Antonio Morales*Frente a una oposición castrante del PP, incapaz de ir más allá de un enfrentamiento estratégico un día sí y otro también; frente a las posiciones intransigentes de la derecha empresarial decidida a utilizar la crisis para debilitar las posiciones de la clase trabajadora, proponiendo una reforma laboral como antídoto de todos los males que nos azotan; frente a las andanadas del sistema bancario y financiero que empieza, de nuevo, a ganar posiciones y a mandar realmente, el Gobierno español, con el apoyo en solitario del PSOE, ha puesto sobre la mesa un esbozo de Ley de Economía Sostenible que, por otros motivos, claro, tampoco ha sido muy bien vista por los sectores sociales y políticos más a la izquierda y, lo que es más grave todavía, por los casi cuatro millones de parados con que cuenta este país, el 45% jóvenes, y por los diecisiete millones de ciudadanos que conforman la población activa y que no terminan de abandonar el miedo y la desconfianza ante la terrible situación que padecemos.
Más allá de las valoraciones que nos conducen a interpretar la propuesta como una huida hacia delante desde la improvisación más absoluta y a la falta de profundización real en alcanzar el objetivo último de hacer posible un cambio de modelo, donde el mercado deje de ser el rey del sistema, a mí me parece muy importante en estos momentos que, ante el conjunto de la ciudadanía, se abra un debate social plural capaz de señalar vías alternativas de desarrollo y de esperanza.
No me cabe la menor duda de que, en situaciones como ésta, un Gobierno debe tomar las riendas y marcar las directrices y que es absolutamente inaceptable que a esta manera de actuar se la acuse de ingerencia y de intervencionismo, aunque también es verdad que una propuesta así no puede salir adelante si no es con la colaboración y el consenso de todos los sectores implicados: empresarios, partidos políticos, sindicatos y demás organizaciones sociales.
Ahora bien, dicho esto, considero que esta Ley de Economía Sostenible adolece de vacíos e incongruencias de un calado tal que pone en riesgo su credibilidad y su solvencia. Desde luego, nada apunta a que, como tanto se ha insistido, estemos ante un cambio de modelo productivo, sino más bien a la insistencia en una práctica globalizada de más consumo, más inversión y más gasto, eje central del modelo que se cuestiona y que nos ha derivado hasta este estado de crisis e incertidumbre. Nada señala que la Ley proponga un cambio de raíz que deje de lado el binomio del ladrillo y el turismo, y está clarísimo que ese será el norte de la creación de empleo del futuro, ni que el sistema financiero deje de controlar y someter a los poderes públicos como lo ha hecho hasta ahora.
No estamos por tanto, ante un cambio estructural, sino más bien, ante un tratado de buena voluntad que debería hacer posible que una opción de izquierdas, desde la socialdemocracia, diera un paso al frente para demostrar que hay otra manera de gobernar distinta a la de la derecha y que incluso, aún rayando en la utopía, se puede hacer realidad un cambio estructural de alcance.
Es imposible en un espacio como éste analizar todos los aspectos que pretende abarcar esta Ley, pero si voy a citar algunos, fundamentales, que son recogidos de manera imprecisa, sesgada o equivocada. Lo que no admite cuestionamientos es que cualquier variable a utilizar debe estar considerada en los presupuestos y es ahí donde se apuntan las mayores debilidades.
Más allá de las valoraciones que nos conducen a interpretar la propuesta como una huida hacia delante desde la improvisación más absoluta y a la falta de profundización real en alcanzar el objetivo último de hacer posible un cambio de modelo, donde el mercado deje de ser el rey del sistema, a mí me parece muy importante en estos momentos que, ante el conjunto de la ciudadanía, se abra un debate social plural capaz de señalar vías alternativas de desarrollo y de esperanza.
No me cabe la menor duda de que, en situaciones como ésta, un Gobierno debe tomar las riendas y marcar las directrices y que es absolutamente inaceptable que a esta manera de actuar se la acuse de ingerencia y de intervencionismo, aunque también es verdad que una propuesta así no puede salir adelante si no es con la colaboración y el consenso de todos los sectores implicados: empresarios, partidos políticos, sindicatos y demás organizaciones sociales.
Ahora bien, dicho esto, considero que esta Ley de Economía Sostenible adolece de vacíos e incongruencias de un calado tal que pone en riesgo su credibilidad y su solvencia. Desde luego, nada apunta a que, como tanto se ha insistido, estemos ante un cambio de modelo productivo, sino más bien a la insistencia en una práctica globalizada de más consumo, más inversión y más gasto, eje central del modelo que se cuestiona y que nos ha derivado hasta este estado de crisis e incertidumbre. Nada señala que la Ley proponga un cambio de raíz que deje de lado el binomio del ladrillo y el turismo, y está clarísimo que ese será el norte de la creación de empleo del futuro, ni que el sistema financiero deje de controlar y someter a los poderes públicos como lo ha hecho hasta ahora.
No estamos por tanto, ante un cambio estructural, sino más bien, ante un tratado de buena voluntad que debería hacer posible que una opción de izquierdas, desde la socialdemocracia, diera un paso al frente para demostrar que hay otra manera de gobernar distinta a la de la derecha y que incluso, aún rayando en la utopía, se puede hacer realidad un cambio estructural de alcance.
Es imposible en un espacio como éste analizar todos los aspectos que pretende abarcar esta Ley, pero si voy a citar algunos, fundamentales, que son recogidos de manera imprecisa, sesgada o equivocada. Lo que no admite cuestionamientos es que cualquier variable a utilizar debe estar considerada en los presupuestos y es ahí donde se apuntan las mayores debilidades.
Al hablar de I+D+i, la contradicción es flagrante. Mientras las empresas españolas aportan un 1,1% a este sector, en la UE, las alemanas lo hacen con un 34,6%, las francesas con un 19,7% y las inglesas con un 15,1%. Lo mismo sucede con las aportaciones del PIB a las que España destinó el 1,27%, Alemania el 2,53% y Francia el 2,08% y, además ninguna empresa española figura entra las cien primeras en I+D de la Unión Europea. Pero lo peor es que en los presupuestos españoles para el 2010 el Gobierno reduce estas cantidades en un 15%.
Pero es que otro tanto sucede con la educación. Si bien el borrador apunta cambios en la Formación Profesional, la realidad es que el sistema hace aguas por todas partes y lo que procede es una ruptura con todas las consecuencias y con todas las dotaciones presupuestarias que se precisen, que tampoco es el caso. Los informes PISA sobre el fracaso escolar son demoledores y las cifras del paro no dejan de alcanzar a los trabajadores con más baja formación educativa.
Lo mismo pasa con la energía. Aunque la apuesta del discurso de Rodríguez Zapatero por las renovables se ha dejado oír una y otra vez, a la hora de tomar decisiones, el Gobierno sigue apostando por el altamente contaminante carbón y cediendo a las presiones de las eléctricas para rebajar las primas a las renovables y limitar las potencias instaladas…
La Ley, a pesar de su estrategia de venta mediática, apenas ha calado en la ciudadanía y, sin ella, es impensable un cambio de modelo. El discurso de fondo casi no se diferencia del que pueda desarrollar en cualquier país europeo gobernado por la derecha. Hecho de menos la restitución de lo perdido por los más desprotegidos, por los que más han sufrido esta crisis; por la presencia de valores progresistas que insistan en separar el papel de lo público y lo privado, en dar solidez y credibilidad al Estado frente al miedo y a la pérdida de protecciones sociales de un importante número de ciudadanos; de volver a recuperar para lo público sectores estratégicos como los energéticos, los bancarios, de comunicaciones, etc; que paguen más los que más tienen; que apueste por el sector primario y el mundo rural abandonado; que propicie un sistema de valores que vaya más allá del consumismo y el derroche; que profundice en la igualdad de oportunidades, que ponga freno al deterioro del sistema democrático español, peligrosamente dañado…
Todo eso y más, debe ser la economía sostenible. Lo que hemos visto hasta ahora, no pasa de ser un repertorio de propósitos que se quedan en la superficie. El reto es profundizar en ellos.
Pero es que otro tanto sucede con la educación. Si bien el borrador apunta cambios en la Formación Profesional, la realidad es que el sistema hace aguas por todas partes y lo que procede es una ruptura con todas las consecuencias y con todas las dotaciones presupuestarias que se precisen, que tampoco es el caso. Los informes PISA sobre el fracaso escolar son demoledores y las cifras del paro no dejan de alcanzar a los trabajadores con más baja formación educativa.
Lo mismo pasa con la energía. Aunque la apuesta del discurso de Rodríguez Zapatero por las renovables se ha dejado oír una y otra vez, a la hora de tomar decisiones, el Gobierno sigue apostando por el altamente contaminante carbón y cediendo a las presiones de las eléctricas para rebajar las primas a las renovables y limitar las potencias instaladas…
La Ley, a pesar de su estrategia de venta mediática, apenas ha calado en la ciudadanía y, sin ella, es impensable un cambio de modelo. El discurso de fondo casi no se diferencia del que pueda desarrollar en cualquier país europeo gobernado por la derecha. Hecho de menos la restitución de lo perdido por los más desprotegidos, por los que más han sufrido esta crisis; por la presencia de valores progresistas que insistan en separar el papel de lo público y lo privado, en dar solidez y credibilidad al Estado frente al miedo y a la pérdida de protecciones sociales de un importante número de ciudadanos; de volver a recuperar para lo público sectores estratégicos como los energéticos, los bancarios, de comunicaciones, etc; que paguen más los que más tienen; que apueste por el sector primario y el mundo rural abandonado; que propicie un sistema de valores que vaya más allá del consumismo y el derroche; que profundice en la igualdad de oportunidades, que ponga freno al deterioro del sistema democrático español, peligrosamente dañado…
Todo eso y más, debe ser la economía sostenible. Lo que hemos visto hasta ahora, no pasa de ser un repertorio de propósitos que se quedan en la superficie. El reto es profundizar en ellos.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
