía las necesidades o dificultaba la gestión, el Ayuntamiento estaba dispuesto a buscar una alternativa municipal y hacernos cargo del centro".
El albergue arrastra un prolongado proceso de deterioro desde que quedó vacío tras el cierre judicial del centro de menores gestionado por la entidad Quórum 77.
Durante los meses en los que permaneció sin vigilancia sufrió saqueos, robos, incendios y destrozos en puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y mobiliario, además del abandono de documentación con datos personales de antiguas personas residentes.