El Ayuntamiento de Agüimes, presidido por Antonio Morales, ha presentado un demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia y el auto de desestimación de nulidad de actuaciones, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por considerar arbitrario el auto del magistrado Francisco José Gómez Cáceres.
Según la sentencia, la Corporación, o en su caso, la aseguradora del Ayuntamiento debe pagar una indemnización de 90.000 euros a una vecina por haberse caído y dañado, en el año 2002, en un socavón de una acera provocado por una obra municipal en la Urbanización La Paz, del Polígono Residencial de Arinaga.
Independientemente del pago de dicha indemnización, que al parecer la aseguradora ya ha comunicado su intención de cubrir, el Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Constitucional por considerar que la sentencia "es arbitraria y no se ajusta a derecho". En su momento, el Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, manifestó que "sería un acto de cobardía no recurrir al Tribunal Constitucional".
Tal demanda la ha presentado el Ayuntamiento a través de un despacho de abogados de la Fundación Justicia Responsable e Independiente (Jurei) de Madrid, experta en recursos contra actuaciones arbitrarias del Poder Judicial contra personas y entidades "que quedan en el más absoluto abandono por la sistemática negativa de los abogados españoles a sus legítimas reclamaciones".
La demanda de amparo solicita, al Tribunal Constitucional, la suspensión de la ejecución y eficacia de la citada sentencia, cuya nulidad se pide para que pierda la finalidad del recurso.