Antonio Morales*Tras los estragos producidos por el huracán Delta en la isla de Tenerife, el 28 de noviembre de 2005, que, entre otras cosas, ocasionó un enorme y prolongado apagón, se puso en marcha un cruce de acusaciones exculpatorias que terminó, al minuto siguiente, en un abrazo sentido de complicidades y de apoyos entre Unelco y los políticos de CC y PP. Mientras en un primer momento, Ricardo Melchior y Paulino Rivero se lanzaron a culpar a los servicios meteorológicos, el portavoz parlamentario popular, Jorge Rodríguez, salía en defensa de la compañía eléctrica y acusaba a los ayuntamientos tinerfeños de lo sucedido. Días más tarde, el por entonces Director General de Unelco, José María Plans, achacaba la situación a la crispación de muchos canarios "cada vez que hay que mover una piedra, un hotel, una carretera, una línea…". Sin el menor pudor, unos y otros sacaron a colación también, la necesidad de introducir el gas en Canarias para evitar situaciones como las vividas, sin hacer referencia alguna a la denuncia de colectivos ciudadanos de la falta de mantenimiento en las redes por parte de la empresa y a la falta de vigilancia y control por parte del Gobierno canario.
Tras un informe exhaustivo, el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria demostró que las torres encargadas del suministro eléctrico a la isla presentaban tal alto grado de corrosión, que reducía su capacidad de carga en un 48%, ante lo que la Consejera de Industria, Marisa Tejedor, anunciaba que propondría una multa de cuatrocientos cincuenta mil euros a Unelco, como si setenta y cinco millones de pesetas cubrieran su obligación de fiscalización e inspección y los daños causados. Eso sí, al poco tiempo, Luis Soria trasladó al Parlamento, y aprobó, la Ley del Sector Eléctrico, que permite obviar a los cabildos, ayuntamientos y a los planeamientos en vigor para acometer determinadas actuaciones de las compañías eléctricas.
Tras un informe exhaustivo, el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria demostró que las torres encargadas del suministro eléctrico a la isla presentaban tal alto grado de corrosión, que reducía su capacidad de carga en un 48%, ante lo que la Consejera de Industria, Marisa Tejedor, anunciaba que propondría una multa de cuatrocientos cincuenta mil euros a Unelco, como si setenta y cinco millones de pesetas cubrieran su obligación de fiscalización e inspección y los daños causados. Eso sí, al poco tiempo, Luis Soria trasladó al Parlamento, y aprobó, la Ley del Sector Eléctrico, que permite obviar a los cabildos, ayuntamientos y a los planeamientos en vigor para acometer determinadas actuaciones de las compañías eléctricas.
El 26 de marzo de 2009, tres años después del Delta, unas lluvias intensas vuelven a caer sobre Tenerife y vuelven a colapsar el sistema eléctrico produciendo de nuevo un corte de suministro prolongado en el tiempo. Como en la anterior ocasión, las acusaciones se disparan desde un Gobierno incapaz de ejecutar sus obligaciones como garante del sistema. Mientras Paulino Rivero señalaba que Canarias era la comunidad que ha aplicado más sanciones a las compañías de electricidad y que "había que pedir explicaciones a Unelco", y su portavoz, Martín Marrero, insistía en que "deben ser Red Eléctrica y Unelco quienes deben dar explicaciones y no el Gobierno", el Director General de Unelco en esos momentos y ahora, Pablo Casado, se apresuró a informar que era imprescindible seguir reforzando las líneas y construir una tercera central eléctrica en Tenerife, "y otros proyectos ya planificados, como un sistema integral de seguridad que, ahora, es una prioridad". No faltaron voces que volvían a culpar a los ciudadanos que "siempre se oponen a todo", a las instituciones que ponen en riesgo las "enormes inversiones" previstas por la compañía suministradora y a los impedimentos a la entrada del gas. La misma cantinela exculpatoria de los auténticos responsables y, aunque se volvió a hablar de sanciones, de eso nunca más se supo.
A cuatro años del huracán Delta, y a uno del apagón de 2009, la situación se repitió el pasado 16 de febrero cuando, tras un fuerte temporal de viento y lluvia, se colapsó el sistema eléctrico de Tenerife. Y todo, según parece, provocado por unas simples goteras en la central de Las Caletillas.
Y, de nuevo, como si se tratara de un nuevo pase de la misma película, con el mismo argumento y los mismos protagonistas, tanto Paulino Rivero como José Manuel Soria volvieron a insistir en presionar con la boca chica a las empresas responsables y a echar todas las responsabilidades "a las pegas, frenos y trabas de grupos minoritarios" y a las exigencias burocráticas de ayuntamientos y cabildos. Aunque en un principio el Presidente canario amenazó a Endesa y Red Eléctrica con obligarlas a marcharse de Canarias, el Director General de Energía tuvo que salir al quite para señalar que se refería únicamente a que los botaría el mercado y nunca el Gobierno, que no tiene potestades. Al final, el mensaje es que las empresas deben cumplir, aunque nunca se les obligue a hacerlo (la muestra es que, transcurridos más de cuatro años, todo sigue igual) y que, en última instancia, los responsables son los ciudadanos y las corporaciones locales, por lo que habría que "modificar la legislación" (palabras de Soria) para obviar las licencias, los planeamientos y, si me apuran, hasta el Parlamento y la democracia… Por supuesto que no faltó quién insistiera en recordar al Presidente, en un encuentro de la Asociación para el Progreso de la Dirección, que no es la Cámara, ni la CEOE, ni el Círculo de Empresarios, sino "otra cosa" con ínfulas de poder, que el gas sigue pendiente y que hay que agilizarlo, a lo que el Presidente Rivero contestó sin dudarlo que se trata de algo necesario a lo que no se piensa renunciar, que al final se trata de que una isla se adelante y el papanatismo insular hará el resto.
En cualquier país con democracias avanzadas ya habrían rodado un sinfín de cabezas, pero aquí no pasa nada. Volverá otro temporal, se producirá otro apagón y se reproducirán las mismas cantinelas y hasta la próxima, y así, continuamente, en esta espiral de despropósitos.
Desde la más absoluta de las incapacidades, quienes tienen en su mano hacerlo obvian el control, la fiscalización y la inspección de las empresas responsables; hicieron dejación en su día al no impedir que Unelco fuera privatizada, lo que ha tenido como consecuencia que hoy estemos en manos del gobierno italiano; aceptaron desde la complacencia que ENEL, la dueña de Unelco, recortara sus inversiones en España en un 45%, pasando de 24.400 a 13.100 millones de euros el plan previsto hasta 2013; permitieron muchísimas prejubilaciones para abaratar los costes de personal con la consiguiente merma en los servicios de mantenimiento…
Y mientras, renuncian a avanzar en el ahorro y la eficiencia desde la concienciación ciudadana y la búsqueda de un modelo socioeconómico diferenciado; en la democratización de las energías renovables; en la potenciación de las energías limpias frente a las fósiles, caducas y contaminantes…, e insisten en el gas, a pesar de que un estudio elaborado por el Cluster Ricam, que cuenta como socios a las patronales canarias del metal Femepe y Femepa, llega a la conclusión de que generar energía en este archipiélago con combustibles fósiles cuesta entre 700 y 800 millones más que en el territorio peninsular y que utilizándose la energía eólica, de la que no se ha instalado un nuevo aerogenerador en doce años, y la fotovoltaica, los costes se reducirían a la mitad. Pero todo esto les entra por un oído y les sale por otro. Y es que están a otra cosa. Y nosotros, ciudadanos de a pie, empresarios que no participan del pastel, organizaciones sociales, la sociedad civil en suma…, ¿dónde estamos nosotros?
P.D. Efectivamente, tres días después de escrito este artículo, en la madrugada del lunes día 01 de marzo, el apagón se ha vuelto a reproducir. Y a todas estas, seguimos sin enterarnos qué obras se encuentran paralizadas y cuántas inversiones frenadas en Tenerife por los ciudadanos, el Cabildo y los ayuntamientos...
A cuatro años del huracán Delta, y a uno del apagón de 2009, la situación se repitió el pasado 16 de febrero cuando, tras un fuerte temporal de viento y lluvia, se colapsó el sistema eléctrico de Tenerife. Y todo, según parece, provocado por unas simples goteras en la central de Las Caletillas.
Y, de nuevo, como si se tratara de un nuevo pase de la misma película, con el mismo argumento y los mismos protagonistas, tanto Paulino Rivero como José Manuel Soria volvieron a insistir en presionar con la boca chica a las empresas responsables y a echar todas las responsabilidades "a las pegas, frenos y trabas de grupos minoritarios" y a las exigencias burocráticas de ayuntamientos y cabildos. Aunque en un principio el Presidente canario amenazó a Endesa y Red Eléctrica con obligarlas a marcharse de Canarias, el Director General de Energía tuvo que salir al quite para señalar que se refería únicamente a que los botaría el mercado y nunca el Gobierno, que no tiene potestades. Al final, el mensaje es que las empresas deben cumplir, aunque nunca se les obligue a hacerlo (la muestra es que, transcurridos más de cuatro años, todo sigue igual) y que, en última instancia, los responsables son los ciudadanos y las corporaciones locales, por lo que habría que "modificar la legislación" (palabras de Soria) para obviar las licencias, los planeamientos y, si me apuran, hasta el Parlamento y la democracia… Por supuesto que no faltó quién insistiera en recordar al Presidente, en un encuentro de la Asociación para el Progreso de la Dirección, que no es la Cámara, ni la CEOE, ni el Círculo de Empresarios, sino "otra cosa" con ínfulas de poder, que el gas sigue pendiente y que hay que agilizarlo, a lo que el Presidente Rivero contestó sin dudarlo que se trata de algo necesario a lo que no se piensa renunciar, que al final se trata de que una isla se adelante y el papanatismo insular hará el resto.
En cualquier país con democracias avanzadas ya habrían rodado un sinfín de cabezas, pero aquí no pasa nada. Volverá otro temporal, se producirá otro apagón y se reproducirán las mismas cantinelas y hasta la próxima, y así, continuamente, en esta espiral de despropósitos.
Desde la más absoluta de las incapacidades, quienes tienen en su mano hacerlo obvian el control, la fiscalización y la inspección de las empresas responsables; hicieron dejación en su día al no impedir que Unelco fuera privatizada, lo que ha tenido como consecuencia que hoy estemos en manos del gobierno italiano; aceptaron desde la complacencia que ENEL, la dueña de Unelco, recortara sus inversiones en España en un 45%, pasando de 24.400 a 13.100 millones de euros el plan previsto hasta 2013; permitieron muchísimas prejubilaciones para abaratar los costes de personal con la consiguiente merma en los servicios de mantenimiento…
Y mientras, renuncian a avanzar en el ahorro y la eficiencia desde la concienciación ciudadana y la búsqueda de un modelo socioeconómico diferenciado; en la democratización de las energías renovables; en la potenciación de las energías limpias frente a las fósiles, caducas y contaminantes…, e insisten en el gas, a pesar de que un estudio elaborado por el Cluster Ricam, que cuenta como socios a las patronales canarias del metal Femepe y Femepa, llega a la conclusión de que generar energía en este archipiélago con combustibles fósiles cuesta entre 700 y 800 millones más que en el territorio peninsular y que utilizándose la energía eólica, de la que no se ha instalado un nuevo aerogenerador en doce años, y la fotovoltaica, los costes se reducirían a la mitad. Pero todo esto les entra por un oído y les sale por otro. Y es que están a otra cosa. Y nosotros, ciudadanos de a pie, empresarios que no participan del pastel, organizaciones sociales, la sociedad civil en suma…, ¿dónde estamos nosotros?
P.D. Efectivamente, tres días después de escrito este artículo, en la madrugada del lunes día 01 de marzo, el apagón se ha vuelto a reproducir. Y a todas estas, seguimos sin enterarnos qué obras se encuentran paralizadas y cuántas inversiones frenadas en Tenerife por los ciudadanos, el Cabildo y los ayuntamientos...
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
