Lunes, 17 de agosto.
La Provincia
La decisión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de incrementar un 30% la tasa por el servicio de amarre en los puertos de Las Palmas, Salinetas y Arinaga ha unido a Asocelpa y Oneport en su contra, argumentando que "rompe la estabilidad tarifaria del Puerto e impone un sobrecoste injustificado a la comunidad portuaria", mientras que fuentes del sector defienden la medida al considerar que está vinculada a la incorporación de más personal.
La propuesta plantea una revisión extraordinaria del pliego del servicio de amarre y desamarre al considerar que desde la aprobación del pliego vigente en 2021 han cambiado de forma sustancial las condiciones de prestación del servicio.
El expediente justifica la modificación por el incremento del tráfico marítimo, la mayor complejidad operativa y la simultaneidad de maniobra, y da un plazo de 10 días para formular alegaciones.
El documento contempla que la dotación mínima pasa de 10 a 16 amarradores por turno, con dos patrones en presencia permanente, dos en retén, diez amarradores en presencia permanente y dos en retén.
Entre las 22.00 y las 06.00 horas, la dotación se reduce en dos amarradores en presencia permanente, un coordinador por turno y, en medios materiales se mantienen cuatro embarcaciones y se eleva de tres a cuatro el número de vehículos auxiliares.
En cuanto a la estructura tarifaria, se pasa de cinco a once cuadros de tarifas máximas y se establece otra de 431,10 euros adicionales por hora o prorrata, aplicable a maniobras de especial dificultad.
Asocelpa advierte de que elevar en torno a un 30% la tarifa de amarre encarecerá la operativa de los buques y repercutirá en la cesta de la compra.
También critica que el expediente se tramite en agosto y cuestiona la metodología empleada, al considerar que la Autoridad Portuaria de Las Palmas parte de costes propuestos por el prestador y no de costes obligatorios, eficientes y auditados.
Además, ve incoherente garantizar a Sepcan un margen del 10% cuando, según sus datos, ya declaró en 2025 un beneficio neto del 14,88% con las tarifas actuales.
Asimismo, critica que los gastos de personal pasen de 2,71 a 4,67 millones, un 71,99% más, mientras que Oneport, por su parte, admite que el servicio funciona bien y debe mantener su calidad, pero advierte de que se castigará a los barcos pequeños y aumentará los servicios sujetos a recargo, y sostiene que un mismo buque podría pagar alrededor de un 50% más.
También reprocha la falta de un estudio económico suficiente en un servicio sin alternativa real para los usuarios.
Quien no se ha sumado a las críticas es Fedeport, y su secretaria general, Elba Bueno, recuerda que esta revisión de las tasas se realiza a petición de los propios armadores, que quieren recortar el tiempo de sus escalas y está regulado por ley.
Además, lamenta que se argumente que esta subida suponga un incremento en la cesta de la compra y asegura que la diferencia del coste de servicio será de 0,065 euros por kilo de mercancía, y reprocha que no se argumentara lo mismo cuando hace unos meses se incrementó en un 28% la tasa por manipulación de mercancía.
Por su parte, fuentes del sector aseguran que el incremento de tarifa está asociado al incremento del personal del servicio que ha establecido la Autoridad Portuaria de Las Palmas para reducir los tiempos de maniobra y esperas de buque, lo que a su vez reducirá los costes operativos por escala, y defienden que esta revisión se ha realizado ya con otros servicios sin "alarma respecto del impacto directo en la cesta de la compra".
Por otro lado, aseguran que la variación de los costes salariales no son del 72%, sino del 40%, puesto que en 2025 fueron de 3,34 millones y con la nueva propuesta pasarán a ser 4,67 millones.
La propuesta plantea una revisión extraordinaria del pliego del servicio de amarre y desamarre al considerar que desde la aprobación del pliego vigente en 2021 han cambiado de forma sustancial las condiciones de prestación del servicio.
El expediente justifica la modificación por el incremento del tráfico marítimo, la mayor complejidad operativa y la simultaneidad de maniobra, y da un plazo de 10 días para formular alegaciones.
El documento contempla que la dotación mínima pasa de 10 a 16 amarradores por turno, con dos patrones en presencia permanente, dos en retén, diez amarradores en presencia permanente y dos en retén.
Entre las 22.00 y las 06.00 horas, la dotación se reduce en dos amarradores en presencia permanente, un coordinador por turno y, en medios materiales se mantienen cuatro embarcaciones y se eleva de tres a cuatro el número de vehículos auxiliares.
En cuanto a la estructura tarifaria, se pasa de cinco a once cuadros de tarifas máximas y se establece otra de 431,10 euros adicionales por hora o prorrata, aplicable a maniobras de especial dificultad.
Asocelpa advierte de que elevar en torno a un 30% la tarifa de amarre encarecerá la operativa de los buques y repercutirá en la cesta de la compra.
También critica que el expediente se tramite en agosto y cuestiona la metodología empleada, al considerar que la Autoridad Portuaria de Las Palmas parte de costes propuestos por el prestador y no de costes obligatorios, eficientes y auditados.
Además, ve incoherente garantizar a Sepcan un margen del 10% cuando, según sus datos, ya declaró en 2025 un beneficio neto del 14,88% con las tarifas actuales.
Asimismo, critica que los gastos de personal pasen de 2,71 a 4,67 millones, un 71,99% más, mientras que Oneport, por su parte, admite que el servicio funciona bien y debe mantener su calidad, pero advierte de que se castigará a los barcos pequeños y aumentará los servicios sujetos a recargo, y sostiene que un mismo buque podría pagar alrededor de un 50% más.
También reprocha la falta de un estudio económico suficiente en un servicio sin alternativa real para los usuarios.
Quien no se ha sumado a las críticas es Fedeport, y su secretaria general, Elba Bueno, recuerda que esta revisión de las tasas se realiza a petición de los propios armadores, que quieren recortar el tiempo de sus escalas y está regulado por ley.
Además, lamenta que se argumente que esta subida suponga un incremento en la cesta de la compra y asegura que la diferencia del coste de servicio será de 0,065 euros por kilo de mercancía, y reprocha que no se argumentara lo mismo cuando hace unos meses se incrementó en un 28% la tasa por manipulación de mercancía.
Por su parte, fuentes del sector aseguran que el incremento de tarifa está asociado al incremento del personal del servicio que ha establecido la Autoridad Portuaria de Las Palmas para reducir los tiempos de maniobra y esperas de buque, lo que a su vez reducirá los costes operativos por escala, y defienden que esta revisión se ha realizado ya con otros servicios sin "alarma respecto del impacto directo en la cesta de la compra".
Por otro lado, aseguran que la variación de los costes salariales no son del 72%, sino del 40%, puesto que en 2025 fueron de 3,34 millones y con la nueva propuesta pasarán a ser 4,67 millones.