La proposición vendría a modificar la actual Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo del año 1999, que olvida a los asesinados, secuestrados y desaparecidos en actos terroristas en el Sahara Español durante las décadas de los años 70 y hasta finales de los 80 y que, en su mayoría, eran trabajadores de la empresa española Fosbucrá o marineros que faenaban en el banco pesquero canario-africano. En palabras de la presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), la agüimense Lucía Jiménez, durante 35 años "estas víctimas están olvidadas y sus familias desamparadas y desestructuradas".
En su intervención en la Comisión de Interior en la que se debate la propuesta, Jiménez, especialmente emotiva, recordó a los diputados presentes (entre ellos el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, o los canarios Carmen Guerra (PP) y José Luis Perestelo CC) que estas familias nunca fueron "consoladas con un minuto de silencio en ninguna institución ni nadie nos dijo cómo enterrar a nuestros muertos".
Acavite reclama también que se fijen con carácter retroactivo, desde la fecha en que tuvo lugar el atentado, pensiones extraordinarias a viudas y huérfanos que no fueron reconocidas y abonadas en su momento, complementarias con las indemnizaciones derivadas del reconocimiento de víctima.
José Antonio Alonso reconoció que las canarias son el paradigma de las víctimas olvidadas y a las que obligatoriamente hay que conciliar en la nueva ley.