Jueves, 1 de octubre.
Sé que estoy insistiendo mucho en esto, pero es que me parece de espacial relevancia para este archipiélago atlántico. La energía ha dejado de ser una cuestión económica o ambiental. Se ha convertido en uno de los escenarios de la disputa geopolítica del siglo XXI.
Cuatro años después de que estallara la guerra en Ucrania, Europa ha cerrado casi por completo el grifo del gas ruso, en lo que supone uno de los mayores giros energéticos de su historia reciente. Antes de la invasión, Rusia cubría el 45% del gas que importaba la Unión Europea, hoy esa cifra apenas roza el 12%, tras el cierre de Nord Stream, el fin del tránsito por Ucrania en enero de 2025 y una ley que prohibirá por completo las compras rusas desde octubre de 2027.
La ruptura ha tenido serias consecuencias. El gas llegó a dispararse por encima de los 300 €/MWh en 2022, arrastrando la inflación y obligando a los gobiernos europeos a desembolsar cerca de 792.000 millones de euros en ayudas de emergencia, una cifra que rivaliza con el fondo de recuperación pos-covid. La industria química alemana, con BASF a la cabeza, encajó cierres de plantas y despidos masivos.
El fin progresivo del gas ruso también pasa factura justo ahora cuando llega el frío. Los almacenamientos de la UE apenas alcanzan el 65-68% de capacidad a mediados de septiembre, muy por debajo del 80-92% de los últimos tres años, con el gas TTF superando los 80€/MWh, máximo desde 2022. Alemania, con reservas del 46%, y Reino Unido, con solo el 31%, afrontan el invierno peor preparados, mientras la sustitución por Gas Natural Licuado (GNL ) estadounidense y qatarí se complica por suspensiones de entregas de Qatar Energy.
La crisis energética ha destapado, además, una fractura política profunda. Hungría votó en contra del reglamento que prohíbe el GNL ruso desde 2027 y, junto a Eslovaquia, ha recurrido la norma ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando vulneración de la subsidiariedad.
Europa ha sustituido su dependencia del gas ruso por una creciente dependencia del GNL estadounidense, que ya supone el 57% del total y podría llegar al 66% en 2026. El acuerdo comercial UE-EE.UU. obliga a comprar energía estadounidense por 750.000 millones de dólares anuales hasta 2028, a cambio de limitar los aranceles de Trump al 15%. Washington ha convertido así el gas en moneda de cambio negociadora, presionando a Bruselas con la amenaza arancelaria para arrancar compras a largo plazo. El resultado es una factura más cara y un debate abierto sobre si Europa solo cambió de amo energético.
Argelia se ha convertido en el principal suministrador de gas de España en 2026, superando a Estados Unidos con cerca del 34% de las importaciones (llegando al 42,6% en mayo), gracias al gasoducto Medgaz y al GNL. Tras la visita de Sánchez a Argel en julio, ambos países pactaron ampliar el suministro hasta un 15%, y Argelia impulsa además el gasoducto Transahariano para reforzar su peso energético en Europa.
Esa posición energética de Argelia es también un arma política frente a Marruecos, con quien libra una «guerra fría» en gasto militar, el Sahel y el Sáhara Occidental. No reconoce a Israel y percibe el eje Rabat-Washington-Tel Aviv-Abu Dabi como un cerco, lo que motivó su ruptura con Emiratos Árabes Unidos en septiembre.
Estados Unidos y Europa han sido aliados estratégicos, pero sus caminos empiezan a divergir en aspectos fundamentales como el papel de los combustibles fósiles, la velocidad de la transición energética, la regulación ambiental y, sobre todo, el control de las tecnologías y cadenas industriales.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha acentuado esta divergencia. Su Administración ha recuperado la defensa de los combustibles fósiles y la idea de una «dominación energética» estadounidense. Europa, en cambio, aunque está revisando y simplificando algunas políticas climáticas ante las dificultades industriales, mantiene la apuesta por las renovables, la electrificación y la reducción de su dependencia de los combustibles importados.
Pero sería un error interpretar la realidad como una simple confrontación entre una América fósil y una Europa verde. La disputa es más profunda, se trata de una batalla abierta por el control de las tecnologías, inversiones, materias primas, infraestructuras y mercados de la nueva economía energética.
El malestar ciudadano crece en paralelo. Según un estudio de Ipsos realizado en diez países europeos, el 75% de la ciudadania europea considera elevadas sus facturas energéticas y más de un tercio ha tenido que renunciar a gastos esenciales, incluidas visitas médicas, para poder pagarlas. Distintos análisis apuntan a que el auge de la ultraderecha en Alemania tiene bastante que ver con todo esto.
Europa ha aprendido una dura lección. Las crisis han demostrado que una alteración en los mercados energéticos puede trasladarse rápidamente a precios, inflación y competitividad industrial. Por eso la transición energética europea está cambiando de significado. Ya no es solamente una política para combatir el cambio climático. Es también una política de seguridad, autonomía estratégica y competitividad. Cada megavatio renovable producido en Europa reduce la necesidad de importar petróleo o gas. Las baterías, redes inteligentes, sistemas de almacenamiento e instalaciones renovables reducen esa vulnerabilidad.
Los titulares de los medios de comunicación de las últimas semanas son alarmantes: «Europa se acerca a su segunda crisis energética en un lustro», «Arabia Saudí cierra su único oleoducto alternativo al tránsito por Ormuz», «La AIE advierte que el diesel proseguirá su escalada y las refinerías están al límite», «Europa pierde refinerías mientras crece su dependencia del gasóleo extranjero», « Preocupación en Francia por la escasez de combustible en mas del 20% de las gasolineras», «La guerra, los precios y el veto al gas ruso atrapan a España y complican sus reservas para este invierno», «El gobierno español planea intervenir el precio del gas para frenar la subida de la luz», «Los precios en España se desbocarán más que en el resto de grandes economías del euro por la guerra», «La gran industria alerta al gobierno de paradas por el precio de la energía», «La tarifa regulada del gas subirá más del 50% en octubre en España si el Gobierno no actúa», «Canarias teme que el alza del queroseno impacte en su invierno y pide al estado bonificar su impuesto»
Se han encendido todas las alarmas. Canarias carece de recursos fósiles propios y ha construido su sistema energético sobre la importación de combustibles. Más del 75% de la electricidad generada en Canarias procede de productos petrolíferos. Esta dependencia tiene un coste económico y estratégico. Canarias está expuesta a los precios del petróleo, al transporte de combustibles y a las crisis que puedan afectar a los mercados. Cada crisis energética vuelve a poner sobre la mesa la misma vulnerabilidad.
La combinación de la ruptura con el gas ruso, la dependencia del GNL estadounidense y la guerra de Irán encarece la vida en el Archipiélago. Los carburantes suben un 28% interanual, con el gasóleo disparado un 34,9%, y la escalada bélica en Irán ha costado a España 8.800 millones de euros en seis meses. La cesta de la compra asfixia a los hogares: el 65% ya elimina productos por precio, con subidas destacadas en huevos (10,6%), carne de vacuno (9,5%), pescado, lácteos y aceite de oliva. La vivienda subió un 14,2% trimestral, con el alquiler rozando los 15,6 €/m². El turismo también sufre: unas vacaciones cuestan un 40% más que hace cinco años y los hoteleros afrontan sobrecostes energéticos de hasta el 40%, erosionando su competitividad.
Y aquí aparece una oportunidad extraordinaria para este archipiélago atlántico. Las islas constituyen uno de los territorios donde puede demostrarse que la transición energética no es una cuestión ideológica, sino una necesidad económica. Nuestra Comunidad dispone de algunos de los recursos que Europa necesita desarrollar: sol, viento, territorio para infraestructuras, un gran potencial marino y condiciones excepcionales para experimentar con sistemas energéticos insulares avanzados. La Unión Europea ha comenzado a reconocer esta especificidad. Las islas pueden convertirse en laboratorios de la transición energética: territorios donde renovables, almacenamiento, electrificación, gestión inteligente de la demanda y producción de agua mediante desalación puedan integrarse en sistemas menos dependientes de los combustibles fósiles.
En Gran Canaria esta oportunidad conecta con el modelo de Ecoísla, que no debería entenderse solo como una estrategia ambiental. Se trata también de construir un modelo económico capaz de aprovechar los recursos naturales de la isla para reducir importaciones, generar actividad y empleo cualificado, y aumentar la resiliencia del territorio. Eso significa relacionar las energías renovables con el almacenamiento, la desalación, la movilidad eléctrica, la economía circular, la industria, la agricultura, el turismo, los puertos y la digitalización.
Y en ese sistema la eólica marina es central. Gran Canaria no puede permitirse que esta energía se convierta en una promesa permanente mientras otros territorios avanzan. España tiene ante sí la responsabilidad de impulsar urgentemente su desarrollo en Canarias y, dentro de Canarias, Gran Canaria reúne condiciones excepcionales para convertirse en uno de los primeros espacios de despliegue.
La propia estrategia estatal reconoce el potencial de la eólica marina y exige compatibilizarlo con la ordenación marítima y la protección ambiental. Es necesario pasar de la planificación a la ejecución. Esa reivindicación debería convertirse en una prioridad nacional. Porque la eólica marina no significa únicamente producir electricidad. Puede convertirse en una cadena industrial vinculada a la economía azul. Los parques flotantes requieren ingeniería, fabricación, mantenimiento, logística, puertos especializados, servicios marítimos, investigación oceanográfica, formación profesional y conocimiento tecnológico.
Y Gran Canaria -lo repito una vez más- dispone de activos extraordinarios para ello. El Puerto de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, PLOCAN, las empresas de ingeniería, los sectores naval y marítimo y la experiencia acumulada en energías renovables forman un ecosistema favorable a la innovación y el despliegue. El Puerto de Las Palmas está vinculado también a proyectos de innovación en eólica marina flotante.
Esta es la oportunidad que no deberíamos perder. Gran Canaria no tiene que limitarse a instalar aerogeneradores en el mar. Puede aspirar a desarrollar una industria: servicios portuarios, ensamblaje, mantenimiento, reparación, ingeniería, formación, investigación y nuevas empresas tecnológicas. La energía puede convertirse así en una palanca de diversificación económica.
Y en todo este proceso, el almacenamiento es clave. El Salto de Chira representa una infraestructura fundamental porque permite almacenar energía y gestionar mejor la producción renovable. No se trata solo de producir más renovables, sino de poder utilizarlas cuando se necesitan. La combinación de eólica terrestre, solar, eólica marina y almacenamiento puede modificar radicalmente la estructura energética de una isla. La electrificación de la movilidad y de procesos industriales permitiría, además, aprovechar esa electricidad local para sustituir combustibles importados. La desalación puede convertirse en otra pieza del sistema, utilizando electricidad renovable para producir un recurso esencial en un territorio insular.
Si Europa quiere reducir su dependencia energética, necesita desarrollar tecnologías propias y territorios capaces de demostrar que esa transición funciona. Canarias puede ser uno de ellos. Y Gran Canaria puede desempeñar un papel relevante. Pero para ello hace falta velocidad. España no puede permitirse que la planificación de la eólica marina se prolongue mientras aumenta la presión geopolítica sobre los mercados energéticos. Tampoco puede diseñar las subastas pensando exclusivamente en las características de la península. Los sistemas insulares tienen costes, necesidades y oportunidades diferentes y necesitan mecanismos específicos.
La demanda de Canarias de una subasta adaptada a la realidad insular no debería interpretarse como una reivindicación más. Es una cuestión de política energética nacional. Porque desarrollar eólica marina en Canarias significa contribuir a la seguridad energética de España y Europa, crear una actividad industrial y convertir un territorio vulnerable a los combustibles fósiles en un laboratorio avanzado de la transición energética. Naturalmente, este desarrollo debe hacerse con todas las garantías ambientales. El océano no es un espacio vacío. Hay que proteger los ecosistemas marinos, las rutas de navegación, la pesca y los demás usos del litoral. La planificación estatal exige compatibilizarla con la biodiversidad y los usos del medio marino.
La batalla energética entre Rusia, Estados Unidos y Europa no es una cuestión lejana. Tiene consecuencias sobre Canarias. Mientras Rusia y Estados Unidos utilizan petróleo y gas como instrumento de poder, Europa necesita convertir la transición energética en una estrategia de autonomía. Y Canarias puede beneficiarse de esa transformación si consigue situarse en el lugar adecuado.
La cuestión no es solamente producir energía limpia. Es producirla aquí. Es almacenarla aquí. Es utilizarla para desalar agua, mover vehículos, alimentar industrias y reducir importaciones. Sobre todo, hay que conseguir que una parte de la tecnología, el conocimiento, los servicios y el empleo asociados a esa nueva economía permanezcan también aquí. La Ecoísla puede ser precisamente eso: no solamente una respuesta al cambio climático, sino una estrategia de seguridad energética, diversificación económica y soberanía para Canarias en un mundo cada vez más marcado por la batalla por la energía.
Cuatro años después de que estallara la guerra en Ucrania, Europa ha cerrado casi por completo el grifo del gas ruso, en lo que supone uno de los mayores giros energéticos de su historia reciente. Antes de la invasión, Rusia cubría el 45% del gas que importaba la Unión Europea, hoy esa cifra apenas roza el 12%, tras el cierre de Nord Stream, el fin del tránsito por Ucrania en enero de 2025 y una ley que prohibirá por completo las compras rusas desde octubre de 2027.
La ruptura ha tenido serias consecuencias. El gas llegó a dispararse por encima de los 300 €/MWh en 2022, arrastrando la inflación y obligando a los gobiernos europeos a desembolsar cerca de 792.000 millones de euros en ayudas de emergencia, una cifra que rivaliza con el fondo de recuperación pos-covid. La industria química alemana, con BASF a la cabeza, encajó cierres de plantas y despidos masivos.
El fin progresivo del gas ruso también pasa factura justo ahora cuando llega el frío. Los almacenamientos de la UE apenas alcanzan el 65-68% de capacidad a mediados de septiembre, muy por debajo del 80-92% de los últimos tres años, con el gas TTF superando los 80€/MWh, máximo desde 2022. Alemania, con reservas del 46%, y Reino Unido, con solo el 31%, afrontan el invierno peor preparados, mientras la sustitución por Gas Natural Licuado (GNL ) estadounidense y qatarí se complica por suspensiones de entregas de Qatar Energy.
La crisis energética ha destapado, además, una fractura política profunda. Hungría votó en contra del reglamento que prohíbe el GNL ruso desde 2027 y, junto a Eslovaquia, ha recurrido la norma ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando vulneración de la subsidiariedad.
Europa ha sustituido su dependencia del gas ruso por una creciente dependencia del GNL estadounidense, que ya supone el 57% del total y podría llegar al 66% en 2026. El acuerdo comercial UE-EE.UU. obliga a comprar energía estadounidense por 750.000 millones de dólares anuales hasta 2028, a cambio de limitar los aranceles de Trump al 15%. Washington ha convertido así el gas en moneda de cambio negociadora, presionando a Bruselas con la amenaza arancelaria para arrancar compras a largo plazo. El resultado es una factura más cara y un debate abierto sobre si Europa solo cambió de amo energético.
Argelia se ha convertido en el principal suministrador de gas de España en 2026, superando a Estados Unidos con cerca del 34% de las importaciones (llegando al 42,6% en mayo), gracias al gasoducto Medgaz y al GNL. Tras la visita de Sánchez a Argel en julio, ambos países pactaron ampliar el suministro hasta un 15%, y Argelia impulsa además el gasoducto Transahariano para reforzar su peso energético en Europa.
Esa posición energética de Argelia es también un arma política frente a Marruecos, con quien libra una «guerra fría» en gasto militar, el Sahel y el Sáhara Occidental. No reconoce a Israel y percibe el eje Rabat-Washington-Tel Aviv-Abu Dabi como un cerco, lo que motivó su ruptura con Emiratos Árabes Unidos en septiembre.
Estados Unidos y Europa han sido aliados estratégicos, pero sus caminos empiezan a divergir en aspectos fundamentales como el papel de los combustibles fósiles, la velocidad de la transición energética, la regulación ambiental y, sobre todo, el control de las tecnologías y cadenas industriales.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha acentuado esta divergencia. Su Administración ha recuperado la defensa de los combustibles fósiles y la idea de una «dominación energética» estadounidense. Europa, en cambio, aunque está revisando y simplificando algunas políticas climáticas ante las dificultades industriales, mantiene la apuesta por las renovables, la electrificación y la reducción de su dependencia de los combustibles importados.
Pero sería un error interpretar la realidad como una simple confrontación entre una América fósil y una Europa verde. La disputa es más profunda, se trata de una batalla abierta por el control de las tecnologías, inversiones, materias primas, infraestructuras y mercados de la nueva economía energética.
El malestar ciudadano crece en paralelo. Según un estudio de Ipsos realizado en diez países europeos, el 75% de la ciudadania europea considera elevadas sus facturas energéticas y más de un tercio ha tenido que renunciar a gastos esenciales, incluidas visitas médicas, para poder pagarlas. Distintos análisis apuntan a que el auge de la ultraderecha en Alemania tiene bastante que ver con todo esto.
Europa ha aprendido una dura lección. Las crisis han demostrado que una alteración en los mercados energéticos puede trasladarse rápidamente a precios, inflación y competitividad industrial. Por eso la transición energética europea está cambiando de significado. Ya no es solamente una política para combatir el cambio climático. Es también una política de seguridad, autonomía estratégica y competitividad. Cada megavatio renovable producido en Europa reduce la necesidad de importar petróleo o gas. Las baterías, redes inteligentes, sistemas de almacenamiento e instalaciones renovables reducen esa vulnerabilidad.
Los titulares de los medios de comunicación de las últimas semanas son alarmantes: «Europa se acerca a su segunda crisis energética en un lustro», «Arabia Saudí cierra su único oleoducto alternativo al tránsito por Ormuz», «La AIE advierte que el diesel proseguirá su escalada y las refinerías están al límite», «Europa pierde refinerías mientras crece su dependencia del gasóleo extranjero», « Preocupación en Francia por la escasez de combustible en mas del 20% de las gasolineras», «La guerra, los precios y el veto al gas ruso atrapan a España y complican sus reservas para este invierno», «El gobierno español planea intervenir el precio del gas para frenar la subida de la luz», «Los precios en España se desbocarán más que en el resto de grandes economías del euro por la guerra», «La gran industria alerta al gobierno de paradas por el precio de la energía», «La tarifa regulada del gas subirá más del 50% en octubre en España si el Gobierno no actúa», «Canarias teme que el alza del queroseno impacte en su invierno y pide al estado bonificar su impuesto»
Se han encendido todas las alarmas. Canarias carece de recursos fósiles propios y ha construido su sistema energético sobre la importación de combustibles. Más del 75% de la electricidad generada en Canarias procede de productos petrolíferos. Esta dependencia tiene un coste económico y estratégico. Canarias está expuesta a los precios del petróleo, al transporte de combustibles y a las crisis que puedan afectar a los mercados. Cada crisis energética vuelve a poner sobre la mesa la misma vulnerabilidad.
La combinación de la ruptura con el gas ruso, la dependencia del GNL estadounidense y la guerra de Irán encarece la vida en el Archipiélago. Los carburantes suben un 28% interanual, con el gasóleo disparado un 34,9%, y la escalada bélica en Irán ha costado a España 8.800 millones de euros en seis meses. La cesta de la compra asfixia a los hogares: el 65% ya elimina productos por precio, con subidas destacadas en huevos (10,6%), carne de vacuno (9,5%), pescado, lácteos y aceite de oliva. La vivienda subió un 14,2% trimestral, con el alquiler rozando los 15,6 €/m². El turismo también sufre: unas vacaciones cuestan un 40% más que hace cinco años y los hoteleros afrontan sobrecostes energéticos de hasta el 40%, erosionando su competitividad.
Y aquí aparece una oportunidad extraordinaria para este archipiélago atlántico. Las islas constituyen uno de los territorios donde puede demostrarse que la transición energética no es una cuestión ideológica, sino una necesidad económica. Nuestra Comunidad dispone de algunos de los recursos que Europa necesita desarrollar: sol, viento, territorio para infraestructuras, un gran potencial marino y condiciones excepcionales para experimentar con sistemas energéticos insulares avanzados. La Unión Europea ha comenzado a reconocer esta especificidad. Las islas pueden convertirse en laboratorios de la transición energética: territorios donde renovables, almacenamiento, electrificación, gestión inteligente de la demanda y producción de agua mediante desalación puedan integrarse en sistemas menos dependientes de los combustibles fósiles.
En Gran Canaria esta oportunidad conecta con el modelo de Ecoísla, que no debería entenderse solo como una estrategia ambiental. Se trata también de construir un modelo económico capaz de aprovechar los recursos naturales de la isla para reducir importaciones, generar actividad y empleo cualificado, y aumentar la resiliencia del territorio. Eso significa relacionar las energías renovables con el almacenamiento, la desalación, la movilidad eléctrica, la economía circular, la industria, la agricultura, el turismo, los puertos y la digitalización.
Y en ese sistema la eólica marina es central. Gran Canaria no puede permitirse que esta energía se convierta en una promesa permanente mientras otros territorios avanzan. España tiene ante sí la responsabilidad de impulsar urgentemente su desarrollo en Canarias y, dentro de Canarias, Gran Canaria reúne condiciones excepcionales para convertirse en uno de los primeros espacios de despliegue.
La propia estrategia estatal reconoce el potencial de la eólica marina y exige compatibilizarlo con la ordenación marítima y la protección ambiental. Es necesario pasar de la planificación a la ejecución. Esa reivindicación debería convertirse en una prioridad nacional. Porque la eólica marina no significa únicamente producir electricidad. Puede convertirse en una cadena industrial vinculada a la economía azul. Los parques flotantes requieren ingeniería, fabricación, mantenimiento, logística, puertos especializados, servicios marítimos, investigación oceanográfica, formación profesional y conocimiento tecnológico.
Y Gran Canaria -lo repito una vez más- dispone de activos extraordinarios para ello. El Puerto de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, PLOCAN, las empresas de ingeniería, los sectores naval y marítimo y la experiencia acumulada en energías renovables forman un ecosistema favorable a la innovación y el despliegue. El Puerto de Las Palmas está vinculado también a proyectos de innovación en eólica marina flotante.
Esta es la oportunidad que no deberíamos perder. Gran Canaria no tiene que limitarse a instalar aerogeneradores en el mar. Puede aspirar a desarrollar una industria: servicios portuarios, ensamblaje, mantenimiento, reparación, ingeniería, formación, investigación y nuevas empresas tecnológicas. La energía puede convertirse así en una palanca de diversificación económica.
Y en todo este proceso, el almacenamiento es clave. El Salto de Chira representa una infraestructura fundamental porque permite almacenar energía y gestionar mejor la producción renovable. No se trata solo de producir más renovables, sino de poder utilizarlas cuando se necesitan. La combinación de eólica terrestre, solar, eólica marina y almacenamiento puede modificar radicalmente la estructura energética de una isla. La electrificación de la movilidad y de procesos industriales permitiría, además, aprovechar esa electricidad local para sustituir combustibles importados. La desalación puede convertirse en otra pieza del sistema, utilizando electricidad renovable para producir un recurso esencial en un territorio insular.
Si Europa quiere reducir su dependencia energética, necesita desarrollar tecnologías propias y territorios capaces de demostrar que esa transición funciona. Canarias puede ser uno de ellos. Y Gran Canaria puede desempeñar un papel relevante. Pero para ello hace falta velocidad. España no puede permitirse que la planificación de la eólica marina se prolongue mientras aumenta la presión geopolítica sobre los mercados energéticos. Tampoco puede diseñar las subastas pensando exclusivamente en las características de la península. Los sistemas insulares tienen costes, necesidades y oportunidades diferentes y necesitan mecanismos específicos.
La demanda de Canarias de una subasta adaptada a la realidad insular no debería interpretarse como una reivindicación más. Es una cuestión de política energética nacional. Porque desarrollar eólica marina en Canarias significa contribuir a la seguridad energética de España y Europa, crear una actividad industrial y convertir un territorio vulnerable a los combustibles fósiles en un laboratorio avanzado de la transición energética. Naturalmente, este desarrollo debe hacerse con todas las garantías ambientales. El océano no es un espacio vacío. Hay que proteger los ecosistemas marinos, las rutas de navegación, la pesca y los demás usos del litoral. La planificación estatal exige compatibilizarla con la biodiversidad y los usos del medio marino.
La batalla energética entre Rusia, Estados Unidos y Europa no es una cuestión lejana. Tiene consecuencias sobre Canarias. Mientras Rusia y Estados Unidos utilizan petróleo y gas como instrumento de poder, Europa necesita convertir la transición energética en una estrategia de autonomía. Y Canarias puede beneficiarse de esa transformación si consigue situarse en el lugar adecuado.
La cuestión no es solamente producir energía limpia. Es producirla aquí. Es almacenarla aquí. Es utilizarla para desalar agua, mover vehículos, alimentar industrias y reducir importaciones. Sobre todo, hay que conseguir que una parte de la tecnología, el conocimiento, los servicios y el empleo asociados a esa nueva economía permanezcan también aquí. La Ecoísla puede ser precisamente eso: no solamente una respuesta al cambio climático, sino una estrategia de seguridad energética, diversificación económica y soberanía para Canarias en un mundo cada vez más marcado por la batalla por la energía.
*Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)