La alcaldesa de Granadilla, Nieves Gaspar, y el alcalde de Agüimes, Antonio Morales, reiteraron su rechazo a las plantas regasificadoras en tierra que la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan) ha sacado a concurso tanto en la localidad del sur de Tenerife, donde gobiernan CC, PP y Alternativa Sí se Puede, como en Arinaga.
En una rueda de prensa, celebrada en el Bodegón del Pueblo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, y en la que también estuvieron presentes Silverio Matos, edil de Santa Lucía y Juan Díaz, alcalde de Ingenio, explicaron que las plantas de gas flotantes, ancladas en el mar o en forma de barcos regasificadores, no suponen sobrecostes respecto de las que van en tierra.
Morales recordó que Agüimes ha denunciado ante las instancias europeas y ante la Fiscalía Anticorrupción la planta de gas proyectada por Gascan en Arinaga, ya que esta instalación “no figura en ningún plan territorial, carece de licencia y declaración de impacto ambiental, a lo que se suma la inexistencia del "macropuerto" que requerirá su funcionamiento”. La no inclusión hasta el momento en el Plan Insular Territorial es lo que provoca que la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria “aun no tiene plenas garantías de que en Arinaga no se construirá una planta de gas”. Y todo ello, a pesar de que el Cabildo de Gran Canaria haya anunciado la elaboración de un Plan Territorial que establecerá que esta instalación, en forma de plataforma semisumergida, se ubique a 1,5 kilómetros de la costa de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, donde está la central térmica de Unelco.
Otro de los alcaldes de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, el de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, calificó como una "decisión soberana" el rechazo mostrado ayer por el pleno de San Bartolomé de Tirajana a acoger en su territorio, sea en tierra o en mar, una planta de estas características. Al mismo tiempo, Matos abogó por exigir un "basta ya" al Gobierno de Canarias, ya que, a su juicio, en este asunto ha actuado de forma "irresponsable y demagógica" al hacer afirmaciones tales como que el desarrollo de Gran Canaria depende del gas, algo que "es mentira", dijo.
Por su parte, la alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar, aseguró que la moción aprobada el pasado 19 de noviembre por el grupo de gobierno del municipio, que contó con la abstención de los socialistas y en la que se rechazó la instalación de una planta de gas en tierra, no es un acuerdo "en contra de personas o entidades concretas", sino un posicionamiento en favor de la seguridad y la protección del entorno paisajístico de la zona.
Fotografía: Los alcaldes del Sureste y la alcaldesa de Granadilla de Abona, durante la rueda de prensa.